Gobierno de Hungría lanza "Operación Fuego Purificador" para desmantelar el sistema de poder de Orbán

En un discurso de más de una hora ante el Parlamento húngaro el lunes, Magyar calificó el sistema de gobierno de Orbán como un "sistema mafioso" y prometió erradicarlo completamente, según reportó el medio digital 444.hu. El primer ministro conservador comparó el entramado de poder de su antecesor con el crimen organizado en Italia y recordó expresamente el asesinato de jueces y fiscales que investigaban a la mafia en los años noventa, afirmando que Hungría necesita la misma mano dura que empleó entonces el gobierno italiano, según El País.

Magyar declaró que su principal misión es "liberar al pueblo húngaro de la mafia económica y política", según el diario español. El primer ministro prometió que se realizarán investigaciones exhaustivas para establecer cómo la familia y amigos de Orbán, así como oligarcas y miembros de alto rango del partido, se enriquecieron, y que los activos obtenidos ilegalmente serán recuperados, según Deutsche Welle.

PRIMER PAQUETE DE LEYES ANTICORRUPCIÓN APROBADO

El martes, el Parlamento aprobó un primer gran paquete de leyes relacionadas con la "Operación Fuego Purificador", según Deutsche Welle. La mayoría de estas medidas son anticorrupción y resultan clave para asegurar que la Unión Europea libere aproximadamente 17.000 millones de euros (19.300 millones de dólares) en fondos comunitarios para Hungría que fueron congelados por Bruselas debido al riesgo percibido de corrupción durante el mandato de Orbán, según la misma fuente. El País cifra el total de fondos bloqueados en 16.400 millones de euros.

El momento es crucial porque el plazo para el pago de una gran parte de estos fondos, unos 10.400 millones de euros, vence en agosto, según Deutsche Welle. Lo urgente para el Ejecutivo de Magyar es recuperar estos fondos europeos antes de que expiren algunos plazos, según El País.

Entre las medidas aprobadas se encuentran el refuerzo de los requisitos para las declaraciones de bienes de los representantes políticos, cuya obligatoriedad se ha extendido a otros altos cargos y a los familiares con los que convivan, según El País. Se han endurecido además las sanciones en caso de falsedades, que prevén incluso penas de cárcel, según la misma fuente.

La legislación también otorga mayores poderes a la llamada "Autoridad de Integridad" y endurece las reglas que rigen cómo los políticos y altos funcionarios declaran sus activos, así como la obligación de transparencia y rendición de cuentas en las licitaciones públicas, según Deutsche Welle. Durante el mandato de Orbán, las licitaciones fueron uno de los medios más importantes de corrupción y enriquecimiento personal, según la misma fuente.

DISOLUCIÓN DE LAS FUNDACIONES KEKVA

Una de las medidas más importantes es la abolición de las llamadas fundaciones de gestión de activos de interés público (KEKVA, por sus siglas en húngaro), fundaciones privadas que poseen y gestionan universidades, instituciones culturales y monumentos históricos en Hungría, según Deutsche Welle.

Las KEKVA fueron fundadas durante el mandato de Orbán con el propósito de transferir enormes cantidades de activos públicos —entre 5.000 y 9.000 millones de euros— a manos privadas, según la misma fuente. Las fundaciones son vistas como símbolo del sistema cleptócrata bajo Orbán, según Deutsche Welle.

Al mismo tiempo, algunas de estas fundaciones se utilizaron para establecer una nueva estructura administrativa en la mayoría de las universidades húngaras, estructuras que luego se llenaron con leales a Orbán, destruyendo así la autonomía de las universidades en cuestión, según la misma fuente.

La KEKVA más conocida en Hungría es el Mathias Corvinus Collegium (MCC), la escuela de formación de élite y propaganda más importante del partido Fidesz de Orbán, según Deutsche Welle. En 2020, por instigación del gobierno de Orbán, el MCC recibió como regalo el 10% de las acciones estatales tanto en la compañía petrolera MOL como en la farmacéutica Richter Gedeon. En total, el regalo valía aproximadamente 1.300 millones de euros, según la misma fuente.

La legislación disuelve estas fundaciones privadas creadas para gestionar las universidades y devuelve al Estado los activos que se les transfirieron, según El País.

REFORMA DE LOS MEDIOS PÚBLICOS

El Parlamento también cumplió otra de las promesas electorales de Magyar el martes cuando aprobó una reorganización de los medios de servicio público en Hungría e introdujo una restricción generalizada de las campañas de odio político mediante campañas de carteles y anuncios a nivel nacional, que eran habituales en la Hungría de Orbán, según Deutsche Welle.

Durante los 16 años de gobierno de Orbán, los medios de servicio público se convirtieron en difusores de propaganda y noticias falsas. A pesar de su obligación legal de informar objetivamente, voces distintas a las de Fidesz rara vez aparecían en sus programas, según la misma fuente.

