Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza recurso de España contra indemnizaciones millonarias por recortes a energías renovables

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la petición de certiorari presentada por España, mediante la cual solicitaba que la Corte Suprema revisara la decisión del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia de rechazar la inmunidad soberana del país frente a las indemnizaciones reclamadas por inversores en energías renovables, según informó El País. El alto tribunal no entró al fondo del asunto, lo que en la práctica otorga firmeza a la sentencia de apelación.

Esta decisión judicial abre la puerta a que los demandantes soliciten el embargo de bienes españoles en Estados Unidos como medida cautelar para garantizar el cobro de las compensaciones ante un eventual impago, según la fuente. España ya cuenta con varios activos bloqueados en Europa, incluyendo las sedes del Instituto Cervantes en Londres, Reino Unido, y Utrecht, Países Bajos, entre otros.

**Origen del conflicto: los recortes a las renovables**

El conflicto se originó con el tijeretazo a los incentivos prometidos por invertir en energía verde, primero en 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con especial incidencia en el ámbito de las fotovoltaicas, y después en 2013 con la reforma eléctrica llevada a cabo por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, según El País. Estos recortes retroactivos provocaron una avalancha de demandas de inversores que se sintieron perjudicados.

En total, se presentaron 51 demandas en distintas cortes de arbitraje, la mayoría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, en las que se invocó la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), del que tanto España como la Unión Europea han decidido salir, según la fuente.

**Balance de los litigios**

Más de 10 años después de iniciados los pleitos, 29 de ellos se han resuelto a favor de los inversores, a los que se les han reconocido en total indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros más intereses, mientras que 18 han sido favorables a España, según El País. Estos laudos, equiparables a las sentencias judiciales, han hecho que los inversores perjudicados acudan a distintas jurisdicciones para reclamar el cobro de las compensaciones.

Los acreedores, de la mano de fondos de litigación, el más conocido de los cuales es Blasket Renewable Investments, han solicitado el reconocimiento y la ejecución de un total de ocho laudos, uno de ellos en plena tramitación sin pronunciamiento judicial todavía, por el conjunto de más de 655 millones de euros más intereses, según la fuente.

**Argumentos de España para no pagar**

España se niega a pagar estas indemnizaciones bajo el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vetó estos conflictos entre inversores comunitarios, como son la gran mayoría, y un Estado miembro, y que la Comisión Europea, que le respalda en esta postura, debe autorizar los abonos para evitar que se declaren ayudas ilegales, según El País.

Ante los tribunales, los servicios jurídicos del Estado también defienden que tienen inmunidad soberana que les protege de pagar estas indemnizaciones, según la fuente. Esta postura recibió el apoyo de Polonia, Rumania, Bulgaria y la propia Comisión Europea que, aunque no están personadas en el procedimiento, enviaron escritos al Supremo estadounidense para manifestar su opinión, lo que en el argot jurídico se denomina amicus curiae, sobre este caso complejo.

**Posición del Gobierno de Trump**

Sin embargo, el Tribunal Supremo se alineó con la opinión del Gobierno de Donald Trump que, a través del procurador general John Sauer, propuso que rechazara las pretensiones españolas, según El País. El máximo funcionario de la Administración estadounidense, junto a otros cinco altos funcionarios del Departamento de Justicia, analizó la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y los tratados de arbitraje internacionales y concluyó que España, como Estado extranjero, goza en principio de inmunidad soberana total ante los tribunales de Estados Unidos.

Pero introdujo un matiz: existen excepciones como los arbitrajes de inversión que se fundamentaron en la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía con el recorte de las primas de las renovables, según la fuente.

**Bienes españoles en el punto de mira**

Al amparo de esta decisión, los tribunales federales tienen luz verde para seguir examinando las peticiones de los acreedores de embargo de bienes, según El País. Un trámite que comenzó tras conocerse la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Columbia en el verano de 2024 y que en los últimos meses ha dado grandes avances.

Los demandantes, arropados por el fondo Blasket Renewable, han puesto en el punto de mira uno de los mayores contratos de defensa firmado por el Ministerio de Defensa con la estadounidense Raytheon, filial de RTX, que comprometería la adquisición de cuatro sistemas antiaéreos Patriot valorado en 1.440 millones de euros, equivalentes a 1.700 millones de dólares al cambio, según informaron fuentes cercanas a los acreedores citadas por El País.

La Selección española de fútbol, aprovechando su participación en el Mundial que se celebra en Estados Unidos y México, también fue objetivo de los demandantes, que solicitaron el bloqueo de los pagos a proveedores del conjunto nacional, así como cualquier fuente de financiación, según la fuente. No obstante, esta vía ha sido paralizada por un juez del distrito de Columbia, que advirtió de que ni el equipo ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) son activos españoles, sino entes privados.

Por el momento, ningún activo del Reino de España en Estados Unidos ha sido embargado, según El País.

**Implicaciones futuras**

La decisión del Tribunal Supremo estadounidense representa un revés significativo para la estrategia legal de España en su intento de evitar el pago de las indemnizaciones reconocidas por las cortes de arbitraje internacional. Con la puerta abierta al embargo de bienes en territorio estadounidense, el Gobierno español enfrenta una presión creciente para resolver un conflicto que se arrastra desde hace más de una década.

La situación plantea interrogantes sobre cómo España gestionará el pago de las compensaciones pendientes y si buscará una solución negociada con los inversores para evitar el embargo de activos estratégicos. El caso también evidencia las tensiones entre el derecho internacional de inversiones y las políticas soberanas de los Estados en materia energética, un debate que continúa sin resolverse en el ámbito global.