California prohíbe contratos laborales que obliguen a empleados a pagar por capacitación si renuncian
El gobernador Gavin Newsom firmó una ley pionera que limita los llamados acuerdos de 'permanencia o pago', prohibiendo que las empresas exijan a los trabajadores reembolsar costos de entrenamiento si deciden cambiar de trabajo, con especial protección para trabajadores de bajos y medianos ingresos.
California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en establecer restricciones significativas a los controvertidos contratos de 'permanencia o pago', que tradicionalmente han obligado a los trabajadores a reembolsar a sus empleadores los costos de capacitación si renuncian antes de un período determinado.
La nueva legislación, firmada por el gobernador Gavin Newsom y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, prohíbe que los empleadores busquen el reembolso por capacitación laboral, con excepción de programas de aprendizaje oficialmente aprobados. Además, las empresas no podrán exigir pagos si el trabajador es despedido sin causa o su puesto es eliminado.
Según investigadores de las universidades de Michigan, Cornell y Maryland, estos acuerdos pueden afectar hasta un 8.7% de los trabajadores estadounidenses. Históricamente, comenzaron en la década de 1990 para profesionales altamente calificados como ingenieros y pilotos, pero actualmente se han extendido a industrias con salarios más bajos como salud, transporte y comercio minorista.
La ley de California establece límites específicos para estos contratos. Los acuerdos de permanencia estarán restringidos a un máximo de dos años y no podrán incluir acumulación de intereses. Cuando se trate de bonos por firma o reembolsos de matrícula, los montos deberán prorratearse proporcionalmente al tiempo trabajado.
La California Nurses Association celebró la medida, argumentando que estos contratos 'encadenan' a los trabajadores a sus empleos, impidiéndoles buscar mejores condiciones laborales o salarios.
Expertos legales como Jonathan Crook, del bufete Fisher Phillips, señalan que aún es prematuro predecir cómo esta legislación influirá en las prácticas de contratación de empresas que operan en múltiples estados.
Otros estados como Nueva York ya están considerando legislación similar. El proyecto de ley 'Trapped at Work' fue aprobado en junio, aunque aún espera la firma del gobernador Kathy Hochul.
La nueva normativa representa un paso significativo en la protección de los derechos laborales, especialmente para trabajadores de bajos y medianos ingresos que tradicionalmente han sido más vulnerables a estos tipos de contratos restrictivos.
