España rechaza por segunda vez la moratoria antidesahucios y deja sin protección a 60.000 familias vulnerables

El Pleno del Congreso rechazó el Real Decreto-ley 2/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de febrero y publicado en el Boletín Oficial del Estado dos días después, según informó el propio Congreso. La votación arrojó 177 votos en contra, 172 a favor y una abstención, replicando el resultado que ya había tumbado el decreto ómnibus a finales de enero, según las fuentes consultadas.

La moratoria antidesahucios, contenida originalmente en el Real Decreto 11/2020, fue creada durante la pandemia de Covid-19 para proteger a inquilinos vulnerables que no podían hacer frente al pago del alquiler por circunstancias sobrevenidas. La medida, concebida inicialmente como excepcional, se ha prorrogado de forma sistemática durante seis años consecutivos, según El País. La última prórroga pretendía extender la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026.

El texto rechazado incluía una modificación sustancial pactada con el PNV: eximía de la obligación de aceptar la moratoria a los arrendadores que poseyeran una o dos viviendas, según Idealista. Estos propietarios podrían desahuciar a inquilinos que no pagasen sus rentas pese a encontrarse en situación de precariedad, dejando en manos de los servicios sociales la búsqueda de una solución habitacional alternativa. Sin embargo, esta concesión no logró atraer el voto de Junts, que junto a PP y Vox rechazó la propuesta.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lamentó la falta de apoyos en el Congreso y acusó a los partidos que rechazaron el decreto de utilizar "bulos y mentiras" que relacionaban los casos de vulnerabilidad social con la delincuencia, según El Mundo. Rodríguez garantizó que comenzará a trabajar con los ministerios de Justicia y Derechos Sociales para buscar respuestas a los afectados.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, tres de cada diez personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, definido como ingresos que no alcanzan el 60% de la renta mediana, según El País. Esta situación financiera delicada se refleja en el número de desalojos: en 2024 se practicaron 27.564 desahucios, un 3,4% más que en 2023, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 74,5% de estos desahucios se debieron a impagos del alquiler, mientras que el 18,4% correspondió a ejecuciones hipotecarias.

Las cifras actuales quedan muy por debajo de los más de 60.000 desahucios anuales que se ejecutaban en los años posteriores a la Gran Recesión, según El País. Sin embargo, los desahucios por impago del alquiler han aumentado su proporción sobre el total año a año en la última década: en 2014 representaban el 53% de todos los lanzamientos.

El Ministerio de Vivienda contabiliza más de 60.000 desahucios evitados desde 2020, según El Mundo. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicat de Llogateres y Amnistía Internacional comparten esta cifra y sostienen que el rechazo de la moratoria afecta a 60.000 familias de hogares vulnerables. Por su parte, la Plataforma Afectados por la Ocupación calcula 80.000 propietarios con inquilinos acogidos a la condición de vulnerables en España, según El Mundo.

No existe una base de datos actualizada sobre viviendas en alquiler en España. La estimación más aproximada la ofrece el INE y las cuantifica en cerca de cuatro millones, según El País. Esta ausencia de estadísticas homogéneas impide determinar con precisión cuántas familias vulnerables residen en viviendas de propietarios con uno o dos inmuebles, aunque con la caída del decreto este detalle carece de importancia porque la moratoria dejará de aplicarse en todos los casos.

El Consejo General del Poder Judicial no dispone de estadísticas sobre cuántos desahucios se han evitado al identificarse inquilinos vulnerables, según El Mundo. La información sobre casos atendidos correctamente, es decir, con oferta de vivienda alternativa, corresponde a los Servicios Sociales, lo que obliga a solicitar datos individualmente a las comunidades autónomas, que en muchos casos derivan a juzgados municipales o ayuntamientos.

El Sindicat de Llogateres de Cataluña, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y el Observatorio Desca cifran en 70.000 los desahucios paralizados por el escudo social que se reactivarán tras el rechazo parlamentario, según El Mundo. Esta última plataforma calcula que desde 2020 sólo se ha dado una alternativa temporal a un 2% de los desahucios impedidos, considerando tanto casos hipotecarios como de alquiler.

Ricardo Elvira, portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación, declaró a El Mundo que "una vez que ha caído un decreto dos veces, hay que tumbar las medidas del todo" o aplicar otro sistema. Reclama que sean los organismos públicos quienes faciliten una solución habitacional estable a las familias incapaces de permitírsela, en lugar de trasladar el coste a propietarios particulares.

Katty Díaz, presidenta de la Asociación de Pequeños Propietarios ante la Inseguridad Jurídica (Aprovij), celebró el fin de "una medida que nunca debió durar seis años", según El Mundo. "Una medida que nació como excepcional en 2020 terminó convirtiéndose en permanente. Durante todo este tiempo, el Estado no asumió el coste de su política social: lo trasladó a propietarios concretos", declaró. Díaz insiste en que la vulnerabilidad existe y debe atenderse, pero no a costa de la propiedad privada mientras la Administración no crea alternativas reales.

