

El máximo tribunal de Europa ratificó la multa de 4.100 millones de euros (3.500 millones de libras) impuesta a Google por utilizar su sistema operativo móvil Android para bloquear a empresas rivales, según confirmó la Corte de Justicia de la Unión Europea. La sanción, originalmente de 4.300 millones de euros en 2018 y reducida a 4.100 millones en 2022, representa la mayor penalización que la Comisión Europea ha impuesto contra la compañía tecnológica. El gigante tecnológico había apelado la decisión, pero su recurso fue desestimado.
La Comisión Europea había impuesto originalmente una multa de 4.300 millones de euros (entonces 3.900 millones de libras) en 2018, según informó la BBC. Esta cantidad fue posteriormente reducida a 4.100 millones de euros en 2022. La apelación presentada por el gigante tecnológico ha sido ahora rechazada por el tribunal europeo, confirmando la sanción.
Un portavoz de Google declaró que la sentencia "no reconoce" la "inversión significativa" de la empresa "para garantizar que Android permanezca abierto, interoperable y gratuito", según reportó la BBC. El portavoz añadió: "En cualquier caso, adaptamos nuestros acuerdos para cumplir con la decisión inicial en 2018 y seguimos enfocados en la innovación continua y la apertura para nuestros usuarios, socios y desarrolladores".
**Las tres prácticas ilegales identificadas**
Cuando la multa fue anunciada por primera vez en 2018, se alegó que Google había actuado ilegalmente de tres maneras específicas, según la Comisión Europea.
En primer lugar, la compañía exigía a los fabricantes de dispositivos Android, tanto teléfonos como tabletas, que preinstalaran la aplicación de búsqueda de Google y su propio navegador web Chrome como condición para permitirles ofrecer acceso a su tienda de aplicaciones Play.
En segundo lugar, Google realizaba pagos a grandes fabricantes y operadores de redes móviles que aceptaban preinstalar exclusivamente la aplicación de búsqueda de Google en sus dispositivos.
En tercer lugar, la empresa impedía a los fabricantes vender cualquier dispositivo inteligente impulsado por versiones alternativas "bifurcadas" de Android, amenazándolos con negarles el permiso para preinstalar sus aplicaciones si lo hacían.
La Comisión reconoció que la versión de Android de Google no impide a los propietarios de dispositivos descargar navegadores web alternativos o utilizar otros motores de búsqueda, según la información proporcionada.
**Respuesta inicial de Google**
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, escribió en un blog en respuesta a la multa original en 2018 que la decisión "rechaza el modelo de negocio que respalda a Android, que ha creado más opciones para todos, no menos", según reportó la BBC.
**Historial de sanciones europeas**
Este no es el primer caso presentado contra Google y su empresa matriz Alphabet por parte de la Comisión Europea, según la fuente. En septiembre de 2025, la Comisión multó al gigante de las búsquedas con 2.950 millones de euros (2.500 millones de libras), tras determinar que había violado las leyes de competencia al favorecer sus propios productos para mostrar anuncios en línea, en detrimento de sus rivales.
Sin embargo, la multa de 4.100 millones de euros no es la mayor jamás impuesta a Google. La fuente menciona que existió una multa por dos undecillones de rublos, una cantidad superior al producto interno bruto total del mundo, aunque no proporciona detalles adicionales sobre el contexto de esta sanción.
**Implicaciones y cumplimiento**
Según el portavoz de Google, la compañía ya adaptó sus acuerdos comerciales en 2018 para cumplir con la decisión inicial de la Comisión Europea. La confirmación de la multa por parte del máximo tribunal europeo cierra la vía de apelación para la empresa tecnológica en este caso específico.
La sanción refleja el escrutinio continuo que enfrentan las grandes empresas tecnológicas en Europa por prácticas consideradas anticompetitivas. El caso Android se centra específicamente en cómo Google utilizó su posición dominante en el mercado de sistemas operativos móviles para fortalecer su presencia en otros servicios, como búsqueda web y navegadores.
La decisión final del tribunal europeo establece un precedente importante sobre los límites del poder de mercado de las plataformas tecnológicas y las condiciones que pueden imponer a fabricantes y desarrolladores que dependen de sus ecosistemas.