Hegseth, en un video publicado en la plataforma X, señaló que "para combatir los peligros que las filtraciones representan, de manera inmediata, he delegado autoridad de tareas a la oficina de asesor general del departamento de guerra, empoderando a la OGC para solicitar y recibir toda la información, registros y apoyo en todo el departamento concerniente a investigaciones de filtraciones a medios". El funcionario agregó que "la información filtrada pone en riesgo vidas, estas nuevas herramientas y procesos nos asistirán enormemente en proteger nuestras fuerzas conjuntas".

En sus declaraciones, Hegseth también expresó que "la seguridad de nuestra nación no puede ser una moneda de cambio para aquellos que buscan titulares momentáneos, el acceso a información confidencial y secreta es una confianza sagrada, y aquellos que traicionen esa confianza serán enfrentados con toda la fuerza de la ley". El secretario de Defensa agradeció al fiscal general interino Todd Blanche "por su ayuda en este importante proyecto" y manifestó estar "orgulloso de que nuestros departamentos estén trabajando juntos más cerca que nunca antes".

La creación de esta fuerza de tarea conjunta ocurre en el contexto de acciones recientes contra medios de comunicación. Durante el fin de semana, el New York Times reportó que la administración Trump emitió citaciones a varios periodistas del diario tras reportar sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con un nuevo avión regalado por Qatar a Donald Trump.

El miércoles, el Times informó que Trump abandonó Turquía a bordo del antiguo Air Force One, en lugar de su nuevo avión regalado por Qatar, como medida de precaución a instancias del Servicio Secreto. Al día siguiente, el periódico reportó que el nuevo Air Force One carecía de algunas de las características avanzadas de seguridad del avión más antiguo. Ambas historias citaron fuentes anónimas.

El sábado, el Times informó que sus reporteros habían recibido citaciones que buscaban obligarlos a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan esa semana. Según el periódico, antes de publicar su primer reportaje, un oficial senior del FBI contactó a un reportero y editor senior solicitando que el artículo fuera retenido, calificándolo como un asunto de seguridad nacional, pero se negó a explicar el problema de seguridad específico. El oficial también solicitó que el Times revelara sus fuentes para el artículo, lo que el periódico rechazó.

David McCraw, el abogado principal de la sala de redacción del Times, condenó las citaciones en una declaración, diciendo que "la aparición de agentes de la aplicación de la ley federal en la puerta de reporteros de noticias debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y la libertad de prensa que protege".

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró al New York Times el sábado que los "reporteros no son los objetivos, aquellos que filtran información clasificada lo son". El portavoz agregó que "valoramos y apreciamos el papel importante que juega la prensa en este país, pero el DOJ también juega un papel importante para asegurar que las personas confiadas con los secretos de nuestra nación hagan lo que se supone deben hacer con esa información".

El Club Nacional de Prensa, con sede en Washington D.C., declaró que las citaciones "deberían alarmar a cada estadounidense porque amenaza el derecho constitucional del público a una prensa independiente". El New York Times describió las citaciones como "una escalada extraordinaria en los esfuerzos del presidente Trump para amenazar e intimidar a organizaciones de noticias independientes".

Esta acción se produce después de que a principios de este año, el Departamento de Justicia también buscara obligar a periodistas del Wall Street Journal y el Washington Post a testificar, antes de retirar las citaciones después de que fueron cuestionadas por las organizaciones de noticias. En enero, agentes federales tomaron el paso extraordinario de allanar el hogar de un reportero del Washington Post como parte de una investigación sobre el manejo de registros clasificados por parte de un contratista del gobierno.

Las acciones contra la prensa reflejan una estrategia más amplia de la administración Trump para controlar la divulgación de información sensible. La creación de la fuerza de tarea conjunta representa una institucionalización de estos esfuerzos, otorgando autoridad formal a la oficina de asesor general del Pentágono para coordinar investigaciones de filtraciones con el Departamento de Justicia. Esta medida potencialmente amplía significativamente los recursos disponibles para rastrear y procesar a funcionarios del gobierno que divulguen información a periodistas.

Las implicaciones para la libertad de prensa son sustanciales. Los reporteros dependen de fuentes anónimas dentro del gobierno para acceder a información sobre asuntos de interés público, particularmente cuando esa información revela problemas de seguridad o malas prácticas administrativas. Las citaciones a periodistas y la creación de mecanismos formales para perseguir filtraciones pueden desalentar a funcionarios de hablar con la prensa, reduciendo potencialmente la capacidad de los medios de comunicación de informar sobre asuntos de importancia pública.