El reclutamiento infantil en Colombia afecta principalmente a indígenas del Cauca

El reclutamiento de menores en Colombia ha tomado un cariz particularmente alarmante en el departamento del Cauca, donde los niños y jóvenes indígenas se han convertido en las principales víctimas de este flagelo. Según un informe del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) titulado "No parimos hijos para la guerra", en los últimos tres años se han registrado 750 casos de reclutamiento forzado, con el 67% de los incidentes nacionales de 2024 concentrados en esta región del suroccidente colombiano.

El pasado martes, esta realidad quedó expuesta cuando las disidencias del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) utilizaron menores de edad durante un ataque a la estación de policía de Buenos Aires, Cauca, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Tras nueve horas de combates, los habitantes del municipio gritaban desesperados: "Nosotros somos inocentes".

Yiner Quiguantar, líder de la juntanza de jóvenes de la minga del suroccidente, ha dedicado su vida a rescatar menores de las manos de grupos armados ilegales. "Crecer siendo líder aquí es un reto. Todos los días buscamos mantenernos vivos, no únicamente en términos de la vida física, sino de la vida espiritual", relata Quiguantar, quien ha logrado recuperar a decenas de niños y adolescentes, incluyendo a una niña de apenas ocho años en 2022.

Eduin Capaz Lectamo, coordinador del programa Defensa de la Vida y Derechos Humanos del CRIC, explica que diversas formas de violencia han convertido a los niños indígenas en blancos principales de las estructuras ilegales: "Hay violencias directas alrededor de la presencia de los actores armados, hay vulneración de derechos de los menores, hay distintas formas de violencia intrafamiliar o de discriminación de género, entre otras".

A estas vulnerabilidades se suma un factor que resulta atractivo para los grupos armados: la formación política y el conocimiento territorial que poseen los jóvenes de las guardias indígenas, particularmente del pueblo nasa. Según Quiguantar, esta cualidad ha sido perversamente aprovechada por los delincuentes, quienes han creado estereotipos que romantican la participación en el conflicto. "Estereotipos como que los caucanos son guerreros, que están hechos para la guerra, o que están dispuestos hasta a dar la vida, han empeorado estos escenarios de violencias culturales", añade Capaz.

La normalización del reclutamiento ha llegado a tal punto que en muchas comunidades se culpa a las víctimas, ignorando las múltiples vulneraciones que las empujan a caer en estas redes. Quienes se oponen arriesgan sus vidas, como ocurrió con la mayora indígena Carmelina Yule, asesinada en 2024. "Poco a poco, se está destruyendo nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra organización. Están destruyendo el pensamiento y el arraigo territorial", lamenta Capaz.

El informe del CRIC advierte que los grupos ilegales han establecido "centros de entrenamiento" donde inicialmente recluyen a los menores. En algunos casos, tras un período de preparación, los niños son trasladados a otras regiones del país para evitar su deserción. Los líderes indígenas señalan que el subregistro podría ser enorme, estimando que más de 1.000 niños, niñas y adolescentes indígenas del Cauca podrían haber sido incorporados a las filas de las disidencias de las extintas FARC u otros grupos desde 2022.

La evolución del conflicto ha traído consigo nuevas estrategias de reclutamiento. Además de los métodos tradicionales de coacción en escuelas y espacios comunitarios, los grupos armados han encontrado en las redes sociales una poderosa herramienta de propaganda. La organización Vivamos Humanos documentó este fenómeno en su investigación "El algoritmo en el conflicto armado", donde nuevamente el Cauca encabeza los reportes.

En plataformas como TikTok, es fácil encontrar perfiles que parecen ser de combatientes publicando contenidos que idealizan las armas, la guerra y la narco-estética, con rostros visiblemente jóvenes tras los uniformes. "En territorios donde las comunidades advierten la falta de alternativas y la ausencia de una presencia institucional efectiva, estos contenidos funcionan como espejos que normalizan la guerra", señala el documento. La disidencia autodenominada Estado Mayor Central, liderada por alias Iván Mordisco, es identificada como el grupo que más promueve este delito, mientras intenta consolidar su control sobre el Cauca.

La lucha del CRIC y de líderes como Quiguantar contra el reclutamiento infantil ha logrado salvar muchas vidas, aunque frecuentemente lo hacen en silencio y soledad. Los mecanismos estatales continúan siendo ineficientes, y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha alertado sobre el aumento de este fenómeno. Quiguantar, quien recientemente sufrió un ataque junto a un mayor indígena, mantiene su compromiso: "El contexto del departamento nos impulsa a seguirnos organizando, a seguir defendiendo la vida y trabajando en comunidad".

Tanto Quiguantar como Capaz coinciden en la necesidad de alzar la voz y denunciar, pero reconocen que la voluntad no es suficiente. El reciente ataque en Buenos Aires evidencia el largo camino por recorrer. Desde la juntanza de jóvenes de la minga del suroccidente consideran fundamental establecer una interlocución directa con el Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para presentarle estrategias territoriales que han desarrollado. Lamentan que el fracaso de algunos procesos de negociación dentro de la política de "paz total", como el de Mordisco, imposibilite avanzar en acuerdos para prevenir el reclutamiento.

Vivamos Humanos identificó que en al menos seis mesas de diálogo se mencionó la protección de la niñez como un asunto prioritario, pero muchas de estas iniciativas han quedado estancadas.

Quiguantar enfatiza que no solo es necesario mejorar la seguridad, sino también fortalecer la prevención. Pone su propia experiencia como ejemplo, donde el arte ha sido su salvación y la de otros jóvenes que ha recuperado. Insiste en la urgencia de ofrecer alternativas reales frente a las falsas promesas de dinero y poder que promueven los grupos ilegales. Al igual que los habitantes de Buenos Aires tras el ataque, sostiene que los niños y jóvenes del Cauca son inocentes, pero continúan siendo utilizados como punta de lanza del conflicto armado en Colombia.