La orden ejecutiva dictada por la Casa Blanca el pasado 1 de mayo ha sacudido los cimientos de Cuba. Estados Unidos decidió cerrar la pinza a una economía que, incluso antes de las nuevas sanciones, ya se encontraba en terapia intensiva. La amenaza de Washington de congelar los activos dentro de su territorio de toda empresa o persona extranjera que trabaje con el régimen cubano ha dado sus primeros resultados. En cuestión de semanas, las grandes hoteleras españolas Meliá e Iberostar han tenido que abandonar 15 y 12 hoteles, respectivamente, que eran propiedad de las Fuerzas Armadas. Esta retirada no les exime de enfrentar demandas por parte del Gobierno cubano, que exigirá indemnizaciones por rescindir de manera unilateral sus contratos de gestión. Además, han salido la canadiense Blue Diamond y la indonesia Archipelago International, mientras que las navieras CMA CGM (Francia) y Hapag-Lloyd (Alemania) han optado por frenar la entrega de contenedores. El éxodo no solo ha afectado al turismo, el principal sostén de la economía cubana, sino que también ha impactado en la minería, que representa un tercio de las exportaciones de mercancías. La canadiense Sherrit International, que tenía una empresa mixta con el Gobierno cubano, anunció un acuerdo no vinculante con Gillon Capital, una compañía ligada a un exasesor de Donald Trump, para hacerse con una participación del 55%. Fuentes empresariales cercanas al Gobierno cubano han sintetizado que el único objetivo de las sanciones de Estados Unidos es quedarse con el negocio de los gallegos, en alusión a los españoles que emigraron a Cuba a finales del siglo XIX. Los primeros candidatos para reemplazar a las empresas que se retiran podrían ser Marriott y Airbnb, que ya han mostrado interés en el mercado cubano. Marriott gestionó entre 2016 y 2020 el hotel Four Points by Sheraton Havana, mientras que Airbnb desembarcó en 2015 con 1.000 anuncios. Sin embargo, la situación actual es devastadora. Max Meizlish, exfuncionario del Departamento del Tesoro, señala que la presión de Washington busca convertir a Cuba en un paria financiero, sin fuentes de financiación externa. El Gobierno cubano ha implementado un severo plan de austeridad, incluyendo recortes al gasto público y un incremento en las tarifas de los servicios básicos. La economía cubana enfrenta una crisis sin precedentes, con apagones que superan las 24 horas en amplias zonas. Expertos apuntan a errores fundacionales, como la dependencia del turismo y el control del Ejército sobre la economía, como factores que han agravado la situación. La orden ejecutiva de Trump deja abierta la posibilidad de aumentar la presión económica, lo que podría llevar a los bancos internacionales a congelar los fondos de las entidades ligadas al Gobierno cubano.