La Fiscalía Pública Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), a través de su delegada Daniela Bártíková, decidió "iniciar procedimientos penales respecto a fondos proporcionados de los presupuestos de la UE", según la carta fechada el 19 de junio y consultada por Politico. El documento fue reportado inicialmente por el medio checo Seznam Zprávy.

La investigación ha sido encomendada al Centro Nacional contra la Delincuencia Organizada, una unidad policial especializada que maneja casos de alto nivel que involucran blanqueo de dinero, corrupción o fraude fiscal a gran escala. Esta derivación responde a una denuncia penal presentada en febrero por un partido de la oposición checa sobre "la falta de recuperación de subsidios pagados ilícitamente al grupo Agrofert".

El alcance de la investigación se limita exclusivamente a fondos de la UE, no a subsidios nacionales. Los subsidios investigados fueron pagados antes del mandato actual de Babiš, incluyendo durante su primer período como primer ministro, a pesar de que tanto los tribunales checos como la Comisión Europea determinaron que el político retenía el control sobre Agrofert en violación de las reglas de conflicto de intereses de la Unión.

Babiš colocó Agrofert en un fondo fiduciario para evitar el conflicto de intereses y cumplir con la condición establecida por el presidente checo Petr Pavel para su regreso formal como primer ministro. Sin embargo, la medida fue sometida a nuevo escrutinio después de que un documento legal filtrado sugiriera que no había cortado completamente sus vínculos con la empresa.

La Comisión Europea continúa evaluando si Praga ha tomado medidas adecuadas para sever los vínculos de Babiš con un receptor importante de fondos de la UE. Mientras tanto, la República Checa ha decidido unilateralmente continuar pagando subsidios de la Política Agrícola Común a Agrofert. Elisabeth Werner, directora general de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea (DG AGRI), escribió en una carta que la Comisión "no afirmó que Agrofert tuviera derecho a recibir subsidios agrícolas, ni instruyó a las autoridades checas a asignar o desembolsar tales subsidios".

Pavel Heřmanský, portavoz de Agrofert, declaró que el conglomerado en sí no es objetivo de la investigación. Según su comunicado, los procedimientos de la EPPO "no fueron iniciados contra ninguna de las empresas dentro del grupo AGROFERT, ni somos parte de esos procedimientos". También enfatizó que las empresas dentro del conglomerado han recibido y están recibiendo subsidios en cumplimiento con la ley.

"Respetamos las acciones tomadas por las autoridades europeas en relación con nuestro grupo, ya que entendemos que deben abordar las presentaciones que reciben de la República Checa, aunque estas presentaciones no se basan en hechos y están motivadas puramente por los intereses políticos de quienes las presentaron", afirmó Heřmanský.

La oficina de Babiš no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Este caso representa un punto de tensión significativo entre las instituciones europeas y el gobierno checo respecto al cumplimiento de las normas de conflicto de intereses. La investigación penal marca una escalada en el escrutinio de las relaciones financieras entre Babiš y Agrofert, una de las mayores empresas agroindustriales de Europa Central. La decisión de la EPPO de involucrar a una unidad especializada en delincuencia organizada subraya la gravedad con la que se trata el asunto a nivel europeo, aunque las autoridades checas han mantenido que los subsidios se han pagado de conformidad con la legislación aplicable.