El Departamento de Justicia estadounidense estableció un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a escuchar y compensar reclamaciones de ciudadanos que afirmen haber sufrido lo que denomina "weaponización" (uso del gobierno como arma) y "lawfare" (guerra legal), según anunció la agencia federal.

El fondo surge como parte de un acuerdo de conciliación en el caso President Donald J. Trump v. Internal Revenue Service (Servicio de Impuestos Internos), presentado en la corte federal del Distrito Sur de Florida. Los demandantes —el presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump y la Trump Organization, LLC— presentaron la demanda tras la filtración de sus declaraciones de impuestos, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Según los términos del acuerdo, los demandantes recibirán una disculpa formal pero ningún pago monetario ni daños de ningún tipo. A cambio de la creación del fondo, acordaron retirar con perjuicio su demanda pendiente y también retiraron dos reclamaciones administrativas, incluyendo las relacionadas con daños resultantes del allanamiento de Mar-a-Lago y la investigación sobre supuesta colusión con Rusia, según el Departamento de Justicia.

"La maquinaria del gobierno nunca debe ser utilizada como arma contra ningún estadounidense, y es la intención de este Departamento corregir los errores que se cometieron previamente mientras se asegura que esto nunca vuelva a suceder", dijo el fiscal general interino Todd Blanche, según el comunicado oficial.

Trent McCotter, subdirector adjunto asociado principal del Departamento de Justicia, añadió que "el uso del poder gubernamental para atacar a individuos o entidades por razones políticas, personales o ideológicas impropias e ilegales no debe ser tolerado por ninguna Administración", según la misma fuente.

El fondo tendrá la facultad de emitir disculpas formales y proporcionar compensación monetaria a los reclamantes. La presentación de una reclamación es voluntaria y no existen requisitos partidistas para presentar una solicitud, según el Departamento de Justicia. Cualquier dinero que quede cuando el fondo cese operaciones revertirá al gobierno federal.

Los 1.776 millones de dólares provendrán del "judgment fund" (fondo de sentencias), una asignación perpetua que permite al Departamento de Justicia resolver y pagar casos, según la agencia. Trimestralmente, el fondo enviará un informe al fiscal general detallando quién ha recibido compensación y qué forma de compensación se otorgó.

Por orden del fiscal general, el fondo puede ser auditado. El fondo debe tomar medidas para proteger información privada y evitar fraudes. El fondo dejará de procesar reclamaciones a más tardar el 1 de diciembre de 2028, según el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia citó precedente legal para este tipo de fondo, destacando el caso "Keepseagle" donde la Administración Obama creó un fondo de 760 millones de dólares para compensar diversas reclamaciones que alegaban racismo contra el gobierno federal durante un período de décadas, según el comunicado.

En el caso Keepseagle, el Departamento de Justicia de Obama resolvió colocando 680 millones de dólares del fondo de sentencias en una cuenta bancaria para que un único administrador de reclamaciones los distribuyera. Cientos de millones de dólares que quedaron en ese fondo fueron distribuidos a organizaciones sin fines de lucro y ONG que nunca presentaron reclamaciones, mientras que cualquier dinero restante en el Fondo Anti-Weaponización revertirá al gobierno federal, según el Departamento de Justicia. El dinero restante del caso Keepseagle terminó siendo más de 300 millones de dólares que fueron distribuidos a entidades que ni siquiera habían presentado reclamaciones, según la misma fuente.

El fondo estará compuesto por cinco miembros designados por el fiscal general. Un miembro será elegido en consulta con el liderazgo del Congreso. El presidente puede remover a cualquier miembro, pero un reemplazo debe ser elegido de la misma manera que fue seleccionado el miembro reemplazado, según el Departamento de Justicia.

El acuerdo pone fin a múltiples disputas legales entre la familia Trump y agencias federales, consolidando en un único mecanismo la resolución de reclamaciones relacionadas con supuestos abusos gubernamentales durante administraciones anteriores. La cifra de 1.776 millones de dólares —que hace referencia al año de la independencia estadounidense— representa más del doble del fondo establecido en el caso Keepseagle.

La creación del fondo plantea interrogantes sobre los criterios que se utilizarán para determinar qué constituye "weaponización" o "lawfare", términos que no tienen definiciones legales establecidas en el derecho estadounidense. El Departamento de Justicia no especificó en su anuncio qué estándares de prueba se requerirán para que los reclamantes reciban compensación ni quiénes serán los cinco miembros que integrarán el fondo.

La medida se produce en un contexto político polarizado donde diferentes sectores del espectro político han acusado a administraciones rivales de utilizar agencias federales con fines políticos. El fondo operará durante aproximadamente dos años y medio, período durante el cual cualquier ciudadano estadounidense podrá presentar reclamaciones sin importar su afiliación política, según el Departamento de Justicia.