Chile prohíbe uso de celulares en colegios a partir de 2026 con nueva ley
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que regulará y prohibirá los dispositivos móviles en establecimientos educacionales, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico de los estudiantes.
El Congreso chileno dio luz verde a una normativa que entrará en vigencia en 2026, la cual establece restricciones al uso de teléfonos celulares durante las actividades curriculares en todos los niveles educativos, desde educación parvularia hasta enseñanza media.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, calificó esta medida como un paso significativo para combatir lo que denominó un 'flagelo' que afecta a niños, niñas y jóvenes. Según sus declaraciones, el uso indiscriminado de dispositivos móviles representa 'una de las principales pandemias' que impactan negativamente en el ambiente educativo.
La nueva legislación contempla algunas excepciones específicas para el uso de dispositivos móviles, como situaciones de emergencia, problemas de salud, o actividades pedagógicas donde el celular resulte útil. En el caso de la enseñanza media, los establecimientos tendrán cierta autonomía para definir espacios o momentos donde el uso pueda estar permitido.
Expertos consultados ofrecen perspectivas diversas sobre la medida. Andrea Figueroa, decana de Educación de la Universidad Central, considera que la restricción podría mejorar la atención y concentración de los estudiantes. Por otro lado, Genevy Moreno, académica de la Universidad Alberto Hurtado, advierte que una ley por sí sola no cambiará la cultura, y es necesario acompañarla de procesos formativos sobre el uso responsable de la tecnología.
Algunos académicos, como Francisco Silva de la Universidad Autónoma, critican que la ley se construya desde una perspectiva puramente prohibitiva, sugiriendo que el foco debería estar en responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digital.
Los establecimientos educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026. Adicionalmente, el Ministerio de Educación presentará en 2030 una evaluación nacional sobre los impactos de esta medida en la convivencia escolar, rendimiento académico y bienestar socioemocional.
La normativa busca abordar la creciente preocupación sobre la dependencia tecnológica entre los estudiantes, con el propósito de recuperar espacios de interacción directa y concentración académica.
