El nuevo reglamento de retornos aprobado por la Unión Europea marca un giro político radical en la gestión migratoria del bloque. La normativa abre la puerta a que los Estados miembros envíen a personas sujetas a devolución a terceros países con los que existan acuerdos, aunque no sean sus lugares de origen, según informó El País. También contempla la posibilidad de crear centros de detención destinados a retener a personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.

La medida representa la culminación de un proceso que comenzó en 2021, cuando Dinamarca aprobó una ley que permitiría enviar a terceros países fuera de la UE a las personas que hubieran pedido asilo en su territorio, según la fuente. Aquella norma, que contemplaba incluso abrir centros de detención, no fructificó, pero supuso un escándalo político porque muchos juristas y organizaciones consideraron que traspasaba líneas rojas jurídicas y políticas y podía poner en riesgo derechos reconocidos internacionalmente.

Desde que el Pacto de Migración y Asilo de la UE comenzó a gestarse en 2020, Europa ha ido desplazando progresivamente sus líneas rojas en materia migratoria, según El País. El debate europeo ya no versa sobre si estos modelos deberían existir, sino sobre cómo ponerlos en marcha y hacerlos triunfar.

TRANSFORMACIÓN DEL PANORAMA POLÍTICO

Este cambio de mentalidad responde a una transformación profunda del panorama político europeo, según Birgit Sippel, eurodiputada socialdemócrata alemana citada por la fuente. "Tenemos nuevas mayorías políticas, una derecha más dura y una extrema derecha más fuerte", explicó Sippel, quien considera que Europa no está reaccionando tanto "a los hechos como a debates políticos alrededor de la migración".

Gerald Knaus, uno de los arquitectos intelectuales del acuerdo migratorio entre Bruselas y Ankara en 2016, coincide parcialmente: "Hace cinco o diez años esto era mucho más controvertido. Ahora existe un consenso muy amplio entre gobiernos muy distintos", señaló según El País.

En septiembre de 2025, los ultras ya participaban en ocho de los 27 gobiernos de la Unión Europea —prácticamente uno de cada tres—, ya sea liderándolos o formando parte de coaliciones de gobierno, según la fuente. Parte de ese ascenso se explica precisamente por su capacidad para convertir la inmigración y el control fronterizo en uno de los grandes campos de batalla políticos.

Estrella Galán, eurodiputada española de La Izquierda, percibe esta tendencia a diario. "La derecha está comprando los eslóganes de la ultraderecha", sostuvo según El País. "Estamos viendo cómo propuestas antes marginales entran en acuerdos institucionales", agregó.

DESCENSO DE LLEGADAS IRREGULARES

Paradójicamente, el proceso de endurecimiento de las políticas migratorias está culminando cuando las llegadas irregulares descienden, según la fuente. Es una tendencia a la baja que comenzó a percibirse en 2024 y que llega hasta hoy: solo en los cuatro primeros meses de 2026 Frontex contabilizó un 40% menos de intentos de entrada irregular que en el mismo periodo del año anterior.

Buena parte de esta reducción se explica menos por el nuevo Pacto de Migración y Asilo —a punto de entrar en fase de implementación— que por acuerdos previos con terceros países como Libia, Túnez, Mauritania y Marruecos, por el endurecimiento de controles en rutas clave —la UE prevé destinar más de 5.000 millones de euros a migración y gestión de fronteras en 2026— y por los cambios geopolíticos de los últimos años, según El País.

La caída del régimen de Bachar el Asad en Siria ha provocado una reducción significativa de solicitudes de asilo de nacionales de ese país, uno de los principales grupos de solicitantes en Europa, según la fuente.

LOS PRECEDENTES FALLIDOS

Varios países europeos intentaron implementar modelos similares antes de la aprobación del nuevo reglamento, con resultados cuestionables. Dinamarca defendía desde hace años que Europa necesitaba herramientas nuevas para desincentivar la migración irregular y forzar los retornos, y para ello aprobó aquella polémica ley en 2021, según El País. La prensa danesa llegó a mencionar Ruanda como posible socio, pero pasar de la teoría a la práctica fue un escollo insuperable porque había demasiados interrogantes: qué países se podrían considerar seguros, cómo se podría garantizar una protección efectiva o qué incentivos habría que ofrecer a esos países para que accedieran a recibir solicitantes de asilo.

El Reino Unido fue el segundo en intentarlo. El primer ministro Rishi Sunak sacó adelante una norma que permitiría enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, pero acabó siendo declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2023, por las enormes dudas que pesaban sobre la seguridad de los deportados, según la fuente. El Gobierno aprobó una nueva ley en abril de 2024 para intentar salvarla, pero el nuevo Ejecutivo laborista canceló el programa.

