Samantha Hernández Castillo salió de prisión la noche del lunes con medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país, según informó El País. La adolescente de 16 años fue detenida en noviembre de 2025 cuando cursaba el último año de bachillerato y se encontraba en casa de sus abuelos. Las autoridades venezolanas la acusan de participar en un plan para colocar una bomba en Caracas que no llegó a explotar.

La detención de Samantha está directamente vinculada a su parentesco con el primer teniente Christian Hernández, su hermano mayor, quien se encuentra exiliado y es acusado por el régimen de Nicolás Maduro de conspiración militar. El caso ilustra un patrón sistemático de represión contra familiares de militares disidentes que la Misión Independiente de Determinación de Hechos del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha documentado en sus informes sobre Venezuela.

Este patrón represivo recibe el nombre de sippenhaft, término alemán que remite a las leyes del Tercer Reich nazi, según el cual un acusado de crímenes contra el Estado extendía su responsabilidad penal a sus parientes. La práctica se ha vuelto habitual en el aparato represivo del chavismo, según las fuentes consultadas.

La familia de Samantha permanece fragmentada por la persecución política. Su hermana Arantza Hernández Castillo, de 19 años, continúa presa, al igual que su tío Henry Castillo y su primo Arialdo Camargo. Estos dos últimos estuvieron desaparecidos casi un año hasta que fueron localizados en la cárcel del Rodeo. Durante meses, la única señal de vida de Henry Castillo fue una fotografía que difundió Diosdado Cabello en una rueda de prensa, presentándolo como alias El Tío y parte de una supuesta conspiración contra Maduro.

Maykelis Borges, cuñada de Samantha y esposa del militar perseguido, también fue apresada. Cumplió un embarazo en condiciones precarias y dio a luz en prisión, según El País. En febrero de 2026 le concedieron arresto domiciliario.

La madre de Samantha, Ámbar Castillo, no puede regresar a Venezuela porque existe una orden de captura contra ella relacionada con la causa de su hijo en la llamada Operación Aurora. Castillo, quien durante una década se movía entre Panamá y Venezuela por negocios, estuvo por última vez en el país en octubre de 2025, poco antes de la detención de sus dos hijas. "Hablé por videollamada con Samantha, pero en realidad quiero que descanse un poco. Ella tuvo que ir a tribunales y también iba a ir al liceo a ver si se puede graduar con sus compañeros", declaró Castillo por teléfono a El País.

Desde el exterior, la madre coordina la defensa privada de sus familiares y la suya propia, mientras espera respuesta a una solicitud de amnistía para poder regresar. "Mi hermano [Henry] estuvo desaparecido un año y mi mamá estuvo como la señora Carmen [Navas]. Nunca nos dieron fe de vida, solo después del 3 de enero supimos dónde estaba", relató Castillo.

La misma noche del lunes fue liberada Merys Torres de Sequea, de 71 años, tras ocho meses de detención. Hombres encapuchados que se identificaron como policías la arrestaron en 2025 junto a su sobrina cerca de la cárcel del Rodeo, cuando iba a visitar a su hijo, el coronel de la Guardia Nacional Antonio Sequea, preso desde 2020 y condenado a 24 años de prisión por la llamada Operación Gedeón. Parte de la familia de Sequea, que tiene otros integrantes militares, tuvo que exiliarse ante la persecución.

El paradero de Torres de Sequea fue desconocido durante varios meses hasta que apareció en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la principal cárcel de mujeres del país. Su detención arbitraria contraviene el Código Penal venezolano, que prohíbe penas de prisión para mayores de 70 años, pero ella no es la única presa política septuagenaria, según El País. En un video de su excarcelación, Torres de Sequea sale corriendo a abrazar a un familiar que la recibe.

Los casos de Samantha y Merys se habían convertido en emblemas de la lucha por la liberación de los presos políticos. Samantha era una de las pocas adolescentes que aún permanecían en prisión tras la represión de las manifestaciones de 2024, en las que fueron encarceladas más de un centenar de personas menores de edad. Ambos casos habían quedado explícitamente excluidos de la ley de amnistía aprobada en febrero de 2026, que llegó a su fin recientemente por decisión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Las excarcelaciones se producen en medio de la indignación generada por la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero, otro preso político que estuvo desaparecido durante 16 meses. Su madre, Carmen Navas, pasó ese tiempo buscándolo de cárcel en cárcel sin que las autoridades le informaran que había muerto. El Gobierno venezolano reconoció su muerte el 7 de mayo de 2026. Navas falleció diez días después.

El martes, el chavismo liberó a 20 personas involucradas en el caso PDVSA Obrero, donde hay más de 100 procesados. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró ese día que se espera que durante esta semana sean excarceladas 300 personas por vías alternativas a la amnistía. "Algunas incursas en hechos, en delitos demostrados, pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología, mujeres embarazadas o lactantes, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficio a esas personas", declaró Rodríguez.

Entre los "beneficiados" mencionó a Samantha y aseguró que la adolescente "llevaba los explosivos para volar la Plaza Venezuela". También señaló que saldrían los funcionarios de la Policía Metropolitana presos desde 2002 por el golpe contra Hugo Chávez, algunos de los cuales ya han cumplido sentencia y siguen en prisión.

A pesar de estas excarcelaciones, siguen presas más de 600 personas por razones políticas, según la ONG Justicia Encuentro y Perdón, y más de 400 de acuerdo con el Foro Penal. Aunque el Gobierno venezolano contabiliza más de 700 salidas de la cárcel en lo que va de 2026 y otras 8.000 medidas de libertad plena, el proceso se ha estancado y ha mostrado su carácter discrecional, según El País.

Defensores de derechos humanos advierten que la amnistía no ha derivado en una gracia amplia ni en un reconocimiento del daño, sino que ha sido selectiva y revictimizante. Buena parte de quienes siguen presos son precisamente militares y sus familiares, y las detenciones arbitrarias no se han detenido. Los militares están explícitamente excluidos de la ley de amnistía.

El lunes, estudiantes universitarios volvieron a protestar para exigir la libertad de todos los presos políticos. Un grupo bloqueó la principal autopista de Caracas y forcejeó con policías antimotines que fueron a disolver la manifestación. Hubo heridos, según El País. La apertura que trajo la intervención militar estadounidense y el descabezamiento del Gobierno de Nicolás Maduro ha resultado limitada.

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la ONG Cecodap, que asumió la defensa de Samantha, declaró: "Nunca debió estar privada de libertad. Fueron meses de sufrimiento, daño acumulado y afectación a sus derechos como adolescente". Mientras tanto, el juicio contra la adolescente continúa.