El pesimismo económico de los ciudadanos chilenos ha alcanzado dimensiones no vistas desde marzo de 2014. Según la encuesta Cadem, el 56% de los encuestados evaluó negativamente su situación económica personal y familiar, marcando el punto más crítico en 12 años. Esta evaluación negativa ha superado a la positiva durante 15 semanas consecutivas, una racha que se aproxima a las 18 semanas de pesimismo registradas durante la pandemia de COVID-19, el último episodio de crisis económica de magnitud comparable en el país.

El deterioro de la confianza se refleja en indicadores específicos de consumo y empleo. Las expectativas negativas de consumo alcanzaron 79%, un aumento de 5 puntos porcentuales, representando el nivel más alto desde junio de 2014. Las expectativas negativas de empleo llegaron a 88%, la cifra más elevada desde abril de 2021, reflejando una preocupación generalizada sobre la capacidad de generar puestos de trabajo en el país.

Los datos macroeconómicos respaldan este pesimismo ciudadano. La tasa de desocupación llegó a 9,4% entre marzo y mayo, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), representando un aumento de medio punto porcentual respecto al mismo período del año anterior y el peor nivel en casi cinco años. Aunque la inflación no varió en junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual alcanzó 4,3%, su mayor nivel interanual desde septiembre de 2025. En lo que va del año, la inflación acumula un alza de 2,8%.

El panorama económico se complica con la contracción del Imacec, el indicador mensual de actividad económica. En mayo, el Imacec se contrajo 0,9% respecto al mismo mes de 2025, marcando el quinto mes consecutivo en terreno negativo. Esta tendencia reactiva la amenaza de una recesión técnica, definida como dos trimestres consecutivos de contracción económica.

El desgaste político del Gobierno de Kast es evidente en múltiples indicadores de aprobación. Según Cadem, el 38% aprueba la gestión del mandatario mientras el 58% la desaprueba. La economía y el empleo figuran entre las áreas peor evaluadas, con una aprobación de apenas 30%, una caída de 4 puntos porcentuales. En la encuesta Criteria, la aprobación presidencial llegó a 32%, la cifra más baja desde el inicio del mandato el 11 de marzo, con una desaprobación de 55%.

Criteria detecta caídas específicas en atributos clave del mandatario. La percepción sobre su capacidad para hacer crecer la economía cayó de 54% a 48%, una baja de 6 puntos porcentuales. Su capacidad percibida para dar seguridad al país también retrocedió de 48% a 42%, con la misma magnitud de caída. El atributo "es el líder que Chile necesita" experimentó la baja más pronunciada entre los rasgos personales medidos, cayendo 8 puntos porcentuales de 42% a 34%. El único rasgo que se mantiene relativamente sólido es "trabajador", evaluado positivamente por el 51% de los encuestados.

En este contexto de malestar económico y desgaste político, el Gobierno impulsa el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, una megarreforma destinada a fomentar el crecimiento y el empleo. Sin embargo, el respaldo ciudadano a esta iniciativa es débil. Según Cadem, el apoyo bajó a 44%, una caída de 1 punto porcentual, mientras el rechazo subió a 50%, un aumento de 1 punto. No obstante, el 47% de los encuestados, un aumento de 2 puntos, considera que el Congreso debería aprobar la reforma de todas formas.

Criteria ofrece una perspectiva más matizada sobre las expectativas respecto a la megarreforma. El 37% de los encuestados proyecta efectos positivos del paquete legislativo, mientras el 35% anticipa efectos negativos. Una percepción mayoritaria, del 47%, considera que los beneficios se concentrarán en los sectores de mayores ingresos, reflejando preocupaciones sobre la equidad distributiva de las medidas.

A pesar de estas preocupaciones sobre la concentración de beneficios, existen expectativas positivas sobre ciertos aspectos de la reforma. El 63% de los encuestados considera que la megarreforma generará empleos de mejor calidad, el 58% cree que reducirá la desigualdad social y el 55% proyecta que mejorará los sueldos. Estas percepciones sugieren que, aunque existe escepticismo sobre la distribución de beneficios, hay esperanza en que la reforma pueda abordar problemas estructurales de empleo y desigualdad.

El Gobierno de Kast, que cumplió cuatro meses en el poder esta semana, enfrenta así un escenario complejo: un deterioro económico real reflejado en desempleo creciente, inflación persistente y contracción de la actividad económica, combinado con un desgaste político que se acelera. La ciudadanía, enfrentada a una situación económica personal cada vez más difícil, ha reducido su confianza en la capacidad del Ejecutivo para revertir la tendencia, mientras que la megarreforma económica que el Gobierno presenta como solución genera expectativas divididas y preocupaciones sobre su capacidad para beneficiar equitativamente a toda la población.