El Consejo de Ministros español aprobó este martes un real decreto ley que amplía el marco temporal para solicitar indemnizaciones como víctimas del franquismo hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución Española, según informó el diario El País. La Ley de Memoria Democrática establecía previamente que el periodo de reconocimiento abarcaba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, por lo que la extensión representa casi un año adicional.

El real decreto ley modifica la Ley 20/2022 de Memoria Democrática mediante un artículo único y seis disposiciones finales, según la fuente. El derecho a indemnización y reparación integral no aplicará a personas que ya fueron indemnizadas en virtud de la Ley de Memoria Histórica de 2007, sin perjuicio de las actualizaciones correspondientes.

Las reparaciones económicas establecidas ascienden a 25.000 euros por víctima fallecida, según el decreto. Los beneficiarios incluyen hijos, cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad. Una de las condiciones para percibir la indemnización señala la imposibilidad de recibirlas para quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas.

El plazo para presentar las solicitudes será de un año, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros, según establece el documento aprobado.

Las víctimas que sufrieron lesiones incapacitantes podrán reclamar indemnizaciones extraordinarias que van desde los 180.000 euros en casos de incapacidad permanente absoluta hasta los 500.000 euros en casos de gran invalidez, según el real decreto ley. Entre los casos que entran en esta categoría figura el de Manuel José García Caparrós, el sindicalista de 18 años asesinado por la Policía mientras participaba en manifestaciones a favor de la autonomía plena andaluza el 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Durante años, sus hermanas han luchado para que su familiar sea reconocido como víctima del terrorismo, según la fuente.

El Ejecutivo también aprobó este martes una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. "El Gobierno condena la actuación desproporcionada de la Policía armada en aquellos sucesos y reafirma el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación", según aparece en la declaración publicada en el 50 aniversario de la tragedia. El documento también "expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares".

Este episodio está considerado como la mayor matanza de la Transición española, según la fuente. En la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria, en marzo de 1976, cinco obreros fueron asesinados a tiros por parte de la policía, que intentaba desalojar a 4.000 personas que participaban dentro de la parroquia en una asamblea de trabajadores. Más de un centenar acabaron heridas por la represión de los agentes, al menos 42 de ellas por armas de fuego.

En el mismo lugar de los hechos murieron Pedro María Martínez, de 27 años, y Francisco Aznar, de 17 años, según el relato de los acontecimientos. Romualdo Barroso, de 19 años, gravemente herido, expiró poco después. Dos de los otros 42 heridos de bala, José Castillo, de 32 años, y Bienvenido Pereda, de 30 años, fallecieron posteriormente.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, descubrieron este lunes una placa en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria que la declara "lugar de Memoria Democrática", según informó El País. "Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga", dijo Martínez durante el evento del lunes.

La ampliación del periodo de reconocimiento hasta 1978 permite incluir casos que ocurrieron durante los primeros años de la Transición, cuando aún se producían episodios de violencia política y represión policial heredados del régimen franquista. La fecha límite del 29 de diciembre de 1978 marca simbólicamente el inicio del marco constitucional democrático español.

La medida representa un paso adicional en las políticas de memoria histórica impulsadas por el Gobierno español para reconocer y reparar a las víctimas de la dictadura franquista y del periodo de transición hacia la democracia. Las indemnizaciones buscan proporcionar una reparación económica a familias que durante décadas han reclamado el reconocimiento oficial de sus seres queridos como víctimas de la represión.