Las antiguas empresas holding de los medios de servicio público están siendo abolidas y reemplazadas por nuevos organismos que incluirán no solo políticos, sino también representantes de organizaciones periodísticas, según Deutsche Welle. La legislación destituye a los responsables de los medios públicos y del Consejo de Medios, y crea un órgano supervisor financiero independiente, según El País.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE

Gracias a una cómoda mayoría de dos tercios en el Parlamento, el gobierno de Magyar y su partido Tisza puede ahora desmantelar estas estructuras, según Deutsche Welle. Orbán había establecido planes que se extendían décadas hacia el futuro: en caso de que su partido perdiera las elecciones, funcionarios públicos difíciles de reemplazar sabotearían el trabajo de los nuevos gobiernos. Además, miles de millones habían sido guardados para continuar financiando la red de Orbán, según la misma fuente.

"Orbán quería atar las manos de los próximos diez gobiernos", dijo el medio digital 444.hu, según Deutsche Welle. "La administración Magyar está ahora destrozando ese plan", según la misma fuente.

La enmienda constitucional propuesta —la decimoséptima reforma de esta ley fundamental que Orbán redactó y retocó a su medida 16 veces— está siendo sometida a consulta pública hasta el sábado, antes de aprobarla en los próximos días, según El País. Se trata, según Tisza, de establecer "aquellas normas que son esenciales para el funcionamiento de una democracia basada en el Estado de derecho", antes del proceso constituyente que prevé lanzar en septiembre, según la misma fuente.

Una de las prioridades del gobierno es destituir a Sulyok, que no aceptó las presiones de Magyar para que dimitiera, según El País. El nuevo dirigente lo considera una marioneta que ha actuado al servicio del gobierno de Orbán y no del pueblo húngaro, y asegura que habrá nuevo presidente antes del 20 de agosto, según la misma fuente.

Cesar a un jefe de Estado es sin embargo una decisión de calado que no tiene precedentes. El caso húngaro puede convertirse en una referencia para otros países, según explicó Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki en el país, una de las organizaciones más activas en la defensa del Estado de derecho, según El País.

"Hungría tiene que hacerlo bien", afirmó Pardavi, según la misma fuente. La excepcionalidad del momento —"lograr el fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho"— y la trayectoria de Sulyok —"que no cumplió con sus obligaciones constitucionales"— justifican el cese, opinó la experta, según El País. La organización insta al gobierno, no obstante, a explicarlo mejor en el texto de la enmienda constitucional, según la misma fuente.

Amnistía Internacional también está de acuerdo en que Sulyok debe marcharse, pero Áron Demeter, responsable de campañas de la organización, rechaza que el cese se produzca como consecuencia de "simplemente introducir una frase en una enmienda constitucional", según El País. "La Constitución vigente ya contempla un procedimiento de destitución (impeachment) que, en nuestra opinión, podría activarse", detalló Demeter, según la misma fuente.

Al margen del cese de Sulyok, la propuesta de reforma prevé la salida de otros altos cargos, como jueces, un asunto extremadamente delicado, según El País. La enmienda restablece el límite de edad de 70 años para los magistrados del Tribunal Constitucional —una medida que abrirá varias vacantes—, y amplía sus competencias, según la misma fuente. También prevé que, para mejorar la independencia judicial, los magistrados elijan al presidente de ese alto tribunal, del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, según El País.

Cerca de 280 juristas, académicos, jueces, fiscales, abogados e investigadores defienden en una carta abierta que esos altos cargos "han desempeñado un papel importante en la construcción y el mantenimiento de la autocracia" y que por sus decisiones y abusos, "han quedado irremediablemente desacreditados", según El País. Mantenerlos impediría recuperar el Estado de derecho, sostienen, pero advierten de que los cambios deben realizarse con cautela, evitando soluciones "tramposas" y garantizando procedimientos transparentes que permitan elegir a personas "creíbles, imparciales y competentes", según la misma fuente.

Tras limitar a dos legislaturas los mandatos de los primeros ministros —para asegurarse de que Orbán no pueda volver a ser elegido ni nadie se perpetúe en el poder como hizo él—, en esta enmienda constitucional Tisza propone también que los diputados no puedan ocupar el escaño más de tres legislaturas, según El País.

OFICINA PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ESTATALES

La mayoría de los observadores húngaros independientes consideran que la más importante de todas estas leyes es la relativa al establecimiento planificado de la Oficina para la Recuperación y Protección de Activos Nacionales (NVVH, por sus siglas en húngaro), según Deutsche Welle.

Esta fue una de las promesas electorales más importantes de Magyar: recuperar los miles de millones que fueron a parar a los bolsillos de personas cercanas a Orbán durante su mandato de manera opaca y a menudo ilegal, y llevar a estas personas ante los tribunales, según la misma fuente.

Hablando en un podcast en 24.hu, el politólogo Gabor Torok se refirió al establecimiento planificado de la NVVH como la "medida política más importante" del gobierno Magyar porque, dijo, satisface la necesidad de la sociedad de ver "esposas siendo colocadas en las muñecas", según Deutsche Welle. Esto, continuó, es algo que ningún gobierno húngaro desde el colapso del comunismo en 1989/90 ha logrado, según la misma fuente.

