Corte Suprema de Argentina decidirá si Milei debe cumplir ley de financiamiento universitario rechazada por el Ejecutivo

El gobierno de Javier Milei mantiene su negativa a aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso argentino, desafiando dos fallos judiciales que le ordenaron cumplir con la norma mientras se resuelve el fondo del asunto. La controversia llegó a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra sobre un conflicto que enfrenta al Ejecutivo con el Parlamento, la comunidad académica y cientos de miles de manifestantes.

"Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí", declaró este miércoles el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, según reportó la prensa local. El funcionario ratificó la posición del gobierno un día después de que una masiva marcha federal recorriera el país bajo el lema "Milei, cumplí la ley".

La protesta del martes, convocada por autoridades universitarias, sindicatos de profesores y organizaciones estudiantiles, contó con amplio respaldo social en Buenos Aires y las principales ciudades argentinas. La movilización buscaba presionar al presidente para que detenga el ajuste sobre el sistema universitario público, que comprende 64 instituciones donde estudian más de 2,1 millones de alumnos, enseñan unos 159.000 docentes y trabajan unos 60.000 empleados, según las fuentes.

**El deterioro del presupuesto universitario**

Desde la asunción de Milei en 2023 hasta la actualidad, las transferencias presupuestarias para las universidades han sufrido una caída acumulada del 45,6%, según denuncia el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Los salarios de profesores y demás trabajadores universitarios han perdido, en el mismo período, más de un tercio de su poder adquisitivo.

De acuerdo con un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología (Ciicti), el presupuesto para las universidades argentinas está en su nivel más bajo desde 1989: antes del ingreso de Milei en la Casa Rosada alcanzaba el 0,718% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que este año es del 0,428% del PIB.

**La ley rechazada por el Ejecutivo**

Para revertir los efectos de la política de ajuste presidencial, un amplio acuerdo opositor aprobó el año pasado en el Congreso la ley de financiamiento universitario. La norma se limita a aumentar los presupuestos del sector a los valores vigentes en 2023, actualizándolos según la inflación. Tendría un impacto estimado del 0,23% del PIB y requeriría, según distintos cálculos, una asignación adicional de entre 2,5 y 3,1 billones de pesos (entre 1.785 y 2.214 millones de dólares). El actual presupuesto universitario, elaborado por el Ejecutivo, incluye 4,8 billones de pesos.

Apenas fue aprobada, Milei vetó la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, las cámaras de Diputados y Senadores rechazaron el veto con mayorías agravadas. El presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Aun así, Milei no cumplió la norma: con un decreto, declaró "suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento".

"La ley de financiamiento universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario", declaró este miércoles el subsecretario Álvarez. El encargado de Políticas Universitarias del Gobierno cuestionó también, en diálogo con la prensa local, la masiva protesta del día previo: "La marcha es política y está organizada por partidos opositores", dijo.

**Los fallos judiciales ignorados**

Ante el incumplimiento del Gobierno, las universidades recurrieron a fines de 2025 a la justicia. En primera y en segunda instancia, los tribunales dictaron una medida cautelar para que, mientras se dirime la cuestión de fondo, el Ejecutivo comience a pagar los aumentos previstos en la ley para salarios de profesores y empleados, así como para las becas estudiantiles.

El juez Martín Cormick sostuvo en su fallo que la Constitución solo prevé, ante el rechazo de un veto presidencial, "la efectiva aplicación de la ley que se trata". Por eso, sostuvo, el decreto de Milei negándose a aplicar la norma parece "reñido con el principio de división de poderes" e incurriría en "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", prolongando un "deterioro salarial" que afecta el derecho constitucional a enseñar y aprender, solo para perseguir "un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global" del Estado.

**La apelación ante la Corte Suprema**

De todos modos, el Ejecutivo se resiste a restituir los fondos recortados a las universidades y apeló ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, alegando una defensa del equilibrio fiscal. El abogado que patrocina a las universidades, Pablo Manili, respondió el planteo oficial.

En diálogo con medios locales, Manili explicó que el Congreso solo debe especificar de dónde surge el financiamiento cuando se trata de nuevas partidas presupuestarias, mientras que en este caso son las mismas partidas, actualizadas por inflación. Y añadió: "Es mentira que quieren mantener el equilibrio fiscal. Si el Gobierno no hubiera bajado el impuesto a los bienes personales para las grandes fortunas, recaudaba el dinero que alcanzaba para pagar esta ley. También eliminó el impuesto a los autos de alta gama, ahí tenían la plata si querían. ¿Otro ejemplo? El presupuesto de los servicios de inteligencia subió en los últimos dos años el 1.000%", apuntó el abogado constitucionalista.

**Implicaciones del conflicto**

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso por el financiamiento universitario representa una prueba crucial para el sistema de división de poderes en Argentina. La negativa de Milei a cumplir una ley aprobada por el Parlamento y respaldada judicialmente plantea interrogantes sobre los límites del poder presidencial y la capacidad del Legislativo para hacer valer sus decisiones.

Para la comunidad académica, la resolución de la Corte Suprema determinará si el sistema universitario público argentino puede recuperar los recursos perdidos durante los últimos años o si continuará el deterioro de salarios, infraestructura y capacidad operativa. La última palabra la tendrán los jueces del máximo tribunal del país, cuya decisión marcará un precedente sobre el equilibrio entre la política fiscal del Ejecutivo y las decisiones legislativas en materia de financiamiento público.