La tercera intentona fue la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su centro de internamiento en Gjadër, en Albania, según El País. Este experimento también tropezó rápidamente con obstáculos que pusieron en duda su viabilidad. El estreno fue un fiasco: Italia gastó entre 250.000 y 290.000 euros —unos 18.000 euros por migrante— para trasladar a solo 16 personas que al final fueron devueltas por orden de un juez italiano.

La razón principal: muchos procedían de países como Bangladés y Egipto, cuya consideración como "países seguros" quedó cuestionada en varias decisiones judiciales europeas e italianas, haciendo inviable que se les pudiera aplicar el procedimiento acelerado que Roma pretendía utilizar en territorio albanés, según la fuente. Esto ha cambiado porque en febrero la UE adoptó formalmente la primera lista de países de origen seguro, es decir, a donde sí se pueden devolver solicitantes de asilo porque no se considera que corran peligro. En ella figuran Egipto, Colombia y Bangladés.

No obstante, la iniciativa italiana está lejos de morir. Meloni ha formulado algunos cambios normativos y ahora, con el nuevo reglamento de retorno aprobado, Italia y cualquier país de la UE tendrán una base legal común para avanzar hacia modelos como el albanés que hasta ahora solo habían sido explorados en solitario, según El País. Si el centro de Gjadër fue concebido para retener migrantes mientras se tramitaba su solicitud de asilo, la aprobación del reglamento ha hecho emerger la idea de convertirlo en un centro de retorno para internar a personas pendientes de una orden de expulsión.

"Lo preocupante es que proyectos que parecían excepcionales se conviertan en precedentes", subrayó Galán según la fuente.

EL MODELO AUSTRALIANO

El único caso que ha funcionado se encuentra en Australia, según El País. Hace más de dos décadas comenzó a enviar a demandantes de asilo a centros offshore en Nauru o Papúa Nueva Guinea y logró reducir drásticamente las llegadas irregulares, pero a un alto precio: miles de millones gastados, años de litigios y una cascada de denuncias relacionadas con abusos.

LIMITACIONES Y ESCEPTICISMO

La prueba de que el fenómeno migratorio lleva años obsesionando a Bruselas está en la cantidad de miles de millones que los Veintisiete llevan años gastando en políticas de expulsión, según la fuente. Un análisis reciente de los investigadores Umutcan Yüksel y Amanda Bisong recuerda que los resultados han sido limitados y que el aumento del gasto no siempre se ha traducido en mayores tasas de retorno.

Incluso quienes defienden parcialmente las políticas de retorno reconocen limitaciones. Knaus es particularmente escéptico con los centros de retorno. "No veo el gran beneficio. Si ahora no conseguimos devolver a determinadas personas a sus países de origen, ¿por qué sería más fácil enviarlas a países que ni siquiera son los suyos? No veo cómo esto detendrá la migración irregular", planteó según El País, en base a una realidad: hoy en día, la UE solo consigue devolver efectivamente a su país al 28% de los migrantes con orden de expulsión.

A juicio de Knaus, lo valioso del reglamento está en las posibilidades que abre: "Ahora los Estados miembros podrán intentar acuerdos que antes no eran posibles", sostuvo según la fuente, argumentando que medidas de este tipo pueden contribuir a reducir rutas irregulares peligrosas.

PRÓXIMOS PASOS

Mientras tanto, algunos gobiernos europeos ya exploran respuestas. Países Bajos anunció que empezará a estudiar activamente fórmulas para tramitar solicitudes de asilo fuera de Europa y desarrollar proyectos piloto con otros socios europeos, según El País. Dinamarca, Austria, Alemania y otros países estudian fórmulas parecidas.

Pero transformar ideas políticas en acuerdos concretos sigue siendo mucho más complicado. "La pieza que falta es la diplomacia migratoria", resumió Sippel según la fuente. "Puedes aprobar legislación europea, pero eso no garantiza una cooperación con terceros países", zanjó.

El nuevo reglamento representa un cambio fundamental en la política migratoria europea, convirtiendo en norma oficial lo que hace cinco años era considerado una propuesta marginal y jurídicamente cuestionable. Su implementación efectiva dependerá ahora de la capacidad de los Estados miembros para negociar acuerdos con terceros países dispuestos a acoger a personas sujetas a devolución, un desafío diplomático que hasta ahora ha demostrado ser más complejo que la aprobación de la legislación misma.