Casi un millón de migrantes irregulares solicitan regularización en España antes del cierre del plazo
La población migrante irregular en España se apresuró a solicitar estatus legal bajo el programa de regularización del país antes del cierre del plazo este martes. Más de 900.000 personas habían presentado solicitudes a mediados de junio, casi el doble de las 500.000 que el gobierno español esperaba inicialmente, según autoridades españolas.
El programa de regularización, que otorga permisos de residencia renovables a todos los solicitantes que hayan vivido en España durante al menos cinco meses y tengan antecedentes penales limpios, ha superado ampliamente las expectativas del gobierno, según autoridades españolas citadas por Politico.
La iniciativa de legalización tiene su origen en una propuesta ciudadana de 2024 que contó con el respaldo de más de 700.000 españoles, cientos de organizaciones humanitarias, grupos empresariales y la Iglesia Católica, según la misma fuente. En abril pasado, el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez aprobó un real decreto que otorgó a los aspirantes poco más de tres meses para presentar solicitudes y beneficiarse del programa.
El programa representa uno de los esfuerzos de regularización migratoria más amplios de España en años recientes. Los requisitos establecidos son relativamente accesibles: los solicitantes deben demostrar que han residido en territorio español durante un mínimo de cinco meses y no tener antecedentes criminales, según las autoridades españolas.
La diferencia entre las cifras esperadas y las reales refleja una población irregular significativamente mayor de lo que las estimaciones gubernamentales habían calculado. El gobierno de Sánchez proyectó inicialmente que alrededor de 500.000 personas cumplirían los criterios y presentarían solicitudes, pero la cifra real superó las 900.000 a mediados de junio, según datos oficiales.
El amplio respaldo social que recibió la iniciativa ciudadana en 2024 evidencia un cambio en la percepción pública sobre la migración en España. La participación de más de 700.000 ciudadanos españoles, junto con el apoyo de organizaciones humanitarias, sectores empresariales y la Iglesia Católica, proporcionó la base política necesaria para que el gobierno implementara el programa de regularización.
Los permisos de residencia otorgados bajo este programa son renovables, lo que significa que los beneficiarios podrán mantener su estatus legal siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación española. Esto contrasta con programas de regularización temporal que otros países han implementado en el pasado.
El plazo establecido por el real decreto aprobado en abril finalizó este martes, cerrando la ventana de oportunidad para que migrantes irregulares adicionales se beneficien de este programa específico. Las autoridades españolas ahora enfrentarán el desafío de procesar más de 900.000 solicitudes en los próximos meses.
La regularización masiva tendrá implicaciones significativas para el mercado laboral español, el sistema de seguridad social y los servicios públicos. Los nuevos residentes legales podrán trabajar formalmente, pagar impuestos y acceder a servicios que anteriormente les estaban vedados debido a su estatus irregular.
El programa también posiciona a España como uno de los países europeos con políticas migratorias más inclusivas en un momento en que otros estados miembros de la Unión Europea han adoptado posturas más restrictivas. La decisión del gobierno de Sánchez refleja tanto consideraciones humanitarias como económicas, dado que muchos sectores de la economía española dependen de mano de obra migrante.