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, lamentó "la patada a los vulnerables" y pidió un cambio en las medidas que aplican las administraciones públicas para proteger el derecho a la vivienda, según El Mundo. "Medidas estructurales, que no dependan de la aritmética parlamentaria" y que protejan a la población ante el "inasumible precio del alquiler", declaró. Morote avanzó una ronda de manifestaciones y protestas a nivel nacional, al igual que el Sindicat de Llogateres.

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, declaró a Libertad Digital que "siempre es una gran alegría ver cómo un decreto que nos lleva hundiendo desde el 2020 decae. Pero no es una felicidad plena, porque sabemos que el Gobierno volverá a intentar engañar a la sociedad española con otro decreto para seguir camuflando su desatención hacia las familias vulnerables".

Bravo añadió que el objetivo final de su organización es "llegar a la total derogación del mismo y a la aprobación de una ley antiokupas integral que proteja los derechos de los afectados por allanamiento, usurpación, precarios, inquiokupación y a todos los vecinos convivientes con okupas e inquiokupas", según Libertad Digital. "Desde hoy, los abogados ya pueden pedir que continúen los procedimientos para que haya una sentencia o se ejecuten los procedimientos. Si bien esperamos que haya un cierto cuello de botella porque va a haber muchas solicitudes", explicó.

La caída del decreto debe hacerse oficial en el Boletín Oficial del Estado y dejará de tener efectos jurídicos de forma inmediata, habitualmente el día posterior a su publicación, según Idealista. Existen dudas sobre el plazo límite que tienen los propietarios para solicitar la compensación económica prevista en el decreto por el importe que han dejado de percibir vía rentas.

Fuentes inmobiliarias consultadas por Idealista explican que "lo que queda por delante es todo incertidumbre". Para los grandes propietarios, el levantamiento de suspensión no es automático, ya que deben seguir los trámites de la Ley de Vivienda, que exige presentación de informes de servicios sociales, actuaciones de intermediación y conciliación y períodos mínimos de suspensión. "Estos trámites, que pueden llegar a durar hasta ocho meses, no tienen cobertura alguna; es decir, no hay compensaciones para esta nueva fase de suspensión", señalan.

Las compensaciones solicitadas tienen que seguir su tramitación, con mucha casuística, especialmente cuando la compensación se solicita antes de recuperar la posesión, según Idealista. "Algunas comunidades autónomas están reconociendo la compensación hasta la fecha de solicitud, pero no actualizan el pago para cubrir todo el tiempo que la suspensión se ha mantenido. Por tanto, quedará un vacío entre la no convalidación y la fecha en la que efectivamente se haga efectiva la recuperación de la posesión, que con casi toda seguridad no estará cubierto", advierten.

Pedro Bretón, consejero delegado de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), afirmó que la prórroga reiterada de la moratoria desde 2020 ha sido un foco de incertidumbre e inseguridad jurídica para los propietarios, lo que ha provocado una contracción progresiva de la oferta de viviendas de alquiler en el mercado, según Idealista. "Lo que presiona al alza los precios y dificulta el acceso a la vivienda precisamente a quienes se pretende proteger", declaró.

Según Bretón, esta medida ha aumentado el riesgo jurídico de los arrendadores y ha llevado a muchos pequeños propietarios a vender viviendas, no renovar contratos o mantener sus viviendas cerradas ante el "temor" a procesos largos e inciertos, según Idealista. Desde SEAG piden "estabilidad normativa, incentivos adecuados y mecanismos que aporten confianza" para impulsar el mercado del alquiler en España.

El contexto de la okupación ilegal en España muestra que entre 2023 y 2024 los hechos conocidos de allanamientos y usurpaciones crecieron un 7,4%, al subir de 15.289 a 16.426, según datos del Ministerio del Interior citados por El País. Se trata del primer incremento en tres años y el más elevado porcentualmente desde 2021, cuando fue del 16,8%.

El Código Penal español no habla de okupación como tal, sino que la asimila a la usurpación, definida como la entrada en un inmueble deshabitado, normalmente sin violencia y contra la voluntad del propietario que no vive en él, según El País. El allanamiento de morada, por el contrario, se da cuando alguna persona entra o permanece en una vivienda habitada sin permiso. En este caso se considera un delito grave y, una vez que el propietario acredita que se trata de su morada, el episodio se debe resolver con un desalojo en 24 horas.

Las infracciones penales que registró el Ministerio del Interior en 2024 fueron más de 2,4 millones: las usurpaciones y allanamientos suponen menos de un 0,7% de los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad, según El País. En 2024 se superó la barrera de las 10.000 detenciones hasta alcanzar los 11.133 sujetos involucrados, la cifra más elevada en más de una década. El número de víctimas se situó en 7.756 personas.

