El Gobierno español ha desclasificado información sobre el espionaje a los dos exdiputados de la formación anticapitalista e independentista CUP, levantando el secreto de la información clasificada que ahora reposa en manos del juzgado de instrucción 32 de Barcelona. Esta admisión responde a una investigación abierta por uno de los jueces que examina el uso de Pegasus contra líderes independentistas catalanes.
Según el informe del Consejo de Ministros, el CNI "interceptó" las comunicaciones de Fernández y Riera por presuntas "actividades contrarias a la seguridad nacional". El Gobierno sostiene que el espionaje se realizó de forma legal y contó con la autorización del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicios secretos.
El caso de David Fernández presenta particularidades relevantes. Su teléfono fue vigilado durante aproximadamente dieciocho meses, desde finales de 2019 hasta junio de 2020, período que coincide con el momento inmediatamente posterior a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a penas de prisión a los líderes políticos del procés, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras. Aunque Fernández había abandonado la política institucional en ese momento, mantenía vínculos con el movimiento independentista y participaba en las movilizaciones que surgieron tras la resolución judicial.
Fernández no figuraba en la lista de dieciocho personas espiadas por el CNI que la exdirectora del organismo de inteligencia Paz Esteban —actualmente investigada en diversos procedimientos relacionados con el caso Pegasus— facilitó en 2022 a los grupos del Congreso en una comisión parlamentaria celebrada a puerta cerrada. Carles Riera sí constaba en esa lista. Su teléfono fue vigilado entre junio de 2020 y mayo de 2022, período que coincidió parcialmente con su cargo como diputado en el Parlamento de Cataluña.
El Gobierno ha negado, sin embargo, que investigara al exdiputado de la CUP Albert Botran, a pesar de que los informes técnicos del laboratorio Citizen Lab —que destapó los casos de infección con Pegasus— hallaron rastros del software desarrollado por la empresa israelí NSO Group en el móvil de Botran.
La desclasificación de información secreta por parte del Consejo de Ministros permite a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informar sobre la "naturaleza" de las actividades de Fernández y Riera que motivaron el espionaje. No obstante, el Gobierno ha establecido una "ocultación expresa" de los fragmentos de los autos del Tribunal Supremo que autorizaron la vigilancia si estos revelan "las actividades, medios y procedimientos y fuentes de información" del CNI.
Fernández y Riera presentaron una querella por la infección de sus teléfonos móviles con Pegasus tras ser identificados por Citizen Lab, el laboratorio de investigación de seguridad digital que ha documentado múltiples casos de vigilancia con este software en España. El caso del espionaje con Pegasus ha generado una decena de investigaciones abiertas en los juzgados de Barcelona, con distintos recorridos en los procedimientos judicales.
La admisión del CNI sobre el espionaje a los dos exdiputados de la CUP se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de herramientas de vigilancia contra líderes políticos catalanes. El software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, es una herramienta de vigilancia sofisticada capaz de acceder a prácticamente toda la información contenida en un teléfono móvil, incluyendo mensajes, llamadas, ubicación y datos almacenados.