Estados Unidos atraviesa un momento crítico en el debate sobre la pena capital, con estados adoptando posiciones radicalmente opuestas que reflejan profundas divisiones sobre el castigo máximo en el sistema judicial estadounidense.

En Carolina del Norte, el presidente Donald Trump generó controversia durante su discurso del Estado de la Unión al afirmar falsamente que DeCarlos Brown, acusado del asesinato de Iryna Zarutska en un tren ligero de Charlotte, era un inmigrante indocumentado que "entró por fronteras abiertas", según The Assembly. Brown, de 34 años, nació en Charlotte y tenía licencia de conducir, según registros judiciales. La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no explicó la conexión con fronteras abiertas y declaró que "los demócratas protegen a asesinos e inmigrantes ilegales sobre ciudadanos estadounidenses".

El caso de Zarutska impulsó la aprobación de la "Ley de Iryna" por la Asamblea General de Carolina del Norte, firmada por el gobernador Josh Stein, que restringe la fianza sin efectivo y busca reactivar la pena de muerte del estado, inactiva desde hace tiempo, según The Assembly. Republicanos habían culpado al exgobernador Roy Cooper, ahora candidato al Senado, de liberar anticipadamente a Brown de prisión, aunque registros muestran que Brown fue liberado en septiembre de 2020 tras cumplir una sentencia mínima obligatoria de 73 meses por robo a mano armada, antes de que Cooper firmara un acuerdo en febrero de 2021 para liberar a 3.500 reclusos no violentos durante la pandemia.

En Carolina del Norte también se presentó una moción para considerar la pena de muerte contra Gudrun Casper-Leinenkugel, acusada de asesinar a su hija y de intento de asesinato contra el novio de la hija y otra hija al envenenar vino con un químico tóxico durante una cena de Acción de Gracias en noviembre, según WHNS. La última mujer ejecutada en Carolina del Norte fue en 1984.

Ohio enfrenta un escenario diferente. El gobernador Mike DeWine, quien ha pospuesto todas las ejecuciones desde enero de 2019 citando problemas para obtener drogas de inyección letal, ha indicado que anunciará su oposición personal a la pena de muerte "en las próximas semanas", según declaró a cleveland.com. Ohio no ha ejecutado a nadie desde julio de 2018, casi ocho años, según WOSU.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes de Ohio, Matt Huffman, republicano de Lima, prometió "oposición vigorosa" a cualquier intento de abolir la pena capital, según cleveland.com. Huffman señaló que "probablemente muchos" republicanos de la Cámara, que controlan casi dos tercios del cuerpo legislativo, comparten su posición. "Simplemente no creo que eso vaya a suceder", dijo sobre un proyecto de ley de abolición.

Huffman criticó a DeWine por posponer cinco veces en siete años la ejecución de Cleveland Jackson, condenado junto a su medio hermano Jeronique Cunningham por asesinar a Leneshia Williams, de 17 años, y Jayla Grant, de 3 años, además de disparar a seis adultos durante un robo relacionado con drogas en un apartamento de Lima en 2002. "Todos hemos escuchado la frase 'justicia retrasada es justicia negada', pero ese individuo debería ser ejecutado por lo que hizo", declaró Huffman según cleveland.com.

El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Ohio, Dani Isaacsohn de Cincinnati, dijo oponerse personalmente a la pena capital: "No creo que el gobierno deba estar en el negocio de matar personas", según WOSU. Actualmente hay 109 hombres y una mujer en el corredor de la muerte de Ohio, según datos del Departamento de Rehabilitación y Correcciones.

La Asamblea General de Ohio, dominada por republicanos, ha estado en un punto muerto casi total sobre la pena de muerte en años recientes, sin avanzar proyectos de abolición ni propuestas para revivirla mediante gas nitrógeno u obtener drogas de inyección letal de la administración Trump, según cleveland.com.

Vivek Ramaswamy, favorito para la nominación republicana a gobernador de Ohio, dijo apoyar el castigo capital cuando sea apropiado pero no busca cambiar las leyes estatales, según cleveland.com. Amy Acton, presunta nominada demócrata y exdirectora de salud estatal bajo DeWine, ha dicho que continuaría la moratoria de facto de su exjefe hasta que la legislatura acuerde una solución bipartidista.

En Wisconsin, legisladores están circulando un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte para ciertos delitos sexuales contra menores, según WKOW. Wisconsin fue el primer estado en abolir permanentemente la pena capital en 1853. El proyecto, inspirado en legislación de Alabama, apunta a agresión sexual de primer grado contra menores de 13 años que resulte en daño corporal grave o relaciones sexuales con menores de 12 años, requiriendo evidencia de ADN para aplicar la pena de muerte.

El senador Chris Kapenga, republicano de Delafield y coautor del proyecto, declaró: "El objetivo de aprobar un proyecto de ley como este es tener un impacto positivo en la sociedad eliminando los crímenes más atroces. Al tomar esta postura agresiva, podemos hacer una diferencia real protegiendo a nuestros niños. La realidad es que el tiempo en prisión no asusta a este tipo de individuos, pero esto captará su atención", según WKOW.

Expertos en defensa infantil advierten sobre consecuencias no deseadas. Jennifer Ginsburg, directora ejecutiva del Centro de Defensa Infantil Safe Harbor en Madison, expresó preocupación: "A veces el agresor le dice al niño que mantenga esto en secreto, porque 'podría ir a la cárcel'. Si una de las penalidades potenciales es la muerte, mi preocupación sería que haría a los niños menos propensos a contarle a un adulto que alguien los está abusando sexualmente", según WKOW. Con la asamblea estatal clausurando el año la semana pasada, el proyecto probablemente no verá movimiento real en los próximos meses.

