El Supremo condena al fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia histórica contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitándolo por un delito de revelación de secretos vinculado a la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia, no unánime, condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros de indemnización a González Amador por daños morales. La decisión fue tomada por cinco de los siete magistrados del tribunal, con dos votos particulares en contra de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo.

El caso se originó el 13 de marzo de 2024, cuando se filtró un correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales y proponía un pacto a la Fiscalía. Esta filtración ocurrió después de que El Mundo publicara una información que distorsionaba la realidad de las negociaciones, sugiriendo falsamente que la Fiscalía ofrecía un pacto al empresario.

Durante el juicio, que se celebró entre el 3 y el 13 de noviembre, declararon 40 testigos, incluyendo al propio González Amador, Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Ayuso), periodistas y funcionarios. García Ortiz negó sistemáticamente haber filtrado el correo, manifestando que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".

Los cinco magistrados que votaron la condena fueron Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala Penal), Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela. La sentencia se basa en el artículo 417.1 del Código Penal, que castiga a funcionarios públicos que revelen secretos de los que tengan conocimiento por razón de su cargo.

La inhabilitación de García Ortiz entrará en vigor una vez que se notifique oficialmente la sentencia completa, lo que ocurrirá en los próximos días. Este caso representa un precedente sin precedentes, siendo la primera vez que se condena a un fiscal general del Estado por este tipo de delito.

Algunos testigos declararon que conocían el contenido del correo antes de su filtración, y varios periodistas manifestaron tener acceso previo al documento, aunque se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes.

La decisión del Supremo marca un punto de inflexión en la carrera de García Ortiz y podría tener implicaciones significativas para la percepción pública de la independencia y ética dentro del ministerio fiscal español.