El caso del expresidente peruano Pedro Castillo, que avanzaba lentamente dentro del sistema judicial, experimentó un giro significativo este lunes cuando el Poder Judicial admitió a trámite el hábeas corpus presentado por su defensa. El anuncio fue realizado por Walter Ayala, exministro de Defensa y actual abogado de Castillo, quien escribió en redes sociales: "El abuso debe terminar: la ONU declaró arbitraria su detención y exige su inmediata libertad".

La decisión judicial reabre una discusión que Perú arrastra desde el 7 de diciembre de 2022: si durante el proceso contra Castillo, además de juzgar el fallido autogolpe, el Estado vulneró sus derechos fundamentales. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó su opinión el 14 de noviembre de 2025, pero fue publicada recién el 4 de junio de 2026, apenas tres días antes de la segunda vuelta presidencial peruana.

Castillo permanece encarcelado desde diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo. En noviembre de 2025 fue condenado en primera instancia a once años y seis meses de prisión por conspiración para la rebelión. Su defensa sostiene que el delito no se consumó porque las Fuerzas Armadas nunca acataron sus órdenes y el intento de ruptura constitucional terminó antes de ejecutarse.

El informe de la ONU ha generado una nueva ofensiva política de quienes respaldan al expresidente. Roberto Sánchez, excandidato presidencial y líder de Juntos por el Perú, utilizó el dictamen de las Naciones Unidas como argumento para exigir la liberación inmediata de Castillo. Sánchez afirmó: "La libertad del presidente constitucional Pedro Castillo es una realidad que exigimos en el marco de esta racionalidad del cumplimiento de los tratados internacionales". Luego endureció su posición: "Estos 42 meses de detención arbitraria e ilegal se siente como un secuestro, porque ha sido la voluntad política de una mayoría parlamentaria que hoy ha tomado la democracia".

Sánchez también cuestionó por qué el informe de la ONU permaneció sin publicarse durante meses. "Este documento probablemente llegó al Estado antes y no se le ha querido publicar en la fecha oportuna, antes de la segunda vuelta", sostuvo. Defendió la independencia de los expertos de Naciones Unidas, diciendo que "no tienen color político", en contraste con "muchos opinólogos con postura política partidaria".

La movilización política coincidirá con un evento de importancia institucional. Sánchez anunció una marcha para el miércoles 16 de julio, el mismo día en que Keiko Fujimori recibirá las credenciales como presidenta electa de manos del Jurado Nacional de Elecciones. Esta coincidencia convierte la primera ceremonia oficial de la próxima mandataria en el escenario de la primera gran movilización convocada por el movimiento político que aún reivindica a Castillo.

Castillo ha aprovechado el nuevo escenario para reforzar su discurso de persecución política. En redes sociales escribió: "El Estado peruano violentó flagrantemente mis derechos humanos". Lanzó además una advertencia a las autoridades: "Continuar ignorando este pronunciamiento internacional no solo profundiza la persecución política en mi contra, sino que coloca al Estado peruano en una condición de abierta rebeldía y de una vulneración del derecho internacional".

El presidente saliente José María Balcázar, a menos de dos semanas de abandonar Palacio de Gobierno, evitó cerrar la puerta a un eventual indulto. "El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU", declaró. Añadió que el pronunciamiento "viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida".

Es importante notar que el hábeas corpus admitido a trámite no garantiza la excarcelación de Castillo, y el informe de la ONU no tiene efectos vinculantes en el sistema legal peruano. Sin embargo, ambos han conseguido que se reabra una discusión que parecía clausurada.

Castillo no es el único expresidente peruano que busca abandonar la prisión antes de que concluya el Gobierno de Balcázar. Alejandro Toledo, expresidente de Perú (2001-2006), también ha presentado una solicitud de derecho de gracia. Su abogado, Carlos Torres Caro, confirmó que presentó ante el despacho presidencial una solicitud de indulto, alegando la avanzada edad de Toledo y el deterioro de su estado de salud. "Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique", declaró a Radio Programas del Perú.

En la carta dirigida al jefe de Estado, Toledo apela a razones humanitarias. "Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento. El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad. No es un acto de rendición. Es un acto de justicia. Confío en que las autoridades evaluarán mi caso con objetividad y humanidad", escribió el expresidente.

Toledo cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión impuesta en 2024 por los delitos de colusión y lavado de activos. El Poder Judicial concluyó que recibió 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla durante su Gobierno. Un año después recibió una segunda condena, también por lavado de activos agravado.

La situación de ambos expresidentes refleja una crisis política más amplia en Perú, donde la justicia penal contra figuras políticas de alto nivel ha generado tensiones sobre la independencia judicial, los derechos humanos y la estabilidad institucional. Los próximos días determinarán si el Gobierno saliente actúa sobre estas solicitudes de indulto y cómo responde el sistema judicial al hábeas corpus de Castillo.