El magistrado José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional española, ha concluido que el análisis financiero de la presunta trama "confirma que José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno son los beneficiarios finales de la operativa", según el auto judicial. La investigación detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos", según la resolución.

Los pagos bajo sospecha partieron de tres sociedades diferentes y tuvieron como destino al propio Zapatero y la empresa Whathefav SL, dedicada a servicios de publicidad y que pertenece a sus dos hijas, Laura y Alba. La investigación apunta a que esta última sociedad "actúa como canalizador financiero de la red" y sirvió para canalizar pagos al propio expresidente, según el auto.

El juez sitúa al expresidente como "el núcleo decisor y estratégico" de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que obtuvo "beneficios económicos" tras intermediar "ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra", que resultó beneficiaria de una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según la resolución judicial. Esa supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para, entre otros fines, "ocultar el origen y destino de los fondos" supuestamente recibidos por sus gestiones, según el magistrado.

Las contraprestaciones económicas fueron supuestamente canalizadas a través del entorno societario controlado por el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente y al que los investigadores atribuyen un papel relevante en las supuestas irregularidades, según la investigación.

En concreto, el juez destaca que una de las firmas de Martínez, Análisis Relevante, donde el empresario aparece como administrador principal, remitió 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la empresa de sus hijas, según el auto. El juez recalca que, de este modo, la mayor parte de los fondos que esta sociedad cobró de Plus Ultra "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

Zapatero, en su comparecencia en el Senado español, negó cualquier irregularidad en dichos pagos y los justificó como el pago por sus trabajos de consultoría, que consistieron en informes "escritos y orales". En el auto, el juez asigna al expresidente "una participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad".

La segunda de las sociedades señaladas en el auto como supuesta pagadora de fondos al exdirigente socialista es Gate Center, un think tank cuyo consejo asesor preside el propio Zapatero y que, a su vez, está gestionada por el grupo Thinking Heads, una empresa especializada en plataformas de conocimiento que figura en la resolución judicial como el tercer origen de cantidades bajo sospecha, según el documento.

Desde Gate Center, supuestamente se enviaron 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, según el auto. Desde Thinking Heads, cuyo fundador es el empresario Daniel Romero-Abreu Kaup, se remitieron 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a la empresa de sus hijas, según la resolución judicial.

Thinking Heads ha emitido este martes un comunicado en el que incide en que no está siendo investigada y asegura que su relación con Zapatero, que se remonta a 2014, está "vinculada a servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales" y que los pagos "fueron efectuados de acuerdo con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable".

La resolución judicial incide en que la transferencia de fondos desde las empresas a la trama se canalizaba supuestamente a través del entorno societario controlado por Julio Martínez mediante la formalización de contratos, generalmente de asesoría o consultoría, elaborados ad hoc para ser utilizados como mera justificación de los mismos, según el auto. Luego, este dinero era transferido al expresidente y la empresa de sus hijas, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos", según el magistrado.

El juez destaca que en este trasiego de fondos supuestamente se utilizaron sociedades instrumentales, entre ellas las madrileñas Caletón Consultores SL, creada en 2019 con el objeto social de asesoramiento en la contratación de operaciones aéreas de pasajeros y carga, y Summer Wind, cuyo origen se remonta a 1999 y dedicada a la compraventa de billetes de avión y transporte marítimo, según el auto. El juez destaca en su auto que ambas mercantiles son clientes de empresas controladas por Julio Martínez.

"Estas mercantiles también han recibido ingresos de Plus Ultra, infiriéndose que actuaron como sociedades interpuestas al objeto de ocultar el origen de parte del flujo de fondos de Plus Ultra a las sociedades del entorno de Julio Martínez", señala el auto.

El auto detalla una cadena de pagos en la que Plus Ultra satisface "cuantiosas cantidades" a Caletón Consultores en concepto de comisiones, y cómo esta, a su vez, "canaliza parte de los fondos recibidos hacia sociedades controladas por Julio Martínez Martínez, ya sea sin justificación económica acreditada o bajo una cobertura contractual cuya gestión presenta elementos atípicos", según la resolución. En este sentido, el juez destaca que "la información hallada en los terminales intervenidos pone de manifiesto la generación de facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles, que de otro modo serían difíciles de justificar".

