La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado que las asociaciones ultraderechistas HazteOir, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia no están legitimadas para recurrir la norma, según informan fuentes jurídicas a elDiario.es. En el caso de Vox y la Comunidad de Madrid, aunque el tribunal reconoció su legitimidad para presentar el recurso, rechazó su pretensión de suspender cautelarmente el decreto.

La decisión se produjo tras una vista celebrada este viernes en la que los magistrados deliberaron durante más de tres horas. El tribunal únicamente ha adelantado el fallo, y la argumentación completa se conocerá próximamente cuando se hagan públicos los autos, según las mismas fuentes.

El decreto de regularización extraordinaria, aprobado por el Gobierno español en abril de 2026, permite regularizar a todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses. También pueden acogerse los demandantes de asilo que hayan registrado su solicitud de protección internacional antes de esa fecha, según elDiario.es. La iniciativa surgió de una propuesta que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas.

Hasta el jueves, 549.596 personas habían solicitado acogerse a esta regularización, de las cuales 91.905 han sido admitidas a trámite, según reveló la Abogacía del Estado durante la vista.

Los recurrentes alegaron durante la vista que la aplicación de la norma despliega efectos y derechos colaterales de forma inmediata, y que si el Tribunal Supremo dictara en el futuro una sentencia anulando el decreto, sería imposible revertir las autorizaciones y prestaciones ya concedidas, según elDiario.es. También desplegaron argumentos sobre supuestos efectos negativos para los servicios públicos y el censo electoral que fueron confrontados por la Abogacía del Estado y las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora de Barrios y Servicio Jesuita a Migrantes.

El europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, que actuó como abogado en la vista, alertó de que "la medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social", según elDiario.es. Sin embargo, las personas sin papeles ya tenían derecho a la sanidad y la educación postobligatoria, aunque con algunas trabas. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados.

El letrado de la Comunidad de Madrid alegó que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para "planificar todos los servicios públicos" y pidió a los magistrados que "empaticen" con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región, según elDiario.es. El representante se expresó en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y "desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas".

"La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre", aseveró el letrado, según elDiario.es. Apuntó que una de las "consecuencias inmediatas" es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Aunque admitió que estas personas tienen ya una "prestación sanitaria", insistió en que no es lo mismo una prestación "ocasional" que el hecho de formar parte de forma "estable y estructural" del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas, según elDiario.es. El único cambio es que se les asignará la tarjeta sanitaria. La Comunidad de Madrid alegó que la ratio de asegurados asignados a cada médico, conocida técnicamente como "cápita", es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria.

"El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver", respondió el abogado del Estado, según elDiario.es.

Buxadé también alentó la afirmación de que la regularización va a alterar los censos electorales, refiriéndose al "riesgo grave" de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales, según elDiario.es. Sin embargo, la norma del Ejecutivo no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España.

El abogado del Estado recordó que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Advirtió que "en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones", según elDiario.es.

Las personas regularizadas sí tendrán derecho a votar en las elecciones municipales si son residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado. No obstante, la abogada Patricia Fernández, que representó en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, recordó que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023, según elDiario.es.

La Abogacía del Estado defendió que el decreto busca la "integración efectiva" de personas que ya tienen "arraigo" en España y que aceptar su suspensión "comprometería" sus derechos, según elDiario.es. Argumentó que una suspensión cautelar implicaría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas", ya que miles de personas ya han comenzado a tramitar sus expedientes para una regularización que redunda en el "interés general" para la integración social y laboral del colectivo, según Cadena SER.

La decisión del Tribunal Supremo permite que continúe el proceso de regularización mientras el tribunal se pronuncia sobre el fondo del asunto en los recursos presentados. La resolución definitiva sobre la legalidad del decreto se conocerá en una fecha aún no determinada.