La jueza federal Leonie Brinkema, del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia, emitió una orden de dos páginas que prohíbe al gobierno federal establecer el fondo o procesar desembolsos hasta que se celebre una audiencia el 12 de junio, según informó BBC. La orden impide específicamente la transferencia de dinero al fondo, la consideración de cualquier reclamación presentada y el desembolso de cualquier cantidad, según The New York Times.

El Departamento de Justicia anunció la semana pasada la creación del llamado "Fondo Contra la Instrumentalización de la Justicia", con una dotación de 1.776 millones de dólares, una cifra que hace referencia al año de la independencia de Estados Unidos, según El País. El fondo surgió como parte de un acuerdo para poner fin a la demanda de 10.000 millones de dólares que Trump interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

La jueza Brinkema, nominada por el expresidente demócrata Bill Clinton, describió la orden como necesaria para preservar el status quo y "asegurar que no se desembolsen fondos de manera irreversible" hasta la audiencia inicial, según The New York Times. La magistrada es considerada "altamente experimentada" y ha "resuelto cuidadosamente un amplio espectro de casos de alto perfil", según Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond, citado por BBC.

La orden judicial responde a una demanda presentada por el grupo legal Democracy Forward en nombre de un grupo de individuos y entidades que alegan haber enfrentado ataques partidistas por parte de la administración Trump pero que esperan ser excluidos del acceso al fondo, según The New York Times. Entre los demandantes figuran un fiscal destituido y un profesor universitario que fue absuelto de agredir a agentes federales durante una protesta, según El País.

"La ilegalidad que ha permeado el Fondo contra la Instrumentalización de la Justicia desde su misma concepción exige su desmantelamiento total", sostiene la demanda, según El País. Skye Perryman, directora de Democracy Forward, calificó la suspensión temporal como "una victoria para la transparencia, el estado de derecho y el pueblo estadounidense", añadiendo que "ninguna administración tiene la autoridad para gastar dinero público a través de un programa de recompensas políticas", según DW.

Un portavoz del Departamento de Justicia respondió que están "extremadamente confiados" en la legalidad del esquema y que "no permitirán que las preferencias políticas de los jueces interfieran con sus esfuerzos para proporcionar restitución a las víctimas de la guerra legal", según BBC. El portavoz agregó que el fondo está "respaldado por amplio precedente", según la misma fuente.

Aunque el memorándum que creó el fondo no detalló cómo los individuos podrían calificar para los pagos, muchos partidarios de Trump que fueron procesados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 han dicho que planean solicitar compensación, según BBC. El fiscal general interino, Todd Blanche, no descartó que los acusados del 6 de enero puedan ser elegidos para recibir el dinero en una audiencia celebrada en el Congreso, según El País.

La creación del fondo provocó indignación entre demócratas y algunos republicanos que estaban preocupados porque no tenía aprobación explícita del Congreso y operaría con poca supervisión, según BBC. John Thune, el líder republicano en el Senado, dijo que no era "un gran fanático" del fondo y que no tenía claro cómo se procesarían las reclamaciones, según la misma fuente.

Los senadores republicanos se negaron la semana pasada a aprobar un proyecto de ley que inyectaría 70.000 millones de dólares más al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por los desacuerdos sobre el fondo de compensación, según El País. Los demócratas han denunciado que el fondo es "pura corrupción" y que se usaría para pagar sobornos, según la misma fuente.

El Departamento de Justicia aún no ha constituido la comisión de cinco miembros que decidiría los criterios de pago y no se ha desembolsado dinero hasta la fecha, según El País. Con el fondo, un panel elegido principalmente por el Departamento de Justicia de Trump compensaría a personas que sufrieron lo que Trump llamó "instrumentalización" gubernamental y "guerra legal" por parte de su predecesor, la administración Biden, según DW.

La demanda de Virginia es uno de varios desafíos legales al fondo que actualmente están siendo considerados por tribunales federales, según BBC. Al menos otras dos demandas, ambas presentadas por separado en Washington, también impugnan la creación del fondo, según El País. Una fue interpuesta por el grupo de defensa de intereses Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, que califica al fondo como "un acto de corrupción presidencial asombroso", según la Agencia AP citada por El País. Dos agentes de policía que ayudaron a defender el Capitolio en el asalto de enero de 2021 también han llevado el caso ante la justicia, según la misma fuente.

El miércoles, un grupo de 35 exjueces federales escribió una carta a la jueza que supervisó la demanda fiscal de Trump, pidiéndole que revisara los términos del acuerdo más exhaustivamente, según BBC. Los términos del acuerdo también bloquean al IRS de revisar las declaraciones de impuestos que Trump, su familia y sus negocios presentaron en el pasado, según la misma fuente.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre el fallo de la jueza, refiriendo todas las preguntas al Departamento de Justicia, que no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, según DW.

Mientras que el fallo legal puede detener temporalmente el fondo, hay un movimiento en el Congreso para aprobar legislación que restrinja aún más los esfuerzos del Departamento de Justicia, confiando en el "poder de la bolsa" del Congreso, según BBC. La audiencia del 12 de junio considerará si el trabajo del gobierno sobre el fondo debe permanecer congelado por más tiempo, según DW.