En la gestión cotidiana de esta red, la investigación sitúa en un tercer nivel jerárquico, por debajo del propio Zapatero y el empresario Julio Martínez, a dos personas, según el auto. Una es María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina del expresidente y encargada presuntamente de ejecutar directamente las órdenes que impartía el exlíder socialista. La segunda, Cristóbal Cano Quiles, es un empresario alicantino considerado la mano derecha de Martínez. Entre Alcázar y Cano existía lo que el juez califica como "un contacto fluido".

El auto destaca que esta estructura societaria en España se vería acompañada de otra en el extranjero, según la investigación. En este sentido, apunta que Zapatero presuntamente impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en la ciudad-emirato de Dubái, que con sus 3,4 millones de habitantes y altísimo nivel de vida, se ha convertido en el último lustro en santuario para grandes capos de la droga, pero también para blanqueadores de capitales, según el auto. El juez maneja dos posibles nombres comerciales para esta mercantil, Landside Dubai Fzxco o Landside Middle East Fzo, con un plan de negocios de 3 millones de dólares, equivalentes a 2,6 millones de euros, en cinco años.

Esta empresa dubaití sería propiedad al 100% de la española Idella Consulenza Strategia, administrada por Julio Martínez y que firmó un contrato con Plus Ultra por el que debía percibir 530.000 euros, el 1% del rescate público recibido por la aerolínea, según el auto. El hecho de que no se haya encontrado constancia del pago de esta cantidad refuerza, en opinión del juez, que "la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español", señala el auto.

Calama concluye que "este patrón de actuación encaja en las modalidades típicas de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final", según la resolución judicial.

Por ello, señala que la trama "no solo estaría llevando a cabo actividades ilícitas susceptibles de ser calificadas como tráfico de influencias, sino también de otras que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales", según el auto.

La investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción apunta a la existencia de una trama organizada de "ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero" que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables, según el auto. El juez destaca la participación de Manuel Aarón Fajardo García y el empresario Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, lo que acredita que existía un reparto funcional de tareas orientado a influir ante organismos públicos.

Entre las operaciones dirigidas por la trama destaca la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia, según la investigación. Según los investigadores, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente para el rescate de la compañía por 53 millones de euros.

El instructor considera además que los investigados habrían tenido acceso anticipado a información reservada sobre la aprobación de las ayudas públicas antes de que el rescate fuese autorizado oficialmente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, conocida como SEPI, en marzo de 2021, según el auto. En uno de los mensajes incorporados a la investigación, varios implicados habrían celebrado la concesión de las ayudas días antes de la decisión formal del organismo público.

Según el juez, la trama liderada por el expresidente del Gobierno de España no se limitó al rescate de la aerolínea, sino que también se extendió a una "segunda línea de influencia" dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra, según el auto. Aquí fue clave la posición de influencia que Julio Martínez Martínez mantenía sobre el presidente del INAC, el Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz, según la investigación.

Agentes de la Policía Nacional española se han personado este martes en la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles, entre ellas, la agencia de sus hijas, Whathefav SL, según fuentes policiales. El juez ha autorizado el registro de la oficina de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid y de varias sociedades mercantiles vinculadas a la trama, aunque ha rechazado registrar el domicilio particular del expresidente al considerar que la medida sería desproporcionada, según el auto.

El juez atribuye al líder socialista presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y un posible delito de blanqueo de capitales y ha acordado citarle como investigado el próximo 2 de junio, según la resolución judicial.

Para el juez consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional, según el auto.

José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011, liderando dos legislaturas del Partido Socialista Obrero Español. Tras dejar el cargo, ha mantenido actividad como consultor internacional y ha participado en diversos procesos de mediación política, especialmente en Venezuela. El caso Plus Ultra representa la primera vez que un expresidente español es imputado por delitos de esta naturaleza en la era democrática.