La sentencia, de 377 páginas, ha impuesto la misma pena de nueve años de inhabilitación a otros nueve acusados, mientras que Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y anterior líder del PSOE extremeño, es el único condenado a 18 años de inhabilitación al atribuirle dos delitos de prevaricación, según informó El País.

El tribunal ha descartado explícitamente el delito de tráfico de influencias, concluyendo por unanimidad que no se ha acreditado que "persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados". Sin embargo, los magistrados apuntan que la decisión pudo haber surgido "a petición de David Sánchez o de persona o personas de su entorno" o de los propios responsables de la Diputación para favorecer al hermano del presidente "por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE".

La Fiscalía y las defensas de los acusados habían pedido la absolución de David Sánchez, Gallardo y el resto de encausados. Algunas acusaciones, entre ellas las del Partido Popular y Vox, habían elevado sus peticiones de pena hasta los seis años de cárcel. La sentencia será recurrida por algunas acusaciones y por los condenados.

El tribunal ha identificado tres hechos que considera delictivos: el nombramiento de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017; el posterior cambio de nomenclatura de esta plaza a "responsable de la Oficina de Artes Escénicas"; y la contratación en 2023 por el mismo organismo público de Luis Carrero, amigo de David Sánchez que en ese momento estaba destinado en el Palacio de La Moncloa.

Respecto al cambio de denominación del puesto, el tribunal concluye que supuso "una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo verificada con el propósito de adaptarlas a las apetencias personales de aquel por las actividades operísticas, dotándole de cuantiosas partidas presupuestarias al efecto". Los magistrados describen esto como un "traje a medida" creado para el hermano del presidente.

El fallo sustenta buena parte de su argumentación en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en los que se analizaron miles de correos electrónicos intervenidos durante la investigación. El tribunal descarta la credibilidad de más de una treintena de testigos que declararon en el juicio asegurando que no hubo irregularidad en la adjudicación de los puestos, argumentando que al ser "en su mayoría altos cargos integrantes de una estructura administrativa local de pequeña entidad, piramidal y fuertemente jerarquizada", sus declaraciones "suelen estar previamente preparadas y ausentes de la deseable espontaneidad y veracidad".

La sentencia reproduce varios de los mensajes destacados por los agentes de la UCO durante el juicio, incluyendo correos electrónicos en los que el director de un conservatorio se refería a David Sánchez como "el hermanísimo" al hablar de una supuesta adjudicación amañada, la respuesta de "estupendo" de Gallardo a otro cargo al hablar de los plazos para adjudicar el puesto, y mensajes entre David Sánchez y Carrero sobre la futura incorporación de este último a la diputación.

Los magistrados concluyen que existen "múltiples" indicios de que ninguno de los acusados era ajeno al "plan delictivo ideado por las más altas instancias" y que todos actuaron "en connivencia" siguiendo un "plan preconcebido" para "pergeñar los actos arbitrarios" que permitieron crear las plazas con "opacidad e irregularidad". El tribunal sostiene que el expediente administrativo para crear el puesto que finalmente ocupó David Sánchez fue elaborado con el único fin de revestir de legalidad una decisión tomada de antemano, y que los criterios para valorar a los candidatos se fijaron cuando ya se conocían los currículos de todos ellos, primando los méritos del hermano del presidente.

La pena de inhabilitación supone que los 11 condenados perderán de manera definitiva el empleo o cargo público que tuvieran. David Sánchez y Luis Carrero renunciaron a sus puestos en 2025 durante la investigación. La inhabilitación también implica la imposibilidad de acceder a otro cargo público similar durante el tiempo de la condena, así como la prohibición de presentarse como candidatos en procesos electorales.

El tribunal incluye una crítica al nepotismo a pesar de que la condena no considera probado el delito de tráfico de influencias. Los magistrados afirman que la sociedad quiere que "los escasos recursos públicos, pagados con los impuestos de todos, se destinen a cubrir necesidades reales" y que las plazas de empleo público sean ocupadas "por los mejores en las funciones que se les reclaman, los de mayor mérito y capacidad de entre los aspirantes". Definen el nepotismo como "una práctica consistente en el trato de favor o enchufismo hacia familiares o amigos en orden a la obtención de puestos, ascensos o beneficios, ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad", y advierten que "daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades".

La Corte Provincial de Badajoz también señala que "el general interés, y no el interés particular de los futuros receptores de puestos de empleo público, debe gobernar su creación", describiendo la práctica como "poco ética", según reportó Politico.

El Gobierno se ha apresurado a defender la inocencia de David Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha denunciado que se pretende "derribar" al Ejecutivo por vías distintas a las urnas. "Esta época se estudiará en los libros de Historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales", ha señalado Puente en un mensaje en la red social X. El PSOE ha hablado de "cacería" contra el entorno del presidente.

La sentencia se conoce en un momento especialmente complejo para el Gobierno, con numerosos frentes judicales abiertos por casos de corrupción que salpican al PSOE. Es un revés especialmente duro para Pedro Sánchez y su entorno familiar, ya que su esposa, Begoña Gómez, está a un paso del banquillo tras la investigación del juez Juan Carlos Peinado. La sentencia se conoce además ocho meses después de que el Tribunal Supremo condenara a dos años de inhabilitación al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, y menos de un mes más tarde de que el exministro José Luis Ábalos recibiera una pena de 24 años y tres meses de cárcel por corrupción.

La decisión marca un nuevo punto bajo en la relación contenciosa entre el primer ministro y la judicatura española. Sánchez ha alegado durante años que él y su familia son víctimas de "lawfare" —procedimientos legales cuestionables que buscan acosar y desacreditar a opositores políticos— y ha acusado a jueces conservadores de "involucrarse en política" y hacer "daño inmenso al sistema de justicia".