A dos semanas de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, analistas políticos y líderes opositores debaten si Venezuela atraviesa una auténtica transición democrática o simplemente un reacomodo del poder chavista bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, mientras persisten restricciones a libertades fundamentales y centenares de presos políticos siguen detenidos.
La pregunta flota en las calles de Venezuela desde hace dos semanas: ¿el país atraviesa una transición política o apenas asiste a un reacomodo del poder? El relevo abrupto de Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, la liberación de centenares de presos políticos y algunos signos de distensión han activado expectativas dentro y fuera del país. Sin embargo, persiste la duda sobre si estos cambios representan el inicio de un proceso democrático o simplemente un momento histórico todavía indefinido.
La hoja de ruta que Washington comenzó a esbozar tras la operación militar prioriza primero la estabilización, luego la recuperación económica y deja la transición política para una etapa posterior, sin fechas ni compromisos concretos. Los seis expertos consultados por EL PAÍS coinciden en que este es un momento histórico, pero discrepan sobre su alcance y su desenlace final.
Desde una mirada estricta sobre los estándares democráticos, el diagnóstico de los analistas es mayoritariamente pesimista. Para Phil Gunson, investigador senior de Crisis Group, en la Venezuela actual no están presentes los indicadores mínimos que suelen marcar el inicio de una transición. Gunson reconoce la importancia de la excarcelación de un número importante de presos políticos, pero recuerda que centenares siguen detenidos y que decenas permanecen en condición de desaparición forzada.
"El Gobierno de Delcy Rodríguez sigue pautas de Washington, pero la administración Trump prioriza la reforma económica y posterga la transición política. Sin voluntad de apertura en Caracas, todo dependerá de Estados Unidos y de una oposición venezolana débil, dividida y dispersa", lamenta el analista.
Una lectura similar ofrece el politólogo John Magdaleno, para quien resulta "prematuro" hablar del inicio de una transición a la democracia. A su juicio, los cambios recientes —incluida la liberación de unos 400 presos políticos— no han modificado las reglas del juego ni restituido las libertades civiles. Magdaleno cuestiona incluso que exista un cambio político de fondo: "Lo que ocurrió es un reemplazo del vértice del poder, forzado por una intervención militar extranjera".
Las señales más claras, añade, apuntan a una apertura económica controlada, diseñada para beneficiar en primer término a empresas estadounidenses, especialmente del sector petrolero, sin que exista hasta ahora una voluntad decidida de apertura democrática.
Desde una perspectiva más estructural, la politóloga Marisela Betancourt habla de un quiebre, pero no de una transición. El "nuevo momento político" proclamado por Delcy Rodríguez, explica, surge de una fractura interna que deriva en un acuerdo entre élites, más que en un proceso de democratización. El riesgo, advierte, es una mutación del autoritarismo: liberalización selectiva, mayor estabilidad económica y un nuevo ciclo del chavismo sin concesiones políticas de fondo.
La oposición venezolana, debilitada y fragmentada, también desconfía del momento actual. El parlamentario Stalin González respondió con un no tajante a la pregunta de si Venezuela atraviesa un periodo de transición: "Para que haya una transición, tenemos que volver a la democracia y eso tiene que ser paulatinamente", dijo en una entrevista con EL PAÍS.
En la misma línea se expresó Henrique Capriles: "Hasta que no hablemos de tener todas las libertades personales −y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso− no se puede hablar de transición". Capriles, quien ha regresado al Parlamento como diputado, insistió en que "nosotros queremos que el Gobierno cambie, esto no puede ser una pax pactada".
Un matiz distinto introduce la historiadora Alejandra Martínez Canchica. Para la directora para América Latina de la Fundación Libertad y Desarrollo, Venezuela sí atraviesa una transición política, aunque no está claro que conduzca a una democracia. "Ha ocurrido un cambio de mando, pero una señal clave como una amnistía general de presos o la liberación sin condiciones de todos los perseguidos políticos pone en entredicho la posibilidad de un cambio", señala.
Martínez recuerda que tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1936 no solo se liberó a los presos políticos, sino que se demolió la cárcel de La Rotunda como gesto inequívoco de ruptura. Hoy, lamenta, predominan los gestos humanitarios, no políticos, y el ritmo del proceso lo marca Estados Unidos, mientras la oposición enfrenta el desafío de organizarse en un escenario incierto y frágil.
