El Banco Central de Cuba (BCC) informó que un banco privado extranjero, cuyo nombre no fue revelado, comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con Fincimex, la entidad financiera perteneciente al conglomerado empresarial del Ejército cubano Gaesa, según el comunicado oficial.

"Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba", indicó el BCC en su declaración.

La entidad monetaria cubana agregó que a partir de esta decisión "Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance, tales como Visa y Mastercard", según el comunicado oficial.

La salida de este banco supone cortar todas las conexiones financieras de la isla con el exterior, redoblando la presión de Washington sobre Cuba, a la que el Gobierno estadounidense quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas, según el BCC.

Estados Unidos ha escalado la presión que venía ejerciendo sobre Cuba desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica del país, pues la isla solo produce un 40% de sus necesidades energéticas, según la información oficial.

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen vínculos económicos, comerciales o financieros con el Gobierno cubano y, especialmente, en los sectores energético, financiero y de defensa, según el documento presidencial.

El 7 de mayo, el Gobierno estadounidense sancionó a Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba, que se estima que está a cargo del 40% del producto interno bruto de la isla, según datos oficiales. Esto ha llevado a muchas empresas a cortar sus lazos con esta entidad, que tiene presencia en casi todos los sectores económicos del país.

En este contexto se enmarca la salida total o parcial del país de las principales hoteleras extranjeras en la isla, como las españolas Meliá e Iberostar, según reportes recientes. La minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba, anunció hace un mes su salida inmediata de la isla a raíz de las sanciones estadounidenses, según comunicó la empresa.

La suspensión de los servicios de Visa y Mastercard representa un golpe adicional para la economía cubana, que ya enfrenta severas restricciones energéticas y el éxodo de inversión extranjera. La medida afecta directamente la capacidad de Cuba para realizar transacciones comerciales internacionales y recibir pagos por servicios, especialmente en el sector turístico, uno de los principales motores económicos del país.

La estrategia de Trump marca una intensificación de la política estadounidense hacia Cuba, que había experimentado cierta apertura durante administraciones anteriores. El bloqueo petrolero decretado en enero ya había generado apagones masivos y paralizaciones en la producción industrial, y ahora el aislamiento financiero completa el cerco económico sobre la isla.

Las implicaciones de esta medida se extienden más allá del sector financiero. Sin acceso a los sistemas de pago internacionales más utilizados del mundo, Cuba enfrenta obstáculos significativos para mantener relaciones comerciales con empresas extranjeras, atraer turismo internacional y facilitar remesas familiares, una fuente crucial de ingresos para millones de cubanos.

La decisión del banco privado extranjero de cortar relaciones con Fincimex ilustra el efecto disuasorio de las sanciones estadounidenses sobre entidades financieras internacionales, que prefieren abandonar el mercado cubano antes que arriesgarse a enfrentar penalizaciones de Washington. Este patrón se ha repetido con empresas de diversos sectores, desde hotelería hasta minería, que han optado por retirarse de Cuba para evitar conflictos con las autoridades estadounidenses.

El Gobierno cubano ha denunciado estas medidas como parte de una "estrategia de asfixia" diseñada para presionar al régimen mediante el deterioro de las condiciones económicas de la población. Sin embargo, Washington sostiene que las sanciones buscan forzar cambios políticos y económicos en un país que mantiene un sistema de partido único y una economía centralmente planificada con limitadas libertades económicas.