La jueza Kathleen M. Williams, designada durante la administración de Barack Obama, ordenó reabrir el caso después de que un grupo bipartidista de 35 exjueces federales presentara documentos judiciales el miércoles solicitándole que reviviera el caso e investigara los detalles del acuerdo que lo resolvió, según el New York Times.

El acuerdo, revelado por altos funcionarios del Departamento de Justicia después de que Trump retirara la demanda la semana pasada, estableció un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a personas que afirmaban ser víctimas de "armamentización" del gobierno por parte de los demócratas, según la fuente. El trato también otorgó beneficios fiscales lucrativos a Trump, su familia y sus negocios.

Antes de cerrar el caso inicialmente, Williams había cuestionado si la demanda presentaba un conflicto real que ella pudiera adjudicar, dado que Trump estaba en ambos lados del litigio, presentando reclamaciones contra una agencia federal que él mismo controlaba, según el New York Times. Cuando cerró el caso, la jueza señaló que no había "acuerdo registrado", pero poco después, el Departamento de Justicia publicó su acuerdo que clausuraba la acción.

En su orden breve pero severa del viernes, Williams declaró que quería investigar las circunstancias que rodearon los esfuerzos de Trump para resolver la demanda de una manera que lo beneficiara a él y a sus aliados, según la fuente.

Afirmando que estaba "facultada para investigar mala conducta grave" en un caso ante ella, la jueza ordenó a los abogados de Trump que le informaran antes del 12 de junio si el caso debería reabrirse formalmente porque "el tribunal fue víctima de un fraude" y si Trump había conspirado con su propio gobierno para resolver el caso "para evitar el escrutinio judicial", según el New York Times.

Williams señaló reportes del New York Times que describían cómo el IRS había preparado un memorándum de 25 páginas que delineaba defensas contra la demanda que el Departamento de Justicia no utilizó en el tribunal, según la fuente.

Los abogados de los exjueces celebraron la decisión de Williams. "Los jueces y sus abogados aprecian enormemente la seriedad con la que el tribunal está abordando estas acusaciones graves", dijo Norman Eisen, quien representó a los exjueces, según el New York Times. "Estamos listos para trabajar con el tribunal mientras investiga este asunto".

La reapertura del caso plantea interrogantes sobre la legalidad y transparencia del acuerdo alcanzado entre el presidente y una agencia federal bajo su control. La investigación de la jueza Williams se centrará en determinar si hubo colusión entre Trump y el Departamento de Justicia para evitar la supervisión judicial y si el tribunal fue engañado durante el proceso de cierre del caso.

El caso original involucraba una demanda de 10.000 millones de dólares presentada por Trump contra el IRS, aunque los detalles específicos de las reclamaciones no fueron proporcionados en la fuente. La resolución apresurada del caso y el posterior establecimiento del fondo de compensación de 1.800 millones de dólares, junto con los beneficios fiscales para Trump y su círculo cercano, generaron suficiente preocupación entre exjueces federales como para intervenir en el proceso.

La fecha límite del 12 de junio establecida por Williams para que los abogados de Trump respondan a sus preguntas determinará los próximos pasos en este caso sin precedentes, donde un presidente en ejercicio enfrenta acusaciones de haber manipulado el sistema judicial en su propio beneficio.