El sociólogo y analista político Tulio Hernández sostiene que aún es prematuro hablar de una transición democrática, aunque sí de la apertura de una etapa distinta. A su juicio, el proyecto chavista tal como se conoció durante 25 años no es reproducible y Nicolás Maduro ya no conduce directamente el gobierno. Hernández señala que comienzan a percibirse cambios en la vida cotidiana, como expectativas económicas moderadas y el descenso reciente del dólar paralelo. En ese marco, confía en que "entramos en una nueva era", aunque advierte que el proceso será irregular, con varios escenarios posibles y con un oficialismo decidido a conservar el poder y reposicionarse.
Una mirada más cautelosa ofrece el sociólogo y académico Trino Márquez, quien reconoce un cambio político relevante tras el arresto de Maduro, pero también descarta que ello implique el inicio de una transición. Márquez alerta sobre el riesgo de una normalización del gobierno de Delcy Rodríguez, marcada por liberaciones limitadas de presos políticos y la ausencia de reformas institucionales de fondo en organismos clave como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia. Además, subraya la escasa participación ciudadana en el proceso, al que define como fundamentalmente cupular, y advierte que sin presión social sostenida "este proceso se puede eternizar".
En el plano internacional, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha señalado que el derrocamiento de Maduro no representa "una solución política definitiva" para Venezuela. Sin embargo, ha asegurado que es "una ventana para avanzar hacia la democracia" y que la Unión Europea apoyará que el futuro de Venezuela sea "determinado por los propios venezolanos".
Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado mantiene una intensa agenda diplomática en Washington. Este martes visitó la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela y la vulneración de los derechos humanos. Machado, quien se reunió la semana pasada con el presidente Donald Trump, también tiene previsto visitar el Capitolio para reunirse con miembros de la Cámara de Representantes de ambos partidos.
En el ámbito económico, Delcy Rodríguez anunció este lunes que espera un incremento del 30% en la producción de oro durante 2026, revelando que durante 2025 se produjeron 9,5 toneladas entre empresas privadas y el sector público. La mandataria señaló que la Asamblea Nacional tiene en su agenda una nueva ley de minas y minerales que permitirá "la captación de importantes flujos de inversión internacional".
Estos anuncios ocurren mientras la presidenta encargada reencausa la relación con Estados Unidos que, tras la captura de Maduro, está dirigiendo la política petrolera del país y administrando la venta de crudo venezolano en el mercado internacional. Según los acuerdos iniciales, Estados Unidos comprará 30 millones de barriles de petróleo venezolano, pero los recursos obtenidos no irán directamente al gobierno de Rodríguez, sino que se dispondrán en fondos de inversión para obras públicas supervisados por Washington.
Por su parte, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, afirmó este lunes que "la revolución bolivariana sigue gobernando y el país está en paz y tranquilidad". Cabello, considerado uno de los dirigentes más radicales del chavismo, convocó a una movilización para el 23 de enero, fecha en que Venezuela conmemora el regreso a la democracia tras la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.
En este contexto de incertidumbre, el dirigente opositor Andrés Velásquez, del partido Causa R, ha exigido un cronograma claro para la transición planteada por Estados Unidos. "Nosotros acompañamos el proceso de transición anunciado por Estados Unidos, pero hay que establecer un cronograma", dijo. "El destino de Venezuela no puede ser un acuerdo petrolero y una dictadura encabezada por Delcy Rodríguez. Para que haya estabilidad, se requiere de una unidad nacional que no la puede dar Delcy Rodríguez".
La situación de los presos políticos sigue siendo uno de los puntos más sensibles. Mariana González de Tudares, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia y esposa del preso político Rafael Tudares Bracho, denunció este lunes que el expediente judicial que sentenció a su marido a 30 años de cárcel "carece de sustentos probatorios", calificándolo como "un fraude a la justicia y a los derechos humanos". González también denunció haber sido víctima de extorsiones para condicionar la liberación de su esposo.
Ante este panorama complejo, Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Si bien la captura de Maduro ha abierto una ventana de oportunidad para el cambio, persisten dudas fundamentales sobre la naturaleza y el alcance de la transformación en curso. La pregunta sigue sin respuesta definitiva: ¿transición democrática o simple reacomodo del poder?