El pleno de la Suprema Corte ha decidido por mayoría entrar a analizar el decreto que impide que la obra de Frida Kahlo pueda salir de manera permanente del país, limitando así la voluntad de los propietarios privados de las obras. El magistrado Giovanni Azael Figueroa, quien promovió la apertura del caso, ha señalado que el asunto busca determinar si dicho decreto "va más allá de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal".

El decreto presidencial de 1984, emitido durante el Gobierno de Miguel de la Madrid, es el más restrictivo de toda la legislación mexicana de patrimonio. A diferencia de otras leyes que protegen obras de artistas como Diego Rivera, Clemente Orozco o Remedios Varo, el decreto sobre Frida Kahlo es el único que prohíbe explícitamente la exportación definitiva de sus obras. Durante su ponencia, el magistrado Arístides Guerrero precisó que esta restricción no está contemplada "en el artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos, el cual sí permite la exportación tratándose de bienes de propiedad particular".

México cuenta con una legislación de patrimonio que protege incluso las obras de artistas modernos. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de 1972, establece un marco general de protección complementado por decretos individuales para cada artista que marcan los detalles concretos de la protección jurídica, incluyendo las competencias del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) y los plazos de supervisión para las obras.

La tensión entre propietarios privados y leyes de patrimonio se ha hecho palpable en los últimos meses con la polémica de la colección Gelman, que obligó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir públicamente. La controversia comenzó casi desde el anuncio de la cesión al Banco Santander de una parte del acervo —160 de aproximadamente 300 obras— y su exhibición como atracción principal del nuevo centro cultural Faro Santander, que el banco inaugurará en junio de 2026 en la capital de Cantabria, España.

La colección Gelman, propiedad de la familia Zambrano, una poderosa familia de empresarios mexicanos, fue adquirida a su vez al albacea estadounidense que operaba el acervo tras la muerte de sus propietarios originales, una pareja de empresarios europeos del mundo del cine que construyeron uno de los acervos más potentes del arte moderno mexicano. La colección contiene 11 obras de Frida Kahlo, la artista más cotizada de Latinoamérica.

Parte del mercado del arte mexicano ha demandado desde el principio mayor claridad sobre los plazos del acuerdo y, especialmente, sobre el papel del INBAL, que debe autorizar y supervisar cualquier salida del corazón de la colección fuera de México. Varios artistas de la colección cuentan con declaratorias de Monumento Artístico Nacional, un estatus que limita la salida de las obras amparadas bajo ese paraguas. En el caso de Frida Kahlo, que cuenta con la declaratoria más severa, la normativa prohíbe su exportación definitiva y conmina a las autoridades a hacer todo lo posible para efectuar su repatriación.

Las declaraciones de Daniel Vega Pérez, director del nuevo Faro Santander, quien afirmó que "es una legislación flexible", no ayudaron a calmar las críticas. Tampoco las cifras contradictorias que dieron las autoridades mexicanas mientras crecían las preocupaciones. Inicialmente dijeron cinco años, que en realidad es el plazo del acuerdo de gestión a favor del Santander, no de los acuerdos de exportación de las obras. Posteriormente mencionaron dos años, el plazo habitual en estos casos, que tuvo que ser confirmado por la propia Sheinbaum, quien aseguró que las obras regresarían a México en 2028.

El caso del banco Ve por Más y su obra "Autorretrato con medallón" de 1948 es emblemático de esta tensión legal. El banco, propietario de este óleo de Kahlo, ha buscado durante tres años resolver su situación a través de un amparo, un recurso legal mexicano que permite cuestionar la constitucionalidad de leyes y decretos. La decisión de la Suprema Corte de analizar el caso abre la posibilidad de que el decreto de 1984 sea modificado o declarado inconstitucional en parte.

El fondo de la discusión jurídica es el delicado equilibrio entre dos derechos fundamentales: el derecho a la cultura, que el Estado mexicano considera su responsabilidad proteger mediante la retención del patrimonio artístico nacional, y el derecho de propiedad privada, que permite a los dueños de obras disponer de sus bienes. Esta tensión es particularmente aguda en el caso de Frida Kahlo, cuya obra es considerada patrimonio cultural de importancia mundial y símbolo de la identidad mexicana.

La apertura del caso por parte de la Suprema Corte no implica una decisión inmediata sobre la constitucionalidad del decreto. El tribunal deberá analizar si el Poder Ejecutivo federal excedió sus facultades reglamentarias al emitir una prohibición de exportación que no está explícitamente autorizada por la Ley Federal sobre Monumentos. El resultado de este análisis podría tener implicaciones significativas no solo para la colección Gelman y el banco Ve por Más, sino para toda la legislación de patrimonio cultural mexicano.