

Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones del circuito de Columbia rechazó por unanimidad la solicitud de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump para invalidar una norma de 2024 que restringe la contaminación por partículas finas, en un revés para la agenda desreguladora del gobierno y sus esfuerzos por impulsar la industria del carbón.
La decisión del tribunal de apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia mantiene intacta, por ahora, un estándar más estricto establecido en 2024 sobre la contaminación proveniente de plantas eléctricas de carbón, fábricas y otras fuentes industriales, según informó The Guardian.
La EPA bajo la administración de Donald Trump solicitó al tribunal de apelaciones el año pasado que invalidara la norma de la era Biden, argumentando que la agencia bajo líderes anteriores había excedido su autoridad estatutaria y actuado de manera irrazonable al no considerar los costos para las empresas afectadas por la regulación.
El tribunal negó la solicitud de la administración Trump, afirmando en una decisión escrita por el juez Douglas Ginsburg que los argumentos de la agencia "carecen de mérito", según el fallo.
**Límites de contaminación y objetivos de salud pública**
La decisión judicial deja en vigor un límite anual de 9 microgramos de contaminación por partículas finas —comúnmente llamado hollín— por metro cúbico de aire, una reducción desde los 12 microgramos establecidos hace más de una década. La norma de la EPA establece un nivel de calidad del aire que los estados y condados deben alcanzar en los próximos años para reducir la contaminación por partículas proveniente de plantas eléctricas, vehículos, sitios industriales e incendios forestales.
La EPA bajo la administración Biden había afirmado que los límites más estrictos prevendrían más de 800.000 casos de síntomas de asma, 2.000 visitas hospitalarias y 4.500 muertes prematuras, según la agencia.
**Oposición de estados republicanos y grupos empresariales**
El intento de la EPA de abandonar la norma de la era Biden se produjo en respuesta a una demanda presentada por 25 estados liderados por republicanos y una serie de grupos empresariales que intentaron bloquear la norma de 2024 en los tribunales. Una demanda liderada por los fiscales generales de Kentucky y Virginia Occidental argumentó que la norma de la EPA aumentaría los costos para fabricantes, empresas de servicios públicos y familias, y podría bloquear nuevas plantas manufactureras.
Un portavoz de la EPA dijo en noviembre que la norma de 2024 costaría "cientos de millones, si no miles de millones de dólares a los ciudadanos estadounidenses" y no se basaba en una revisión completa de la ciencia disponible, según declaraciones recogidas por The Guardian.
La EPA declaró el viernes que estaba revisando la decisión del tribunal.
**Grupos ambientalistas celebran el fallo**
Organizaciones ambientalistas celebraron el fallo como una victoria para la salud pública y un rechazo al administrador de la EPA, Lee Zeldin.
"El aire limpio no es un lujo. El estándar de hollín de 2024 es un avance crítico para la salud pública, proyectado para salvar miles de vidas cada año", dijo Patrice Simms, vicepresidente de comunidades saludables en Earthjustice, una firma de derecho ambiental. "La EPA de Lee Zeldin debe dejar de atender a los contaminadores y en su lugar cumplir su misión de proteger la salud pública", añadió Simms, según The Guardian.
El Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), otro grupo ambiental, señaló que el retraso en la implementación de la norma de 2024 ha significado que millones de estadounidenses continúan respirando niveles insalubres de hollín.
"La ciencia ha sido clara durante mucho tiempo, y ahora la ley también lo es. La EPA debe dejar de estancarse y entregar el aire limpio que la Ley de Aire Limpio requiere", dijo Vijay Limaye, científico de clima y salud del NRDC.
**Contexto político y agenda desreguladora**
El fallo unánime del panel de tres jueces representa un revés significativo para la agenda desreguladora de la administración Trump y sus repetidos esfuerzos por impulsar el carbón, una fuente de energía confiable pero contaminante, según The Guardian.
La decisión judicial subraya las tensiones entre las prioridades ambientales establecidas por administraciones anteriores y los intentos de la actual administración de revertir regulaciones que considera costosas para la industria. El caso refleja el debate más amplio en Estados Unidos sobre el equilibrio entre la protección ambiental, la salud pública y los intereses económicos de sectores industriales tradicionales como el carbón.
La norma de 2024 sobre partículas finas forma parte de los esfuerzos de larga data de la EPA para reducir la contaminación del aire bajo la Ley de Aire Limpio, legislación federal que otorga a la agencia la autoridad para establecer estándares nacionales de calidad del aire. Las partículas finas, o hollín, son especialmente peligrosas porque pueden penetrar profundamente en los pulmones y el torrente sanguíneo, causando problemas respiratorios y cardiovasculares.
**Implicaciones futuras**
Con la decisión del tribunal de apelaciones, la norma de 2024 permanece en vigor mientras continúan los procedimientos legales. Los estados y condados deberán trabajar para cumplir con el límite más estricto de 9 microgramos por metro cúbico en los próximos años, lo que probablemente requerirá inversiones en tecnologías de control de contaminación y posibles restricciones a fuentes industriales.
La administración Trump podría buscar otras vías legales o administrativas para modificar o eliminar la norma, aunque el fallo judicial representa un obstáculo significativo para esos esfuerzos. La decisión también podría influir en otros casos relacionados con regulaciones ambientales que la actual administración ha intentado revertir.
Para millones de estadounidenses que viven en áreas con altos niveles de contaminación por partículas, la decisión significa que las protecciones de salud pública establecidas en 2024 permanecen vigentes, al menos por ahora, mientras continúa el debate legal y político sobre el futuro de la regulación ambiental en Estados Unidos.