Según reportes de The New York Times, la demanda presentada por Khalil busca convencer a un juez de que los demandados coordinaron sus acciones en un grado que constituye una conspiración. Los abogados de Khalil argumentan que existe una línea directa que va desde un plan de la Fundación Heritage para desmantelar el activismo pro-palestino hasta el enfoque dirigido contra activistas como Khalil por parte de Canary Mission y Betar, lo que resultó en sus arrestos y detención por parte de la administración Trump.

La Casa Blanca no comentó sobre la demanda. En su lugar, reiteró sus acusaciones previas contra Khalil, afirmando que fue "dado el privilegio de venir a América a estudiar con una visa de estudiante que obtuvo mediante fraude y tergiversación". Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró: "Como siempre hemos mantenido, la Rama Ejecutiva tiene la autoridad legal para tomar acciones que protejan al público y aseguren la integridad de nuestro sistema de inmigración". Khalil ha negado que estas acusaciones sean válidas.

La Fundación Heritage declinó comentar sobre la demanda. Betar y Canary Mission no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.

La demanda representa un desafío legal significativo a las políticas de la administración Trump respecto al activismo en campus universitarios. Khalil se ha convertido en una figura central en los debates sobre libertad de expresión y represión política en instituciones educativas estadounidenses durante la actual administración presidencial. La acusación de conspiración coordinada entre múltiples actores gubernamentales y privados, si se prueba, podría tener implicaciones amplias para cómo se entiende la coordinación entre el gobierno y grupos privados en la represión de activismo político.