La reforma constitucional propone la creación de esta Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de los Activos del Estado, según El País. El establecimiento de este organismo, que operará con independencia del Ejecutivo y responderá ante el Parlamento, requiere enmendar 47 leyes, informan medios locales, según la misma fuente.

Según Magyar, las operaciones de la "mafia" formada por la élite política y económica cercana a Orbán le ha costado al país entre el 8% y el 10% del PIB, según El País.

EJEMPLOS DE CORRUPCIÓN DURANTE EL RÉGIMEN DE ORBÁN

Durante el mandato de Orbán, las licitaciones fueron uno de los medios más importantes de corrupción y enriquecimiento personal, según Deutsche Welle. Por ejemplo, las empresas pertenecientes al amigo de la escuela de Orbán, Lorinc Meszaros, que comenzó como plomero y gasista en el pueblo donde nació Orbán y se convirtió en multimillonario y el hombre más rico de Hungría bajo el antiguo primer ministro, se beneficiaron de tales licitaciones, según la misma fuente. A menudo se le conoce como "la cartera de Orbán", según Deutsche Welle.

CRÍTICAS AL PROCESO Y LOS MÉTODOS

Algunos procedimientos y las prisas para ponerlos en marcha han generado críticas entre algunas organizaciones de la sociedad civil húngara, según El País.

"Esta no era una medida urgente ni estaba entre las promesas a su electorado; debería haber un debate amplio sobre iniciativas como esta", señaló Pardavi sobre la limitación de mandatos para diputados, según El País. La experta criticó, además, que la enmienda solo se haya abierto a consulta pública durante cinco días y que un gran paquete legislativo anticorrupción presentado ante el Parlamento hace dos semanas ni siquiera se haya sometido a ese trámite, según la misma fuente. "Son 110 páginas de legislación introducidas por un diputado y que se tramitó de forma apresurada. Eso recuerda mucho a las maneras de Fidesz [el partido de Orbán]", afeó la copresidenta del Comité Helsinki, según El País.

Esa postura le ha costado a Amnistía Internacional un aluvión de críticas en redes sociales, según El País. "El sentir general, al menos entre los simpatizantes de Tisza, es: 'No nos importa cómo os deshagáis de toda esa gente; simplemente hacedlo'. No les importa el método, pero a nosotros sí", subrayó Demeter, según la misma fuente.

EL TRIPLE DESAFÍO DE MAGYAR

Escribiendo en el sitio web Social Europe, la experta en política exterior Zsuzsanna Szelenyi, quien a principios de los años noventa fue miembro del entonces liberal partido Fidesz de Orbán, dijo que "el gobierno de Magyar debe navegar lo que podría llamarse el 'trilema post-iliberal'" de "revertir rápidamente el daño del gobierno iliberal, prevenir un resurgimiento populista y observar estrictamente las normas constitucionales", según Deutsche Welle.

"Equilibrar velocidad, eficiencia y legalidad", dijo, "es esencial para la redemocratización de Hungría", según la misma fuente.

AVANCES Y CONTINUIDADES

Tanto Pardavi como Demeter celebran los avances de la nueva Hungría, que este sábado acoge un desfile del Orgullo LGTBI con el respaldo de las autoridades, algo impensable en la era Orbán, según El País. Lamentan, sin embargo, la continuidad en el ámbito de la migración. "Están utilizando los mismos términos y marcos discursivos sobre los migrantes y solicitantes de asilo que utilizaba el gobierno anterior, y eso es horrible", denunció Demeter, según la misma fuente.

CONTEXTO E IMPLICACIONES FUTURAS

Magyar también planea la expulsión del presidente Sulyok y quiere limitar a los legisladores a un máximo de tres mandatos en el Parlamento, según Deutsche Welle. Esta última propuesta en particular ha recibido críticas en Hungría, según la misma fuente.

La intención es que ahora habrá un debate en la sociedad sobre el establecimiento de la NVVH, según Deutsche Welle. Magyar también ha prometido que las instituciones estatales, el poder judicial y los medios de comunicación serán reformados de tal manera que haga imposible volver al sistema Orbán, es decir, al control político de las instituciones estatales y del público, según la misma fuente.

En casa en Budapest, el Parlamento aprobó recortes a los salarios de los legisladores y ministros y limitó el tiempo de un primer ministro en el cargo a un máximo de dos mandatos, según Deutsche Welle. Mucho de esto fue simbolismo anti-Orbán, según la misma fuente. Pero con estos cambios bajo su cinturón, Magyar ahora ha dirigido su atención a la sustancia del régimen de su predecesor, según Deutsche Welle.

Tras el verano llegará un proceso constituyente, con la redacción de una nueva Constitución y una reforma del sistema electoral, según El País. Los trabajos, que llevarán meses, buscan desmantelar completamente el sistema de poder construido durante 16 años por Orbán, según ambas fuentes.