A nivel federal, la representante Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, introdujo la Ley de Pena de Muerte para Violadores de Niños, que autorizaría el castigo capital para individuos condenados por abuso sexual agravado, abuso sexual de menores y delitos de contacto sexual abusivo contra niños bajo ley federal y violación de menores bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, según su oficina. "No tenemos misericordia para violadores de niños. Quienes atacan a nuestros más vulnerables merecen la consecuencia más dura que podemos entregar", declaró Mace.

En Carolina del Sur, el fiscal federal del estado busca la pena de muerte para Jaremy Alexander Smith, de 35 años de Marion, acusado de secuestrar y asesinar a la paramédica Phonesia Machado-Fore, de 52 años, de su casa en marzo de 2024, según anunció el fiscal estadounidense Bryan Stirling. Este sería el primer caso federal de pena capital en el estado desde que el expresidente Joe Biden conmutó casi todas las sentencias de muerte federales a cadena perpetua en diciembre de 2024, según The Post and Courier.

Smith ya cumple cadena perpetua en prisión federal en Nuevo México por matar al oficial de policía estatal Justin Hare dos días después de la muerte de Machado-Fore. Al menos tres personas más han enfrentado la pena de muerte en casos federales desde que el presidente Trump asumió el cargo, según The Post and Courier.

Tres hombres condenados por crímenes en Carolina del Sur estaban entre los 37 prisioneros a quienes Biden concedió cadena perpetua. Dylann Roof, sentenciado a muerte en 2017 por matar a tiros a nueve feligreses en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel en Charleston en junio de 2015, es una de tres personas que permanecen en el corredor de la muerte federal. Citando su conciencia, Biden dejó en el corredor de la muerte solo a quienes fueron condenados por crímenes motivados por odio y terrorismo, según The Post and Courier.

Trump no tiene tales reparos. Instruyó al fiscal general de la nación a buscar sentencias de muerte para "los peores de los peores", según The Post and Courier. El año 2025 vio el mayor número de ejecuciones en más de una década, con 47 hombres ejecutados en 11 estados, casi el doble que en 2024, según Angelus News.

California presenta el escenario más complejo. El estado tiene el mayor número de reclusos en el corredor de la muerte: aproximadamente 580 (incluyendo 18 mujeres), aunque no ha habido ejecución en California en 20 años, según Angelus News. En 2019, el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva pausando la práctica de la pena de muerte, aunque sigue siendo legal.

Dos tercios de los condenados han estado en el corredor de la muerte por más de 20 años, y una proporción significativa por 40 años. Un número desproporcionado son personas de color (68%), según Angelus News. El estado continúa gastando decenas de millones de dólares anualmente manteniendo el sistema de pena de muerte y manejando las numerosas apelaciones.

Aundré M. Herron, abogado cuyo hermano mayor fue asesinado, resumió la crítica a la pena de muerte en un ensayo en Sacramento Bee: "No disuade el crimen. No se administra justa o equitativamente. No trae cierre. En cambio, ata para siempre a los sobrevivientes de la víctima y a toda la sociedad al acto de asesinato vengativo ritualístico. Nos está costando una fortuna, fiscal y esespiritualmente. Se interpone en el camino de nuestra capacidad de estar a la altura de nuestros ideales más altos respecto a la justicia y la santidad de la vida. Es uno de nuestros fracasos de política pública más colosales y debería ser abolido sin demora", según Angelus News.

Una campaña para apelar a Newsom a promulgar clemencia universal para los reclusos del corredor de la muerte de California ha comenzado, apoyada por la Conferencia Católica de California, la ACLU, la Campaña Estadounidense para Terminar la Pena de Muerte (Proyecto Octava Enmienda) y la Red Católica de Movilización, entre otras organizaciones, según Angelus News. En Los Angeles, el condado de California con el mayor número de condenas de pena de muerte, habrá un mitin y servicio de oración interreligioso en la Universidad Loyola Marymount el 25 de marzo, con una campaña de postales dirigida a Newsom.

El Papa León XIV, siguiendo los pasos de sus tres predecesores, también ha hablado contra la pena de muerte, más recientemente ante una reunión de diplomáticos en enero. Refiriéndose al recién concluido Jubileo de la Esperanza, dijo que era su deseo que "el espíritu del Jubileo inspire permanente y estructuralmente la administración de justicia, para que las penas sean proporcionales a los crímenes cometidos, se garanticen condiciones dignas para los prisioneros y, sobre todo, se hagan esfuerzos para abolir la pena de muerte, una medida que destruye toda esperanza de perdón y renovación", según Angelus News.

Los votantes de California han apoyado la pena de muerte, aunque los jurados son cada vez más reacios a seleccionar la pena capital a nivel nacional, según Angelus News. Muchos de los argumentos que apoyan la pena de muerte son espurios, y el costo de adjudicar casos de pena capital durante años e incluso décadas supera con creces el costo de sentencias de cadena perpetua, según el análisis.

La abolición de la pena de muerte ha sido una prioridad para líderes de la Iglesia Católica, sobre la cual los obispos estadounidenses y los papas han hablado consistentemente. En California, un paso significativo hacia tal abolición podría tomarse este año por Newsom, según Angelus News.

El debate refleja tensiones más amplias en la sociedad estadounidense sobre justicia, retribución y el papel del Estado en aplicar el castigo máximo. Mientras algunos estados buscan expandir o reintroducir la pena capital, otros avanzan hacia su abolición, creando un mosaico legal fragmentado que continuará generando controversia en los próximos años.