Los estados demandantes sostienen que la administración Trump está utilizando fondos de emergencia como herramienta de presión política. Según la demanda, la administración requiere que los estados transicionen a sistemas de votación con papeletas físicas, realicen auditorías manuales de los sistemas de votación, reconcilien los registros de votantes y verifiquen la ciudadanía de todos los votantes registrados en las bases de datos electorales estatales.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, declaró: "Una vez más, la administración Trump está amenazando con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones en fondos críticos y una vez más, no lo lograrán. Esta administración está utilizando la seguridad de los estadounidenses como garantía al intentar obligar a los estados a renunciar a su derecho constitucional de promulgar políticas y leyes que mejor sirvan a sus residentes".

Los estados enfrentan la pérdida de al menos el 20% de su financiamiento del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional si no cumplen con los requisitos electorales. Ese dinero se utiliza para financiar medidas de protección contra ciberataques y terrorismo.

La demanda también cuestiona la autoridad de la administración para permitir que el Departamento de Seguridad Nacional termine subvenciones en cualquier momento y por cualquier razón, sin justificación específica. Los estados argumentan que esta disposición viola sus derechos soberanos y los principios constitucionales de separación de poderes.

Este litigio se suma a decenas de demandas que han desafiado a la administración Trump por su estrategia repetida de presionar a estados, principalmente gobernados por demócratas, para que cumplan con sus prioridades políticas a cambio de fondos federales. La administración ha aplicado esta táctica en financiamiento educativo, subvenciones contra violencia doméstica y fondos para carreteras.

Los tribunales han encontrado repetidamente que esta estrategia es ilegal e inconstitucional. Una sentencia del año pasado prohibió a la administración imponer condiciones en otro financiamiento de FEMA, y una segunda sentencia este año bloqueó la redirección de fondos del Departamento de Seguridad Nacional lejos de estados no considerados favorables a la agenda de la administración.

El juez de distrito John McConnell Jr. escribió el año pasado, cuando bloqueó al secretario de Transporte Sean Duffy de cortar fondos de transporte a estados que no cumplieran con acciones de aplicación de leyes migratorias: "Los estados enfrentan la pérdida de miles de millones de dólares en financiamiento federal, se encuentran en una posición de renunciar a su derecho soberano de decidir cómo utilizar sus propios oficiales de policía, corren el riesgo de perder la confianza construida entre la aplicación de la ley local y las comunidades de inmigrantes, y tendrán que reducir, reconsiderar o cancelar proyectos de transporte en curso".

La demanda más reciente argumenta que la administración intenta aplicar las mismas condiciones al financiamiento de 2026, después de no lograrlo con el financiamiento del año anterior.

El contexto político de estas acciones se remonta a las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral. Desde su pérdida en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden, Trump ha afirmado sin fundamento que la votación por correo está plagada de fraude y ha lanzado una investigación federal sobre la votación de ese año, a pesar de que auditorías e investigaciones repetidas, incluyendo las dirigidas por republicanos, encontraron que fue libre de fraude generalizado. Trump también ha declarado que desea "tomar el control" de la administración electoral en áreas demócratas.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario sobre la demanda.

La estrategia de condicionar fondos federales a cambios de política representa un enfrentamiento fundamental entre la administración federal y los gobiernos estatales sobre quién controla aspectos clave de la gobernanza electoral y la aplicación de leyes migratorias. Los estados argumentan que estas son funciones que históricamente han sido responsabilidad de los gobiernos locales y estatales, no del gobierno federal.