La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó en primera discusión una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permite la privatización del sector petrolero y reduce significativamente el control estatal. La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se produce tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y en medio de un rápido acercamiento con Washington.
La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada el jueves por la Asamblea Nacional venezolana, representa un giro radical en la política petrolera del país caribeño, al desmantelar el modelo estatista impuesto durante más de dos décadas por el chavismo.
El proyecto, que aún requiere una segunda discusión para su aprobación definitiva, permite a empresas privadas, tanto locales como extranjeras, explorar, producir y comercializar petróleo con mayor independencia del Estado, flexibiliza el régimen fiscal y elimina obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la estatal PDVSA en todos los proyectos.
"El petróleo debajo de la tierra no sirve de nada", afirmó durante el debate parlamentario el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, según reporta Infobae, al pedir respaldo para un marco que permita reactivar una industria golpeada por la falta de inversión y la caída de la producción.
La presentación del proyecto estuvo a cargo del presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Orlando Camacho, quien calificó la iniciativa como "un paso audaz hacia la modernización del sector energético", según informó la Asamblea Nacional en su sitio web.
Camacho explicó que la industria petrolera mundial atraviesa un proceso de transformación profunda, que exige a las naciones marcos normativos ágiles, seguros y atractivos para la inversión. "Venezuela, al poseer la mayor reserva de hidrocarburos del planeta, no puede estar ajena a esta realidad", subrayó.
**Principales cambios en la legislación**
Entre las modificaciones más relevantes de la reforma se encuentra la reducción de la regalía petrolera. La ley actual establece que el Estado tiene derecho a una participación del 30% como regalía sobre los volúmenes de petróleo extraídos, que puede reducirse hasta 20% para yacimientos maduros o extrapesados si la explotación no es económica.
La propuesta de reforma mantiene la tasa de 30%, pero agrega dos numerales que implican una modificación significativa: fija un límite de 20% en los casos de actividades primarias realizadas por empresas privadas en el marco de contratos suscritos con PDVSA y sus filiales; y hasta 15% en las actividades primarias realizadas por las empresas mixtas, según reporta Petroguía.
Otro cambio fundamental es la incorporación de un nuevo capítulo referido a Contratos para el Desarrollo de Actividades Primarias (CDAP), que sustituirán lo que actualmente se conoce como Contratos de Participación Productiva (CPP). Estos contratos otorgarán a las empresas el control operacional y una participación porcentual sobre los volúmenes de petróleo producidos, los cuales podrán ser comercializados directamente.
La reforma también introduce mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas contractuales, una demanda histórica de las petroleras extranjeras tras las nacionalizaciones y expropiaciones de activos realizadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
**Contexto político tras la captura de Maduro**
La reforma se produce en un contexto político excepcional, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una incursión armada del Ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero, que según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dejó 79 bajas militares, cuatro civiles y varias instalaciones castrenses y viviendas destruidas.
Padrino López, quien anunció cambios en los mandos militares de la Fuerza Armada tras la incursión, aseguró que Maduro es "prisionero de guerra" y dijo que tanto él como Flores "son libres de todos los cargos" que se le han imputado en una corte de Nueva York, según reporta El País.
Menos de tres semanas después de la salida de Maduro, Caracas y Washington comenzaron a recomponer vínculos rotos desde 2019. Estados Unidos confirmó el nombramiento de Laura F. Dogu como nueva jefa de misión para Venezuela y avanzó en acuerdos energéticos que, según el presidente Donald Trump, otorgan a Washington un rol central en el principal sector económico del país.
"Estamos trabajando realmente bien", dijo Trump al referirse a su relación con Rodríguez, según reporta Infobae.
**Acuerdos petroleros con Estados Unidos**
El acceso al petróleo venezolano es la principal demanda de la Administración de Donald Trump, y el chavismo está correspondiendo con celeridad. Los acuerdos entre Caracas y Washington ya se han concretado con una primera venta de crudo por 500 millones de dólares, de los que Venezuela ya ha recibido 300, según El País.
En una reunión con empresas petroleras organizada hace unos días por Trump, representantes de varias compañías mostraron su interés en invertir en Venezuela, pero también exigieron seguridad jurídica y política. En tiempos de Hugo Chávez (1999-2013), las expropiaciones de activos de Exxon Mobile y Conoco Phillips —a las que siguieron largos litigios que todavía enfrenta el país— ahuyentaron la inversión extranjera.
**Posición de la oposición**
La oposición venezolana, que cuenta con una bancada minoritaria en la Asamblea Nacional, está en líneas generales de acuerdo con la participación del sector privado en la industria petrolera, pero hay diferencias sobre las maneras de permitirlo y, sobre todo, la denuncia de que no ha existido el debate necesario.
Tras una lectura veloz del articulado, la bancada de Libertad, encabezada por el dirigente opositor Henrique Capriles, se abstuvo. Más temprano, antes de que iniciara la sesión, el diputado Stalin González había afirmado en un mensaje en sus redes sociales que su grupo parlamentario no había recibido la propuesta de reforma de la ley. "Hablan de convivencia, pero sus prácticas excluyentes y discriminatorias siguen intactas", escribió en Instagram, según reporta El País.
Ya a principios de la semana, los diputados opositores habían pedido en una rueda de prensa una discusión amplia de la reforma legal. "Quisiéramos saber cuál es el alcance de los nuevos acuerdos energéticos y qué se quiere cambiar de la ley. No le tengamos miedo al debate petrolero en este país", dijo Capriles.
**Implicaciones constitucionales**
Abogados y analistas han advertido que la reforma entra en tensión con la Constitución venezolana, que reserva al Estado las actividades primarias del sector, y que su aplicación requerirá derogar o modificar leyes aprobadas en el ciclo chavista.
El nuevo régimen chavista busca un ingreso sostenido de divisas para estabilizar una economía marcada por la inflación y la dolarización informal. Esta semana, Rodríguez destinó 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo intermediada por Estados Unidos a apuntalar el bolívar, una señal de la urgencia por reactivar el flujo de capitales.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se desplomó en la última década por la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. La reforma de la Ley de Hidrocarburos busca revertir ese deterioro desmontando el modelo de control total instaurado por el chavismo y enviando una señal clara a los mercados.