Fujimori llega a la presidencia tras cuatro intentos electorales, tres de los cuales terminaron en derrota por márgenes mínimos. Su victoria en esta ocasión refleja una geografía electoral dividida: Roberto Sánchez ganó dentro del territorio nacional, pero el voto de los peruanos en el exterior inclinó el resultado a favor de Fujimori. Este dato subraya la profunda fractura política que caracteriza al país.

En su discurso al recibir las credenciales como presidenta electa, Fujimori enfatizó un tono conciliador: "El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, sino que los resuelva. No hemos venido a administrar la inercia sino el sentido de urgencia del Estado. Ha llegado el momento de acelerar las decisiones que el país espera desde hace mucho tiempo, con orden, eficiencia y sensibilidad humana". Dirigiéndose específicamente a quienes no votaron por ella, prometió: "Quiero hablar a quienes no votaron por mí. Les prometo que pondremos el Estado al servicio de la población para terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos ahoga como sociedad".

El principal reto de Fujimori conecta directamente con la mayor preocupación de los peruanos: la inseguridad ciudadana. Según el último informe de la Fiscalía, Lima registró 152 asesinados en atentados vinculados a extorsiones a conductores entre 2024 y lo que va de 2026. Este delito, muy extendido, afecta no solo a transportistas sino también a pequeños comerciantes. En campaña, Fujimori prometió contundencia contra este delito, utilizando el legado de su padre en la lucha contra el terrorismo en los años noventa como referencia para combatir el crimen organizado actual. Planteó atacar la estructura financiera de las bandas criminales, desplegar patrullas con militares en el transporte público y establecer que los presos trabajen por su comida.

En el terreno económico, Fujimori ha señalado que atraer inversión privada e incentivar las pequeñas empresas serán ejes centrales de su gobierno. Una de sus primeras acciones como presidenta electa fue acudir al Banco Central de Reserva, donde sostuvo una reunión con su presidente, Julio Velarde, y le pidió permanecer cinco años más al frente de la institución. Velarde aceptó la propuesta de inmediato. Esta decisión busca enviar una señal de continuidad en la política monetaria y estabilidad a los mercados. Velarde preside el BCR desde 2006 y, en casi dos décadas, ha visto pasar a diez presidentes de la República. En un país donde se suceden las crisis políticas, Velarde representa el rostro más reconocible de la estabilidad económica.

Fujimori también ha anunciado un plan de preparación frente al fenómeno del Niño, que puede intensificarse por el cambio climático y ocasionar inundaciones en el país.

En el plano internacional, Fujimori gobernará rodeada de aliados ideológicos en toda Latinoamérica. El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó entusiasmo por su llegada al poder, enfatizando en un comunicado la seguridad: "La Administración Trump espera con entusiasmo profundizar la colaboración con la Administración Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región". Fujimori respondió al embajador estadounidense ofreciendo "la mejor disposición", afirmando que "estamos listos para trabajar conjuntamente desde el primer día".

Presidentes de derecha y ultraderecha latinoamericanos felicitaron a Fujimori, incluyendo Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y Andrés de la Espriella en Colombia. En redes sociales, Fujimori ha escenificado el traspaso de poderes con videos cortos que muestran un perfil ejecutivo y expeditivo. Ha conversado por videollamada con figuras políticas como Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición en España, y María Corina Machado, de la oposición venezolana. También ha hablado con presidentes como Milei, a quien le expresó su intención de aplicar medidas "parecidas" a las que ha llevado a cabo en Argentina, y con embajadores como el de China.

El partido de Fujimori, Fuerza Popular, es el más disciplinado y cuenta con la mayor representación en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, enfrenta una oposición de izquierda que no ha aceptado su derrota. Esta oposición ha denunciado fraude electoral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y convocó una marcha para el miércoles posterior a la proclamación de Fujimori como presidenta electa.

Fujimori es consciente del terreno político que pisa. Una parte significativa de la sociedad peruana se ha unido históricamente en el antifujimorismo, un movimiento heterogéneo que agrupa no solo a la izquierda, sino también a colectivos sociales, de derechos humanos y al feminismo. Durante años, el principal pegamento de este movimiento fue cerrarle el paso a la presidencia. Aunque esta movilización no fue suficiente en esta ocasión, sigue siendo una fuerza política relevante.

El legado controvertido de su padre representa un obstáculo significativo para la gobernanza de Fujimori. Alberto Fujimori, autócrata que gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue condenado por delitos de lesa humanidad. Su hija hereda no solo su apellido, sino también las tensiones históricas asociadas a su régimen.

Preocupaciones sobre derechos humanos y memoria histórica

Las preocupaciones sobre derechos humanos y memoria histórica son centrales en la polarización que enfrenta Fujimori. El historiador Manuel Burga, quien dirigió el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, un edificio levantado frente al océano Pacífico donde fotografías, testimonios y objetos reconstruyen una de las etapas más dolorosas del Perú, expresó sus dudas sobre el futuro gobierno: "No creo que estén interesados en la memoria. Están interesados en la memoria de lo que ellos llaman vencedores del terrorismo y reinstaladores de la democracia".

Para Burga, los lugares de memoria no deben responder a la voluntad de un gobierno, sino a la de una sociedad que intenta comprender su propia historia. "La riqueza de la memoria está en su diversidad y en la aceptación que tenga en la sociedad civil. Lo que no debe hacer el Estado es fomentar un direccionamiento, porque se convertiría en manipulación de las memorias". Burga subraya que el país todavía tiene cerca de 20.000 personas desaparecidas, lo que convierte la memoria en una tarea inconclusa.

Teresa Carpio, quien dirigió Amnistía Internacional entre 2000 y 2004, los años en que cayó el régimen de Alberto Fujimori y el país volvió a la democracia, encuentra paralelismos preocupantes entre aquel tiempo y el discurso actual de Keiko Fujimori. "Fue un periodo de nuestra historia en el que no se respetó la independencia de poderes ni los derechos humanos. Al contrario, la idea de orden era controlar a la sociedad, la información y a todas las instituciones".

Carpio señala que algunas de las leyes promovidas por Fuerza Popular anticipan la orientación que podría asumir el nuevo gobierno. El Congreso, impulsado por el fujimorismo, acaba de aprobar una ley que traslada a la jurisdicción castrense los delitos cometidos por policías y militares, con el potencial de impunidad que eso supone. "Son leyes que están en consonancia con todo lo que hizo el padre. Pasamos años haciendo campaña contra la tortura, y la no persecución de periodistas. Pero todo indica que estamos frente a una vuelta al pasado, que ya ha empezado antes de que ella tome el poder".

La politóloga Paula Távara advierte sobre la concentración de poder: "Lo que viene es un endurecimiento del poder ejecutivo, amenazar la independencia del resto de instituciones. [El fujimorismo] ya controla el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, los militares, la fiscalía…". Según Távara, "lo más cercano a una oposición institucional es el poder judicial".

El sur del país, empobrecido y de mayoría indígena, representa un foco de desafío adicional al poder de Fujimori, dada la desigualdad territorial que caracteriza a Perú. La nueva presidenta tendrá que demostrar que su promesa de gobernar para todos los peruanos trasciende el discurso y se traduce en políticas concretas que aborden estas disparidades regionales.

A unas semanas del cambio de mando, el futuro gobierno aún no comienza a gobernar, pero ya enfrenta una sospecha fundamental: que antes de mirar hacia adelante pretenda reescribir el pasado. El desafío de Fujimori será demostrar que puede construir un gobierno que responda a las urgencias del presente sin comprometer los principios democráticos y los derechos humanos que han sido objeto de disputa en la historia reciente de Perú.