La presentación de estos proyectos ocurrió durante una rueda de prensa en el Capitolio, donde figuras visibles del Pacto Histórico explicaron los principales componentes de las reformas. Según la fuente, el propósito declarado de estas iniciativas es "profundizar" el legado del saliente presidente y hacer oposición "democrática" al nuevo Gobierno.

La reforma tributaria, explicada por la senadora Carolina Corcho, quien encabezó la lista del partido a la Cámara alta, busca que las personas de mayores recursos paguen más impuestos al patrimonio y a la renta. "Desde el Congreso defenderemos los logros sociales de nuestro Gobierno y daremos la batalla por la progresividad fiscal", afirmó Corcho. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aclaró que la propuesta es progresiva y no toca menores ingresos ni la canasta familiar. El proyecto grava los carros de lujo, los yates y las entradas de conciertos que superen los 500.000 pesos, equivalentes a aproximadamente 150 dólares, además de crear nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas. Esta propuesta va en contravía del plan de gobierno de De la Espriella y de la visión de su encargado de hacienda, el economista Miguel Gómez Martínez.

En materia de educación superior, el ministro de Educación Daniel Rojas presentó junto a la representante Isabel Vera, del Valle del Cauca, lo que considera la segunda parte de la reforma a la Ley 30, que regula el derecho a la educación técnica, tecnóloga y universitaria. "Ya logramos un salto en el esquema financiero y ahora vamos por el derecho fundamental a la educación superior", dijo Rojas. "No es una reforma más, es blindar como ley y profundizar lo que el gobierno de Petro logró como derecho para miles de jóvenes". Este proyecto se enfrentará con la nueva ministra de Educación del Gobierno de De la Espriella, la política cristiana Vivian Morales, quien ha expresado su intención de revertir muchas de las apuestas del petrismo en educación superior.

La reforma a la salud, presentada nuevamente por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, mantiene el espíritu de los dos proyectos anteriores que fueron rechazados por el Congreso. Según el ministro saliente, el proyecto "continuará impulsando un modelo basado en la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad". El proyecto conserva la idea de reducir las funciones de las Entidades Promotoras de Salud o EPS, que la administración de izquierda considera causantes de la crisis del sector. "Busca que las EPS no administren los recursos y la eliminación de la integración vertical", explicó Jaramillo. Esta reforma se hundió dos veces en la Comisión Séptima del Senado durante la legislatura anterior.

La ley de jurisdicción agraria fue respaldada por el representante Gabriel Becerra y por la exministra de Agricultura Martha Carvajalino. "No abandonaremos la lucha por la reforma y la justicia agraria", escribió Becerra en sus redes sociales. El proyecto conserva algunas de las propuestas que son innegociables para la izquierda y que evitaron su progreso en el Congreso en la pasada legislatura. Carvajalino señaló que "deberá discutirse sobre el procedimiento, las competencias y los principios que la orientan".

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, respaldó la ley antifracking, que busca evitar que De la Espriella inicie pilotos de fracturación hidráulica del suelo para buscar petróleo y gas. "Primero es el agua, primero es la vida. No es una consigna vacía: es una conclusión respaldada por la ciencia", afirmó Vélez. El proyecto prohíbe el fracking en todas sus modalidades y en cualquier lugar del país.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la radicación del Estatuto del Trabajo y Salario Vital que busca "otorgarle rango de ley al cálculo del salario que le siga permitiendo a los trabajadores y a sus familias cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, entre otros bienes esenciales". Esta medida busca convertir en ley los criterios que usó el Gobierno Petro voluntariamente en diciembre pasado para aumentar de forma histórica el salario mínimo.

A pesar de ser la bancada más grande del fragmentado Congreso, el Pacto Histórico enfrenta limitaciones significativas para aprobar estas reformas. Según la fuente, el partido solo tiene 26 de los 103 senadores y 41 de los 182 representantes a la Cámara. Sin embargo, estos proyectos dejan en el Legislativo un programa político entero que puede producir discusiones y debates, mantener vivas las banderas del progresismo y servir de contraste con las medidas que tome el presidente entrante.

Muchas de las reformas radicadas este martes son promesas incumplidas de los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro. La reforma a la salud se hundió dos veces en la Comisión Séptima del Senado; la tributaria fue archivada en las comisiones terceras y cuartas; y el proyecto de reforma integral a la Ley 30 no se había presentado anteriormente. El contexto político es complejo: De la Espriella ya sumó una fuerte derrota en la elección del presidente del Senado, lo que indica que no tiene mayorías aseguradas en el Legislativo.

La estrategia del presidente entrante se ha enfocado en una batería de decretos que revertirán cambios impulsados por Petro. Por lo menos en un primer momento, esto desviaría los ojos de un legislativo en el que la izquierda tiene un peso significativo, a pesar de no contar con mayoría absoluta. Las reformas radicadas este martes representan un intento de la coalición de izquierda de mantener su agenda política activa y visible durante una legislatura que se perfila como conflictiva y fragmentada.