España cierra el 12 de junio la vía exprés que regularizó a 240.000 venezolanos en ocho años
Internacional

España cierra el 12 de junio la vía exprés que regularizó a 240.000 venezolanos en ocho años

El Ministerio del Interior de España ha formalizado el cierre de los permisos de residencia por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos, una vía que desde 2018 permitió regularizar casi automáticamente a cerca de 240.000 personas. A partir del 12 de junio de 2026, no se concederán ni renovarán estas autorizaciones, según un oficio interno de la Dirección General de Protección Internacional al que tuvo acceso El País. El Gobierno español vincula la medida a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que obliga a separar los permisos humanitarios del sistema de asilo.

INTERNACIONAL13 MAY 2026

España pondrá fin en apenas un mes a la vía exprés que desde 2018 ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación casi automáticamente, según informó El País. El Ministerio del Interior ha formalizado la decisión en un oficio interno en el que detalla el marco legal que sustenta el cierre de los permisos por razones humanitarias y fija las fechas exactas de la transición. A partir del 12 de junio de 2026, no se podrán conceder ni renovar estas autorizaciones de residencia temporal, independientemente de cuándo se hubiera presentado la solicitud, según el documento.

El oficio, elaborado por la Dirección General de Protección Internacional, vincula la medida a la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que arranca precisamente en esa fecha, según El País. La nueva normativa comunitaria obliga a que los permisos humanitarios que cada país concede por su cuenta no se tramiten ni confundan con el asilo, el sistema de protección reservado a quienes huyen de sus países porque su vida corre peligro por guerras o persecución.

El problema, según se desprende del documento, es que España venía haciendo precisamente eso: concediendo permisos de residencia humanitarios a través del mismo organismo y del mismo circuito que gestiona el asilo, algo que ya no será compatible con las nuevas reglas europeas, según la fuente. De esta forma, el Gobierno español presenta el cierre no solo como una decisión propia, sino como una obligación legal impuesta desde Bruselas.

Desde que se abrió esta puerta específica en 2018, España ha concedido en torno a 240.000 autorizaciones de este tipo a ciudadanos venezolanos, según El País. En algunos años, supusieron más del 95% de todos los permisos por razones humanitarias concedidos en el país, y las cifras no dejaron de crecer hasta alcanzar las 50.000 concesiones anuales en 2025, según la información publicada. Lo que comenzó como una excepción justificada por la represión y el deterioro de la situación en Venezuela terminó convirtiéndose en un canal estructural que contribuyó al colapso del sistema, incapaz de gestionar la avalancha de solicitudes con los recursos disponibles, según se desprende del documento.

En paralelo, el Ministerio de Migraciones deberá buscar fórmulas para que quienes ya no puedan acogerse a esa figura no se queden sin documentación, según El País. Los titulares de autorizaciones humanitarias anuales ya concedidas pueden solicitar su conversión a otro tipo de permiso de residencia y trabajo desde el pasado 16 de abril. Para quienes aún no hayan dado ese paso, el margen se estrecha: a partir del 12 de junio no habrá nuevas concesiones que alimenten ese circuito, según la fuente.

Fuentes gubernamentales defienden que se trata de un cambio de forma, pero no de fondo, y que las razones humanitarias se seguirán tramitando por un nuevo cauce, según El País. En la práctica, sin embargo, la decisión supone el fin de una vía privilegiada. Las autorizaciones humanitarias fuera del sistema de protección internacional son residuales y suelen estar vinculadas a circunstancias muy concretas, como las médicas, según la información publicada. Para los venezolanos que pensaban emigrar a España, los trámites se complicarán y el tratamiento será, a partir de ahora, el de cualquier otro extranjero.

La medida llega en un contexto político cambiante. La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el proceso de transición tutelado por Estados Unidos han alterado el escenario que justificó en su momento el trato excepcional, aunque la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez lidere ahora el país y la situación siga siendo incierta, según El País. Mientras tanto, la comunidad venezolana en España ha pasado de 255.000 personas en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad, de las cuales más de 250.000 ya tienen nacionalidad española, según los datos publicados.

La decisión de acabar con esta vía exprés, adelantada por El País en marzo, generó una ruidosa polémica en redes sociales, según la fuente. La propia diáspora venezolana fue muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, y hubo una oleada de reproches que vinieron incluso de aquellos que se beneficiaron en su día de esos mismos permisos humanitarios para regularizar su situación. Las redes se llenaron de críticas contra Sánchez, al que se acusó de dar la espalda a los venezolanos y ser cómplice del chavismo, según El País.

La condena, sin embargo, pasaba por alto que España ha sido uno de los países más generosos del mundo a la hora de acoger a la diáspora venezolana, según la fuente. El país, destino de exiliados ilustres como Leopoldo López o Edmundo González, flexibilizó trámites y se convirtió en el destino de cerca de 700.000 venezolanos que residen hoy en territorio español, con cifras y facilidades que ningún otro Estado europeo puede igualar, según El País.

SIGUE LEYENDO
MÁS DE INTERNACIONAL