El dominio parlamentario del independentismo entre 2012 y 2024 fue la base que sustentó el procés iniciado por Artur Mas. El bloque Junts-ERC-CUP osciló entre 70 y 74 escaños durante ese período, garantizando el control del Govern y la Cámara legislativa, aunque con choques constantes entre los socios. Esa mayoría se erosionó significativamente en las últimas elecciones catalanas de 2024, cuando las tres formaciones cayeron hasta 59 escaños, 15 menos que en 2021, resultado de la desmovilización del electorado independentista y la pugna partidista interna.
Por primera vez en esos comicios, una formación ultra de matriz secesionista irrumpió en el Parlament. Aliança Catalana obtuvo dos escaños que, aunque no alteraban la correlación de fuerzas entonces, han envenenado desde entonces cualquier posibilidad de entente en el eje nacional. El nuevo barómetro del CEO, según reporta El País, muestra que AC ha duplicado su proyección en un año, pasando de una predicción de 11 diputados hace doce meses a entre 23 y 25 ahora, consolidándose como tercera fuerza política.
La erosión de Junts per Catalunya es la más evidente. Joan Rodríguez Teruel, director del CEO, explica que AC ya muerde votos de todas las formaciones, pero la erosión a Junts está cerca de su límite máximo. Ahora es Vox quien sufre la mayor sangría de votantes hacia la formación de Orriols. Este trasvase de electores del partido de Santiago Abascal al de Orriols es precisamente uno de los argumentos que el resto de formaciones independentistas utilizan para cuestionar la agenda real de AC. Solo el 55% de su electorado reconoce apostar por la vía independentista, según los datos del sondeo.
El auge de Aliança Catalana se explica por varios factores convergentes. El contexto internacional, el discurso antipolítico desacomplejado y, muy especialmente, su mensaje islamófobo sin matices, han contribuido a su crecimiento. La inmigración se ha convertido en un divisor de aguas fundamental en la política catalana. Según el CEO, para uno de cada cinco catalanes, la inmigración es el segundo mayor problema en Cataluña, solo superado por la vivienda, que preocupa al 43% de la población. Un estudio del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) de febrero de 2026 apunta a que crece por segundo año consecutivo el porcentaje de catalanes que está de acuerdo con limitar la inmigración, alcanzando ya dos de cada tres ciudadanos.
Oriol Bartomeus, director del ICPS, ve imposible repetir el ejercicio de unidad que caracterizó el procés. "Entonces, el único punto de la agenda era la independencia. Por contraste, ahora, aunque hay muchos más temas, el que les divide, el de la inmigración, es uno de los más importantes", explica. Durante el procés, fue precisamente el esfuerzo de priorizar la agenda independentista lo que unía a un bloque que iba desde el anticapitalismo hasta el centroderecha. Esa cohesión ha desaparecido.
ERC y la CUP reafirman categóricamente su negativa a llegar a pactos con Aliança Catalana. Oriol López, secretario general adjunto de los republicanos, no concibe pactar con una formación que considera que rompe la premisa integradora propia del catalanismo político. "Aliança promueve una minorización nacional, dice que hay un 30% de población —los inmigrantes— que no quiere. Eso es inasumible", afirma López. La CUP mantiene una posición similar de rechazo explícito.
Desde las filas de Junts per Catalunya, como es habitual, se ha evitado valorar públicamente una encuesta que consideran que siempre les infrarrepresenta. Sin embargo, en privado no se oculta la preocupación sobre una "tendencia a la baja", y el silencio es un signo de la dificultad para gestionar la amenaza. Los de Carles Puigdemont firmaron al inicio de la legislatura un "cordón democrático" contra Vox y AC, pero se lo han saltado en dos votaciones sobre la independencia. La línea roja que implica el "anticatalanismo" de Orriols se diluye en la inconcreción de la política de pactos de Junts.
Las elecciones municipales próximas añaden complejidad al escenario. Bartomeus vaticina que "por primera vez AC será un partido muy presente no solo en pueblos pequeños, y podría ganar en alguna capital de comarca". La campaña sería menos compleja para ERC y la CUP, que jugarán la carta del "voto refugio para la izquierda nacional", según López.
Tras la resaca electoral de las municipales comenzará el baile de negociaciones. El director del ICPS recuerda cierto pragmatismo característico del gen convergente de Junts, algo que, sumado a la actitud ambivalente de los últimos meses, le facilitaría pactos con todos. ERC da a entender que aspira a un eje antiautoritario, no solo a uno independentista sin AC, lo que implicaría al PSC. "Estamos para construir grandes mayorías, como la que, por ejemplo, permitió poner fin al pujolismo", asegura López.
La física y la química de la política local pueden ser a veces antagónicas a las de la autonómica o la estatal. Incluso en momentos complicados del procés, Junts cerró un pacto en la Diputación de Barcelona con los socialistas en 2019, después de que los pactos PSC-ERC lo sacaran de una treintena de municipios donde había ganado. Este precedente sugiere que los cálculos electorales locales pueden forzar alianzas que parecen imposibles a nivel autonómico.
Aún quedan como mínimo dos años para las próximas elecciones catalanas autonómicas. Está por verse cómo las municipales y las generales modulan las relaciones con el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, y si la mayoría aritmética que ahora apunta el CEO se traduce en una mayoría política viable o si permanece como una posibilidad matemática sin concreción práctica.