Teniendo en cuenta que en España hay algo más de 27 millones de viviendas, el fenómeno de la okupación afecta a un 0,06% de ellas, según El País. La provincia de Barcelona concentra un tercio de los hechos conocidos en 2024, con 5.077, muy por delante de Madrid (1.451) y Girona (940). Tomando como referencia la tasa por cada 100.000 habitantes, Girona encabeza la lista (114,5) seguida de Tarragona (91,1) y Barcelona (86,4), evidenciando que la mayor tensión se concentra en la zona noreste del país.

El INE ofrece datos sobre condenas derivadas de denuncias presentadas. En 2024, las condenas por usurpaciones pasaron de 2.874 a 3.301, un 14,85% más, según El País. Las referidas a allanamientos se incrementaron un 26,6%, de 218 a 276, el registro más elevado de los últimos seis años desde 2018, cuando la cifra fue de 285.

José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, explicó a El País que detrás de una aparente estabilización en el número de delincuentes se encuentra un modelo de negocio. "No buscan okupar los inmuebles para quedarse en ellos, sino que entran y piden dinero a los propietarios para abandonarlos", declaró. El experto matizó que en este grupo de infractores hay "mucha rotación" y que juega a su favor la lentitud de los procesos de lanzamiento, lo que provoca que muchos propietarios prefieran pagar para recuperar sus viviendas.

Respecto al concepto de inquiokupación, que se refiere a personas que dejan de pagar el alquiler después de firmar el contrato y se niegan a abandonar la propiedad alegando vulnerabilidad, no existe una tabla estadística que contabilice este fenómeno, según El País. Una aproximación es revisar el número de sentencias estimatorias contra el inquilino por falta de pago de la renta o fianza. El CGPJ muestra que el número mantiene una senda descendente: de 14.514 en 2021 a 13.503 en 2022, 10.805 en 2023 y 10.154 en 2024. En los tres primeros trimestres de 2025 hubo 7.630, algo más de los 7.560 del mismo periodo del año anterior.

"Se está hablando de este fenómeno como algo actual, y lo cierto es que viene sucediendo desde hace muchos años", declaró Montalvo a El País. En su experiencia, el fenómeno de alquilar una vivienda y dejar de abonar la mensualidad al poco tiempo es un problema crónico que "siempre ha sido muy difícil de resolver" para los propietarios. "Aunque no se hubiera producido ninguna okupación nunca, basta con que el propietario sienta el miedo de que le puede pasar para que decida salirse del mercado del alquiler", reflexionó.

El IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en España, de Foessa y Cáritas, señala que se necesitan "medidas urgentes de calado", según El Mundo. En 2013, el 57% de los hogares vulnerables tenía una vivienda en propiedad, aún con pagos pendientes, pero ahora esa proporción cae al 30%. Hay un señalado auge de las formas de acceso en precario, sea con vivienda facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio: ha pasado del 2,4% en 2018 al 6,3% de la población en 2024.

A pesar del crecimiento económico del país, no ha habido una distribución uniforme de la riqueza que reduzca la diferencia entre hogares, pero sí hay en común "una emergencia social", que es la vivienda y su gasto creciente, según el informe citado por El Mundo. Los autores estiman 6,8 millones de personas en España realizando un sobreesfuerzo económico para costear la vivienda.

Además de la suspensión de desahucios, el decreto rechazado incluía la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar a colectivos vulnerables y la extensión de los descuentos del bono social hasta final de año, según Idealista. También recogía medidas en materia de empleo que impedían a las empresas beneficiarias de ayudas públicas realizar despidos justificados en los costes energéticos o en causas relacionadas con la invasión de Ucrania. Extendía determinados incentivos fiscales para pequeños autónomos o ligados a los vehículos eléctricos en impuestos como el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, e incluía medidas fiscales para los afectados por la DANA de Valencia de 2024.

En la misma sesión plenaria, el Congreso convalidó el decreto sobre la revalorización de las pensiones, con 317 votos a favor y 33 en contra, según Idealista. Queda confirmada la subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. También la revalorización del 11,4% de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

También recibió respaldo el decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), que oscilan entre los 2.404 y los 84.141 euros en función de los daños sufridos, y alcanza los 72.121,46 euros en caso de fallecimiento, según Idealista. Este decreto obtuvo 349 votos a favor y uno en contra. Ambos textos se tramitarán como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Decayó también el decreto que modificaba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para dar potestad al Gobierno de establecer un tope a los precios en situaciones de emergencia, fijando que el precio no podrá ser superior al máximo que tuvo en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación, según Idealista. Este real decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 10 de febrero y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero no salió adelante tras registrar 172 votos a favor, 177 en contra y una abstención.