Comunidades costeras de México se oponen al gasoducto Puerta al Sureste
Las comunidades indígenas del Golfo de México, especialmente en Veracruz, han levantado su voz contra el gasoducto Puerta al Sureste, construido por TC Energy y la CFE, que amenaza su principal fuente de ingresos y el ecosistema marino.
En el municipio veracruzano de Los Arrecifes, Mauricio Contreras y su hija Eunices pescan en un entorno que ha cambiado drásticamente con la construcción del gasoducto Puerta al Sureste, que se completó el año pasado. Este ducto, que se extiende 700 kilómetros desde el sur de Texas hasta Tabasco, ha generado preocupación entre las comunidades costeras, que temen por la seguridad de su industria pesquera. Contreras, con más de 40 años de experiencia, expresó su inquietud sobre las posibles fugas de gas, que considera un 'peligro constante' para su medio de vida.
El gasoducto, que tiene como objetivo principal llevar gas a la Península de Yucatán, ha sido objeto de controversia debido a la falta de consulta a las comunidades indígenas, como exige la Constitución mexicana. Maribel Cervantes, docente y defensora del territorio, afirmó que 'no estamos de acuerdo con este megaproyecto porque nunca fuimos informados al respecto'. En respuesta, 15 comunidades costeras han presentado una demanda que fue desestimada, pero actualmente está en apelación.
Los ambientalistas advierten que el dragado para enterrar el gasoducto y las posibles fugas de metano podrían dañar los ecosistemas mesofóticos del Golfo de México, que son ricos en biodiversidad y actualmente carecen de protección oficial. En México, más del 60% de la electricidad proviene de centrales eléctricas de gas, y alrededor del 70% de este gas es importado de Estados Unidos.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum está evaluando alternativas para aumentar la producción local de gas, lo que podría comprometer sus compromisos climáticos. Las comunidades indígenas, como enfatiza Cervantes, exigen que se respete su derecho a la autonomía y que no se impongan megaproyectos sin su consentimiento. 'No queremos que nos impongan sus megaproyectos', concluyó. Este conflicto resalta la tensión entre el desarrollo industrial y la protección de los derechos de las comunidades originarias en México.