La operación Gulupa, coordinada entre autoridades de Colombia y España, ha revelado cómo los carteles de narcotráfico están utilizando criptomonedas para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína. Tras dos años y medio de investigación, este caso se ha convertido en el más importante relacionado con criptoactivos para la justicia colombiana, exponiendo un sofisticado sistema transnacional que mueve millones de dólares fuera del alcance de los sistemas bancarios tradicionales.
La gulupa, una fruta dulce y exótica de cáscara morada ampliamente cultivada en Colombia, ha dado nombre a una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de los últimos años. La operación Gulupa, llamada así porque esta fruta era utilizada para camuflar cargamentos de más de 120.000 toneladas de cocaína, ha puesto al descubierto no solo rutas de tráfico de drogas, sino también sofisticados métodos de lavado de dinero mediante criptomonedas.
Según las autoridades colombianas y españolas que coordinaron la investigación, este caso revela cómo los capos del narcotráfico han evolucionado para ocultar y mover grandes cantidades de dinero fuera del alcance de los bancos tradicionales, manteniendo sus ganancias ilícitas en billeteras digitales. Este entramado delictivo se ha convertido en un mapa para las autoridades, que se ven forzadas a actualizarse tecnológicamente más rápido que los carteles.
Los antecedentes de la operación se remontan a 2021, cuando las autoridades belgas allanaron las oficinas de Sky ECC, un portal de mensajería cifrada utilizado por el crimen organizado. Según una fuente judicial cercana al caso, a la Oficina Europea de Policía (Europol) le tomó más de 3.000 horas descifrar el material alojado en servidores. La investigación reveló que cuatro colombianos utilizaban la plataforma para coordinar envíos de cocaína a Europa.
Un año después, esta información llegó a la dirección de inteligencia de la Policía colombiana. Se trataba de droga proveniente del Clan del Golfo, organización criminal heredera del paramilitarismo que ha expandido sus contactos a Europa y Oriente Medio. Según el expediente, en un solo envío de 200 kilos, el pago al grupo armado ascendió a 25.000 millones de pesos colombianos. La Fiscalía colombiana considera a esta red "la organización con la logística más fuerte de Latinoamérica" para el tráfico de cocaína.
Otras pistas sobre esta red criminal quedaron evidentes en febrero de 2020 en Costa Rica, cuando las autoridades de ese país incautaron 5.048 kilos de cocaína en un contenedor proveniente de Colombia con destino a Róterdam, Países Bajos. Según la Fiscalía colombiana, esta fue la incautación más grande en la historia del país centroamericano.
Las rutas reconstruidas por los investigadores muestran que la droga hacía escala en el Caribe para ser fraccionada y reempaquetada antes de continuar su viaje marítimo. Una parte se dirigía a puertos españoles, mientras otros cargamentos cruzaban el Atlántico por rutas menos convencionales, haciendo escalas en países como Portugal y Bélgica.
En 2022, la Guardia Civil española capturó en Madrid e Ibiza a dos personas implicadas en la red transnacional: Pablo Felipe Prada Moriones, alias "Black Jack", y su hermano Santiago Prada Moriones, alias "Marco", posteriormente solicitados en extradición por Colombia. Meses después, la Policía colombiana detuvo en Pereira a Jimmy García Solarte, señalado de transportar el dinero de las rentas ilícitas, y en Medellín a Brenda Yineth Pineda, representante legal de varias empresas fachada.
Según el expediente judicial, a finales de 2020 la red comenzó a migrar desde sistemas tradicionales de movimiento de dinero hacia operaciones con criptoactivos. A partir de 2022, constituyó empresas intermediarias de activos virtuales en siete países para canalizar recursos ilícitos. Bajo el nombre de B2Tech, estas empresas se establecieron en España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. En este último país, la compañía figuraba como una empresa de servicios de ciberseguridad industrial.
El mecanismo de lavado funcionaba de manera sofisticada: el dinero en efectivo producto de las ventas de cocaína en Europa era concentrado en intermediarios locales que operaban fuera del sistema bancario. Un intermediario recibía el dinero en un país y otro, en una jurisdicción distinta, entregaba al vendedor su equivalente en criptoactivos. Para dar apariencia de legalidad, la red utilizaba plataformas de intercambio y realizaba múltiples transacciones pequeñas. La investigación, que sigue abierta en Colombia, ha determinado que a través de esta modalidad se han ocultado al menos 170.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 46 millones de dólares.
Las autoridades han detectado que otros grupos criminales como las disidencias de las extintas FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras también han comenzado a usar criptoactivos para lavar dinero. En lugar de transportar maletas con billetes, los recursos se convierten en criptomonedas, se mezclan con inversiones legítimas y a veces regresan convertidos en dinero "limpio". Lo que antes se podía rastrear con contadores y bancos ahora se mueve a través de códigos, claves y direcciones digitales, frecuentemente en distintos países.
Entre 2014 y 2021, cuando los criptoactivos apenas comenzaban a ganar popularidad en Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibió 1.379 reportes de operaciones sospechosas relacionadas con posibles esquemas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o delitos similares. Desde entonces, Colombia se ha consolidado como uno de los cinco mayores mercados de criptomonedas de América Latina: solo entre 2023 y 2024 se movieron más de 40.000 millones de dólares en transacciones de este tipo.
Un analista forense de la UIAF explica que el lavado con criptomonedas suele seguir tres etapas. Primero, el dinero ilegal ingresa al sistema cuando es convertido en criptoactivos, directamente o a través de intermediarios, en países con controles débiles o fragmentados. Luego viene la dispersión: los fondos se fragmentan en decenas o cientos de movimientos entre billeteras, plataformas y monedas distintas, para diluir su rastro. Finalmente, parte de esos recursos reaparece integrada a la economía formal, reconvertida en efectivo, utilizada para comprar bienes o canalizada a través de fachadas legales. El resultado es un circuito opaco, transnacional y difícil de seguir en tiempo real.
Aunque las criptomonedas suelen presentarse como imposibles de rastrear, las autoridades colombianas y europeas han comenzado a reconstruir estos circuitos digitales mediante el cruce de transacciones, direcciones virtuales y movimientos repetidos en distintas plataformas. En investigaciones como la operación Gulupa, el seguimiento no se realizó billetera por billetera, sino por patrones: tiempos de transferencia, montos fragmentados, conexiones entre empresas fachada y conversiones simultáneas en varios países. "No hay rastros del dinero lineales como antes, pero es posible seguir su comportamiento", explica el forense citado en la investigación.
Este caso se suma a una tendencia creciente en la que organizaciones criminales internacionales adoptan tecnologías avanzadas para sus operaciones ilícitas. En la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI figuran varios narcotraficantes vinculados al lavado de dinero mediante criptomonedas, como Ryan James Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense señalado por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, quien presuntamente utiliza criptomonedas para lavar dinero en alianza con un joyero canadiense y un exmiembro de las fuerzas especiales italianas.
La operación Gulupa representa un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, demostrando que las autoridades están adaptando sus métodos de investigación a las nuevas tecnologías utilizadas por las organizaciones criminales. Sin embargo, también evidencia los desafíos que enfrentan los organismos de seguridad para mantenerse al día con la rápida evolución de los métodos de lavado de dinero en la era digital.