La Administración Trump intensifica su ofensiva contra los migrantes con una nueva orden ejecutiva dirigida al sector financiero. La disposición, firmada el martes 20 de mayo y titulada "Restaurando la integridad del sistema financiero estadounidense", instruye a los bancos a recopilar información sobre el estatus migratorio de sus clientes, aunque no los obliga de manera imperativa, según reporta El País.

La orden representa un cambio respecto a los planes iniciales del Gobierno, que durante meses había anunciado su intención de exigir a las entidades financieras la obtención obligatoria de datos migratorios de sus clientes. Sin embargo, la presión política ejercida por el sector bancario logró suavizar la medida, según la misma fuente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había declarado el mes pasado que "debería haber normas más estrictas" para la apertura de cuentas bancarias, cuestionando: "¿Por qué pueden venir extranjeros desconocidos y abrir una cuenta bancaria?", según El País. El sector bancario criticó que una medida obligatoria resultaría muy costosa y conllevaría una cantidad ingente de trámites administrativos.

La justificación oficial de la Casa Blanca se centra en los riesgos financieros derivados de conceder préstamos a personas que podrían ser deportadas y, por tanto, no podrían hacer frente a sus deudas. "Mi Administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras transfronterizas ilícitas, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a expulsión", establece la orden según El País.

La orden instruye al Departamento del Tesoro a emitir en un plazo de 60 días nuevas directrices para que las instituciones financieras refuercen sus protocolos de "conozca a su cliente" y evalúen señales de alerta vinculadas a actividad financiera no autorizada, según CubitaNOW. Entre los indicadores de riesgo se incluyen el uso de números de identificación fiscal individual (ITIN) en lugar de un número de Seguro Social, documentación extranjera y posibles patrones asociados a evasión de impuestos o empleo no autorizado.

Dado que los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas fiables sobre el nivel de riesgo que estos clientes representan para el sistema financiero, según El País. Un estudio realizado por el Urban Institute estimó que se otorgaron entre 5.000 y 6.000 hipotecas a clientes que poseían un ITIN. Por lo general, estos ITIN son utilizados por trabajadores indocumentados en lugar del número del Seguro Social. Según este instituto, los bancos y las entidades de hipotecas son reacios a conceder créditos a las personas que poseen un ITIN, informa la agencia AP citada por El País.

La Casa Blanca vincula el acceso de migrantes indocumentados a servicios financieros con actividades delictivas. "Incluso la prestación de los servicios financieros más básicos, en ausencia de prácticas adecuadas de 'conozca a su cliente', puede ser objeto de abuso para facilitar la financiación de actividades que representan amenazas significativas para la seguridad nacional y la seguridad pública. Las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto se han utilizado para facilitar o cometer actos de financiación del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilícitas", dice el texto de la orden según El País.

El requisito de determinar el estatus migratorio provocaría que millones de personas quedasen fuera del sistema bancario, según expertos citados por El País. Expertos en materia fiscal han advertido que la revelación de los datos migratorios a las autoridades va a afectar en gran medida a los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que llevan décadas en el país, y a los migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS). En ambos casos, los migrantes están sufriendo la persecución de la Administración para que abandonen el país, según la misma fuente.

Analistas del sector han advertido que un incremento del escrutinio sobre clientes migrantes podría tener efectos económicos más amplios, incluyendo una posible reducción en la actividad financiera formal y un impacto en la recaudación fiscal, según CubitaNOW. Estudios citados por centros de investigación en Washington estiman que una menor participación de migrantes en el sistema tributario podría representar pérdidas significativas para el Estado en la próxima década.

La nueva política introduce presión adicional sobre las instituciones financieras, que deberán reforzar sus controles internos para evitar riesgos crediticios asociados a posibles deportaciones o cambios en el estatus migratorio de sus clientes, según CubitaNOW. El gobierno sostiene que estas medidas buscan proteger la estabilidad del sistema bancario y reducir riesgos de fraude o actividades ilícitas, mientras continúa su estrategia de endurecimiento en materia migratoria y de seguridad interna.

La orden ejecutiva se enmarca en la ofensiva más amplia de la Administración Trump contra los migrantes, que ahora extiende su alcance al sector financiero después de medidas previas en otros ámbitos. La implementación práctica de estas directrices dependerá de las regulaciones específicas que emita el Departamento del Tesoro en los próximos dos meses, lo que determinará el alcance real del impacto sobre millones de personas que actualmente utilizan el sistema bancario estadounidense sin residencia permanente.