

El centro de detención del Tribunal Penal Internacional en Scheveningen, La Haya, alberga actualmente a siete hombres acusados de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional. Entre ellos figura el expresidente filipino Rodrigo Duterte, arrestado en marzo de 2025, quien se convirtió en el primer no africano en ingresar a esta prisión atípica donde los guardianes no portan armas de fuego y los detenidos, aún sin condena firme en su mayoría, mantienen la presunción de inocencia mientras aguardan juicio por genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
El complejo de alta seguridad ubicado en Scheveningen, distrito costero de La Haya a dos kilómetros de la playa, no es una cárcel convencional. De los siete internos actuales, seis están a la espera de juicio, en pleno proceso legal o en fase de apelación, según explicó el director del centro, el belga Marc Dubuisson, durante una visita de prensa realizada en mayo pasado.
"Si no te gustan las puertas, no puedes trabajar aquí", comentó uno de los guardianes del centro, después de atravesar numerosas puertas de seguridad. A diferencia de las prisiones tradicionales, los custodios no llevan armas de fuego, pistolas eléctricas ni porras. Solo portan un dispositivo portátil que les permite pedir refuerzos si hay problemas, según constató la corresponsal de EL PAÍS durante la visita.
**Un tribunal para los máximos responsables**
El Tribunal Penal Internacional, creado en 2002, solo se ocupa de los máximos responsables de los mayores crímenes: genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, y agresión entendida como guerra. En toda su existencia ha cursado 34 denuncias, algunas con más de un sospechoso, y ha dictado 61 órdenes de detención, 13 sentencias condenatorias y cuatro absoluciones, según explica la web del tribunal.
El centro de detención abrió sus puertas en 2006. Desde entonces, 22 hombres han pasado por sus instalaciones. Todos los acusados eran africanos hasta la llegada del último inquilino: Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, quien ingresó en marzo de 2025 tras ser arrestado en Manila. Duterte va a ser juzgado por crímenes contra la humanidad por las campañas contra la droga dirigidas en su país entre 2013 y 2018, que se cobraron miles de vidas, según la fuente.
**Presos de alto perfil**
En caso de ser capturados, también serían trasladados a este centro el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre los que pesan órdenes de arresto del TPI. El primero, por crímenes cometidos en la Franja de Gaza. El otro, por la deportación ilegal de niños ucranianos, según la información proporcionada.
En caso de condena, los internos son enviados a cumplir la pena al país que los acepte, en virtud de un acuerdo sellado con el tribunal.
**Los actuales detenidos**
Junto a Duterte, figura Khaled Mohamed Ali El Hishri, un exalto funcionario de la milicia libia Fuerza Especial de Disuasión. La Fiscalía le acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la prisión de Mitiga, donde había mujeres y niños.
También por crímenes de guerra y contra la humanidad está en el centro Mahamat Said Abdel Kani, exgeneral del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana y comandante de Seleka, una alianza de milicias rebeldes mayoritariamente musulmana. Aguarda su sentencia.
Ya condenados y a la espera de recurso están Alfred Yekatom y Patrice Edouard Ngaïssona, dos exlíderes armados de las milicias cristianas Anti-Balaka de la República Centroafricana: en 2025 fueron condenados a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, por crímenes contra la población musulmana. Esperan a que concluyan sus apelaciones.
El sexto interno es el yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, sentenciado en 2024 a diez años de cárcel y que sigue en La Haya hasta que se designe a un país para el cumplimiento final de la pena. Y el último es Alí Abd-Al-Rahman, también conocido como Alí Kushaib. Es un exlíder yanyauid, una milicia árabe sudanesa, con una sentencia de 20 años de cárcel por las atrocidades cometidas en Darfur. Fue emitida en 2025 y él ha apelado.
