Colombia celebró en 2025 un hito histórico: por primera vez generó más electricidad con energía solar que con carbón, según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). El gobierno de Gustavo Petro lo presentó como un avance en la transición energética que busca abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, expertos advierten que el progreso es insuficiente ante la urgencia energética que enfrenta el país.
Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia —gremio que agrupa a más de 70 empresas del sector renovable— respaldó el avance con cifras: en tres años, Colombia pasó del 1,5% al 15% de capacidad instalada en renovables, y el 70% de los megavatios que entraron en 2025 fueron construidos por empresas nuevas, rompiendo el monopolio de cinco actores que controlaban cuatro quintos del mercado, según dijo en entrevista con El País.
Pero la urgencia es tal que parece insuficiente. "Colombia necesita 6.000 megavatios adicionales en los próximos cinco años: una inversión cercana a 5.000 millones de dólares. La demanda crece al doble de lo que lo hace la oferta, y es posible un déficit estructural desde 2027, lo que implica riesgos de apagón", advirtió Hernández. El último gran apagón en Colombia ocurrió entre marzo de 1992 y febrero de 1993, cuando el fenómeno de El Niño secó los embalses y el país sufrió racionamientos de varias horas al día.
La preocupación se intensifica ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026, según reportó El Heraldo. Esta incertidumbre climática se suma al retraso en la entrada en operación de nuevos proyectos de energía y a los cuellos de botella que persisten en el sector.
Los proyectos de energía renovable en Colombia tardan entre tres y siete años en operar, explicó Hernández. La construcción toma entre 12 y 18 meses, pero el resto —tres años en promedio— se va en trámites burocráticos. Actualmente existen más de 300 trámites pendientes entre proyectos de generación y transmisión, con demoras que pueden alcanzar hasta 2.000 días, según El Heraldo. Algunas líneas de transmisión registran retrasos de hasta 13 años, mientras que las redes regionales acumulan demoras cercanas a 11 años.
"Si se cumplieran los tiempos de la norma —licencias ambientales en seis meses, permisos en 30 días hábiles— el tiempo bajaría a la mitad", sentenció Hernández. Los mayores obstáculos incluyen permisos ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), trámites ante las corporaciones autónomas regionales y consultas previas con comunidades indígenas que pueden tardar entre cinco y seis años.
El potencial eólico de La Guajira ilustra la paradoja colombiana. El departamento más septentrional del país tiene el mejor recurso eólico de Suramérica: vientos con velocidad media de 9,8 metros por segundo que permiten que las turbinas operen cerca de su capacidad máxima el 65% del tiempo —casi el doble del promedio mundial— según el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente. La UPME calcula un potencial eólico de 21 gigavatios en ese territorio, equivalente a toda la capacidad instalada actual del país. Sin embargo, a julio de 2025, la energía eólica solo aportó el 0,27% de la electricidad nacional; en La Guajira, de 23 proyectos eólicos con conexión aprobada, solo operan dos.
Esa cifra refleja el choque de los proyectos con las comunidades indígenas del departamento. Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que lleva más de 20 años acompañando comunidades afectadas por extractivismo, planteó el dilema: "¿Energía para qué y para quién? A veces las comunidades locales ni tienen luz; se va para las ciudades, centros comerciales o las mismas empresas", dijo a El País.
Mateus explicó que las diferencias radican en la visión del mundo. "En wayuunaiki [la lengua del pueblo Wayúu] no existe el 'buenos días'; la frase que se dicen al despertar es: '¿Qué soñaste anoche?' El sueño no es una ocurrencia, es constitutivo de quiénes son", dijo. Hay heridas abiertas: el departamento es uno de los más empobrecidos del país y décadas de grandes inversiones extractivas no han cambiado ese hecho.
Mientras los vientos caribeños se mantienen lejos de las turbinas, la energía solar avanza más rápido y ya aporta el 6,3% de la generación nacional. Entre los apostadores está la empresa andaluza Grupo Negratín, que en 2026 ha comprometido 59 millones de euros, unos 251.000 millones de pesos, en seis plantas fotovoltaicas. "La solar permite plazos más cortos y una ejecución más ágil en un país que necesita capacidad pronto", explicó la compañía a El País.
