España busca proteger derechos digitales con nueva ley contra los 'deepfakes'

El Gobierno de España ha dado un paso significativo para combatir los riesgos de la inteligencia artificial (IA) al aprobar un anteproyecto de ley orgánica que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la manipulación digital, especialmente en el caso de los 'deepfakes'.

Según informó la ministra Portavoz, Elma Saiz, el nuevo texto legislativo considera ilegítimo el uso sin autorización de imágenes o voces creadas, simuladas o manipuladas mediante tecnologías de inteligencia artificial. La normativa surge tras casos como el reciente escándalo de imágenes sexualizadas de menores generadas por herramientas como Grok, la plataforma de IA de la red social X.

Entre las principales medidas del anteproyecto destacan:

1. Elevar a 16 años la edad para dar consentimiento sobre el uso de la propia imagen.

2. Permitir que los ciudadanos prohíban mediante testamento la utilización futura de su imagen o voz con fines comerciales.

3. Establecer criterios para calcular indemnizaciones por vulneración de derechos, considerando factores como repercusiones sociales y reincidencia.

4. Contemplar excepciones para personas públicas cuando las técnicas se usen en contextos creativos, satíricos o de ficción, siempre que se especifique claramente el uso de IA.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha advertido sobre los múltiples riesgos asociados a estas tecnologías, que van desde la sexualización de contenidos hasta la atribución de hechos falsos y el daño en relaciones personales.

El texto forma parte del Plan de Acción para la Democracia y requerirá mayoría absoluta en el Congreso para su aprobación definitiva. Aunque algunos expertos como Borja Adsuara consideran que la norma es más un anuncio que un cambio sustancial, representa un intento de adaptar la legislación a los desafíos tecnológicos del siglo XXI.

A nivel internacional, otras instituciones como la Comisión Europea también están investigando estos fenómenos, con países como Francia, Malasia e Indonesia tomando medidas contra plataformas que permiten la generación de contenido manipulado.

La nueva legislación busca establecer un marco legal que proteja la dignidad y los derechos individuales en un entorno digital cada vez más complejo y susceptible de manipulación.