**Instalaciones y condiciones de detención**
Para acceder como visitante se necesita un permiso especial. Una vez superado un exhaustivo control de seguridad, donde cualquier pitido requiere pasar las veces que sea necesario por el arco detector de objetos metálicos, se cierra la primera puerta interior. En una sala de espera vacía, destacan los anuncios de dos despachos de abogados colgados en unas paredes blancas. A partir de ahí, y pasada una sala de reuniones, superados varios tramos de escaleras y cruzados dos patios, se llega a la zona de los detenidos.
A un lado del pasillo se abre una salita para las visitas, con juguetes para los niños. En una zona cercana, dos celdas con una cama abatible se destinan a los encuentros íntimos, que precisan de autorización. Los detenidos tienen 200 minutos gratis al mes para hablar por teléfono con sus familias, pero presencialmente solo pueden recibirlas una vez al año, durante 10 días. Según explicó Dubuisson, en esos encuentros "hay conversaciones y tensiones al mismo tiempo".
"Aquí todos son iguales. Ya no mandan, como lo hacían en el terreno que pisaron antes de ser trasladados", dijo el director del centro.
Dubuisson remarcó "los grandes delitos contemplados por el TPI", a la vez que recordó que "esta no es una cárcel tradicional". Los detenidos no han sido aún juzgados. Es un lugar donde no se castiga, según sus palabras.
**Facilidades y restricciones**
La cocina está bien equipada y es usada por los internos mismos. Hay también un gimnasio y un pabellón para baloncesto, bádminton o fútbol sala. No se les permite tener teléfono móvil, pero sí utilizar el ordenador —sin acceso a internet— para consultar los documentos del caso correspondiente. En una pequeña biblioteca destacan los libros de viajes, muchas novelas, filosofía, la Biblia y el Corán, y abundantes películas en DVD. Pueden seguir cursos de idiomas, pintura, cocina o informática, y disponen de tres duchas, una lavadora y una secadora. Tienen que lavar su propia ropa.
El recuento de facilidades tiene su lógico reverso: las normas de conducta, que deben cumplirse a riesgo de incurrir en una sanción disciplinaria; los barrotes en las ventanas; y la celda, con una cama, lavabo, inodoro, una mesa y una estantería, parecidos a los de cualquier otra cárcel.
La puerta se cierra con llave entre las 20.30 de la tarde y las 7.00 de la mañana. Permanecen también en la celda entre las doce y la una del mediodía, y entre las cinco y las seis de la tarde. Disponen de una hora de aire libre al día; y, aunque hay tres médicos y enfermeras, las urgencias se cubren en el hospital.
**Quejas y gestión de conflictos**
De momento, las mayores quejas se refieren a la comida, porque la dieta europea difiere de la africana y asiática. "Pasa en todos los centros de detención, y tratamos de acomodar este tipo de peticiones", aseguró el director. Y declaró: "Es un buen indicativo que se quejen de la comida, porque no hay protestas por asuntos más graves".
En unas cajas de la cocina hay ajos y cebollas, patatas y plátanos. En la encimera se descongela una bolsa de salmón junto a una freidora de aire. Disponen de 25 euros semanales para hacer compras adicionales, y "puede haber roces", admitió el director, "pero no como para llamar a la policía".
Aunque hay un protocolo para prevenir el suicidio, si alguien se pusiera en huelga de hambre no se le obligaría a comer. "No le forzaríamos, porque va en contra de sus derechos humanos", aseveró el director. Ante la pregunta de qué ocurriría si lo ordena un juez, sostuvo: "Le diríamos que aquí no se puede".
**Diversidad del personal**
"Tenemos internos de diversos países y tratamos de reflejar esa diversidad en nuestro personal para comprender la complejidad de la situación", afirmó Marc Dubuisson. El equilibrio alcanza a los idiomas, entre los que figuran el árabe y el francés, hablados por los actuales detenidos.
Caben 32 acusados en las dos alas del complejo; en caso de que llegase una mujer, el director explicó que tendrían que "hacer ajustes para instalarla". El centro de detención del TPI representa así un modelo único en el sistema de justicia penal internacional: una prisión sin armas donde los acusados de los crímenes más atroces mantienen sus derechos humanos mientras esperan que la justicia determine su culpabilidad o inocencia.