La dimensión financiera agrava la situación. Instalar un megavatio cuesta entre 750.000 y 800.000 dólares, y actualmente 5.086 megavatios están sin cierre financiero —es decir, sin los recursos para implementarlos— suficientes para abastecer a casi 13 millones de personas, según SER Colombia. Para que la banca desembolse, los proyectos necesitan contratos de largo plazo, pero las intervenciones estatales en la bolsa de energía han desincentivado este tipo de contrataciones. La inversión extranjera se desplomó un 70% entre 2022 y 2023, desde los 1.200 millones de dólares a los 410 millones, informó el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente.
La espera produce "asfixia financiera", dijo Hernández. Cuando un proyecto firma contratos y se obliga a suministrar energía pero tiene demoras, la empresa debe comprar energía cara al contado y vender a pérdida. Dos multinacionales europeas sucumbieron a ese ahogo a finales de 2024: la portuguesa EDP Renovables abandonó los proyectos eólicos Alfa y Beta (800 megavatios), y la italiana Enel salió de Windpeshi, que compró Ecopetrol. El Instituto de Estocolmo señaló que se han desestimado 1,3 gigavatios en proyectos eólicos, incluyendo otros de Enel y Celsia.
La incertidumbre electoral de 2026 ha intensificado la parálisis. Andrés Moreno, exejecutivo de EPM y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, dijo a BNamericas que "hay pruebas claras de una desaceleración de la inversión, que se ha intensificado en 2026 mientras las empresas esperan los resultados electorales. Incluso los proyectos de pequeña escala se enfrentan a suspensiones debido a la incertidumbre política, regulatoria y fiscal".
Según el Banco Central de Colombia, la inversión extranjera directa totalizó 11.470 millones de dólares en 2025, una caída del 16,1% frente a los 13.680 millones de 2024, reportó BNamericas. Los analistas afirman que los mayores impuestos corporativos y los frecuentes cambios regulatorios, junto con el aumento de los costos de endeudamiento, contribuyeron a la caída.
La demanda eléctrica agrava el panorama. Según la UPME, la demanda de energía en Colombia crecería entre 1,41% y 2,82% anual hasta 2039. Sin embargo, cifras del operador de red XM muestran un comportamiento más dinámico: en diciembre de 2025 la demanda aumentó 4,03% frente al mismo mes de 2024, según El Heraldo. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, advirtió que el Sistema Interconectado Nacional ya registra un déficit del 2% en la oferta de energía en firme para 2026, que podría ampliarse a 3,5% en 2027. XM advirtió que Colombia podría enfrentar un déficit cercano al 6% hacia 2030.
Expertos señalan que el país necesitaría incorporar al menos 2.500 megavatios adicionales de energía firme de manera inmediata para equilibrar el sistema. "Estamos ante una situación en la que el país podría enfrentar el riesgo de racionamiento, si no entran pronto nuevos proyectos al sistema y si se presenta un fenómeno de El Niño como el que se viene anunciando", expuso Hernández a El Heraldo.
El problema va más allá de la electricidad. Tomás González, exministro de Minas y Energía, explicó a El País: "Hay que distinguir lo energético y lo eléctrico. La matriz eléctrica en Colombia es renovable en un 70%, pero la electricidad apenas representa el 18% de toda la energía que consume el país. La transición eléctrica, aunque avanza, no resuelve sola el problema energético". Según la Agencia Internacional de Energía, los combustibles fósiles representaron más del 75% de la demanda energética total de Colombia en 2024.
González apuntó a una armonía de prioridades: medioambiente, seguridad de suministro y asequibilidad. "Al obsesionarse solo con lo ambiental, se descuidan los otros. Eso pasó con Europa y el gas ruso", advirtió. Es precisamente el gas el elemento que los expertos auguran como puente en la transición. "Necesitaríamos el doble del gas actual hacia 2040 para reducir las emisiones un 40% sin debacles económicas. Es el puente entre el antiguo mundo fósil y el nuevo de bajas emisiones", dijo González. Jaime Millán, execonomista principal de energía del Banco Interamericano de Desarrollo, simplificó: "Tarzán no suelta un bejuco hasta que no tiene el otro agarrado. Eso es lo que hay que hacer".
Pese a los obstáculos, hay avances. El Balance Renovable 2026 de SER Colombia indica que el país superó los 2.376 megavatios de energía renovable provenientes de 85 proyectos de mediana y gran escala en operación comercial o en pruebas, en su mayoría solares, según El Heraldo. De ese total, 482 megavatios fueron incorporados durante 2025 en 14 nuevos proyectos. Además, hay 995 megavatios en autogeneración y generación distribuida, lo que eleva a 20.122 el número total de proyectos renovables entre grandes, medianos y pequeños.
La región Caribe concentra una parte importante de la nueva capacidad. Atlántico se ubica como el departamento que más nueva capacidad renovable sumaría en 2025 a nivel nacional, con 738,4 megavatios en construcción y 10 megavatios en operación comercial, según El Heraldo. La Guajira y Cesar registran 298 megavatios en operación cada uno, mientras avanzan nuevos proyectos. Córdoba suma 219,3 megavatios en construcción; Magdalena, 108,9 megavatios; Sucre, 68,2 megavatios; y Bolívar, 29,7 megavatios.
Los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena pusieron en marcha una estrategia conjunta para atraer inversión de Estados Unidos en sectores como tecnología y energías renovables, según Semana. La iniciativa es liderada por agencias como ProBarranquilla, Invest in Cartagena y ProSantaMarta. Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista extranjero en Colombia, con más de 3.375 millones de dólares en 2025, según reportes económicos citados por Semana.
Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, dijo a Semana: "Estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en un territorio que ha construido estabilidad, reglas claras y una visión de desarrollo de largo plazo".
La transición energética tiene apoyo popular: un 96% de los colombianos considera que la energía solar debe crecer, cifra del 88% para la eólica, según la consultora Arteaga Latam citada por El País. Pero la tensión se mantiene. Del 24 al 29 de abril de 2026, Santa Marta acogerá la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, coorganizada entre Colombia y Países Bajos. Tanto SER Colombia como CAJAR estarán presentes con sus respectivas hojas de ruta.
Mateus reflexionó: "Dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es falso, hay alternativas. Hay modelos energéticos sostenibles, pero no se escuchan". La abogada aclaró que las comunidades apoyan la transición energética, aunque "no se resignarán a que sea el mismo extractivismo por otros medios". También entregó una lectura paralela del asunto económico: "Se nos hace creer que necesitamos del sector minero-energético para suplir la inversión social; no es así. El carbón no declara renta en el país; da regalías, pero tiene exenciones tributarias; y deja un pasivo en salud que cuesta billones por la atención al cáncer o la silicosis".
Los gremios del sector han hecho un llamado al gobierno nacional para tomar decisiones urgentes: destrabar trámites en seis meses, convocar subastas de largo plazo, reglamentar el almacenamiento con baterías, agilizar los puntos de conexión y garantizar el pago de subsidios. A mediano plazo, proponen modernizar el mercado eléctrico, acelerar la expansión de redes, eliminar barreras al autoconsumo y crear incentivos tributarios para nuevas inversiones, según El Heraldo.
Una encuesta de Pulso Eléctrico citada por El Heraldo revela que el 96% de los colombianos cree que la energía solar debe liderar el crecimiento futuro, mientras el 88% respalda la eólica. Pero el desafío del almacenamiento persiste: expertos advierten que no basta con expedir normas, también se necesitan inversiones, infraestructura y tiempo de adaptación para que los sistemas de almacenamiento de energía ayuden realmente a contener el riesgo de déficit energético.
SER Colombia estima que para evitar un déficit desde 2027, Colombia necesita agregar al sistema al menos 6.000 megavatios nuevos en los próximos cinco años, lo que demandaría inversiones cercanas a 5.000 millones de dólares. Hoy existen 1.043 megavatios en 20 proyectos listos para arrancar construcción en 2026, mientras otros 106 proyectos avanzan entre un 20% y un 60% de desarrollo. Si esos proyectos logran destrabarse y se adoptan medidas regulatorias, el país podría incorporar entre 6.586 y 9.500 megavatios, con un ahorro de hasta 7 billones de pesos en tarifas para los usuarios, según el Balance Renovable 2026 citado por El Heraldo.
La carrera contra el tiempo está en marcha. Colombia celebra sus avances en energía solar, pero enfrenta una realidad urgente: sin destrabar los proyectos renovables y sin un plan claro para el gas como energía de transición, el país podría enfrentar apagones en 2027, justo cuando más necesita energía para su desarrollo económico y social.
