La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha abierto la puerta a una de las primeras correcciones significativas de la reforma judicial heredada de la administración anterior. La mandataria presentó este lunes, a través de la recién nombrada consejera jurídica Luisa María Alcalde, una iniciativa que busca aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de rediseñar los mecanismos de selección de candidatos para evitar la repetición de las fallas observadas en el proceso de 2025, según informó El País.

La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados con miras a que pueda aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso mexicano. El proyecto ya tiene un tramo recorrido en la Cámara baja, donde es impulsado desde Morena, el partido gobernante, y respaldado por sectores del Instituto Nacional Electoral (INE), según las fuentes consultadas.

La propuesta parte de un diagnóstico incómodo para el oficialismo: la elección judicial de 2025 dejó una participación ciudadana menor a la esperada, perfiles cuestionados por su escasa experiencia y un proceso de evaluación incapaz de filtrar adecuadamente a los aspirantes, según refieren fuentes consultadas por El País. Lo que hace apenas unos meses era presentado como una transformación histórica del sistema de justicia, hoy es revisado por el propio bloque gobernante bajo la lógica de que la reforma necesita perfeccionarse.

Sheinbaum ha reducido la explicación sobre el motivo de los cambios a un tema logístico. "Lo que planteamos es la dificultad que iba a ser para el 2027 tener la elección constitucional para los poderes ejecutivo y legislativo de los estados y el federal; así como presidentes municipales y que [los electores] tengan que moverse a otra casilla", dijo la mandataria, según El País.

El cambio central de la reforma radica en la fecha de la jornada electoral judicial. El proceso programado originalmente para 2027 se celebrará, en caso de que la propuesta pase los filtros del Congreso, el 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local, según el documento elaborado por la Consejería Jurídica. El proceso empatará con la consulta de revocación de mandato, programada para la misma fecha. A partir de entonces, las elecciones judiciales volverán a concurrir con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036 para cubrir vacantes generadas en el Poder Judicial.

La magnitud de la segunda elección judicial es considerable. Según el documento de la Consejería Jurídica, se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito. A nivel local, el proceso abarcará 424 magistrados y más de 2.800 jueces en 25 estados.

La iniciativa presentada este lunes tiene como antecedente la propuesta presentada por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a la mandataria, quien semanas atrás presentó junto con otros legisladores oficialistas, entre ellos el senador Javier Corral, un proyecto prácticamente idéntico que ha tenido el respaldo del bloque oficialista, según El País.

La administración de Sheinbaum se ha propuesto utilizar el aplazamiento del proceso para rediseñar el mecanismo de selección de aspirantes. Una de las principales novedades es la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes. El nuevo órgano tendrá facultades para verificar que todos los aspirantes cumplan con los requisitos legales y, sobre todo, para homologar los criterios de evaluación y selección.

El oficialismo plantea sustituir los filtros laxos del primer proceso por evaluaciones técnicas obligatorias, exámenes elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y mayores requisitos de experiencia profesional. La propuesta también contempla eliminar criterios considerados superficiales, como el promedio académico, y reemplazarlos por pruebas de competencias jurídicas y entrevistas especializadas, según El País. Uno de los reclamos que surgieron tras el primer proceso fue la presencia de perfiles sin trayectoria judicial sólida o con vínculos políticos evidentes. Los comités deberán evaluar conocimientos, competencias, antecedentes y "buena fama pública" antes de definir a los finalistas.

La reducción del número de candidaturas es otra de las enmiendas en las que se ha puesto el foco. En la elección de 2025, el tamaño de las boletas y la cantidad de nombres generaron críticas de especialistas electorales, que advirtieron sobre el riesgo de confusión y desinformación entre los ciudadanos. La nueva propuesta intenta simplificar el proceso mediante un doble filtro. Los comités de evaluación seleccionarán únicamente a las cuatro personas mejor calificadas por cada cargo. Después se realizará una insaculación pública para dejar solo dos candidaturas por plaza y especialidad, manteniendo criterios de paridad de género.

La reducción es significativa. En el caso de la Suprema Corte, el número de candidatos pasaría de 81 a 54; en el Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y en el Tribunal Electoral, de 63 a 42, según el documento de la Consejería Jurídica citado por El País.

La simplificación también alcanzará las boletas electorales. Cada ciudadano votará únicamente por un juez y un magistrado por especialidad entre las candidaturas presentadas por los tres Poderes. Las papeletas distinguirán claramente qué aspirantes fueron postulados por cada poder y contemplarán la posibilidad de reelección para jueces y magistrados en funciones.

El INE deberá rediseñar además la geografía electoral judicial mediante nuevos distritos especializados que permitan organizar las votaciones sin repetir el caos logístico que acompañó al estreno de la reforma. La propuesta también prevé que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mismas casillas que los comicios ordinarios, aunque sin participación de representantes partidistas en las actividades vinculadas a la elección de jueces, según El País.

Morena busca extender estas nuevas reglas a los poderes judiciales estatales. Los congresos locales tendrán que replicar los criterios federales, incluyendo comités de evaluación homologados, insaculación obligatoria de candidaturas y reducción de nombres en las boletas.

Entre las modificaciones adicionales destaca un cambio en el sistema de sustituciones. Cuando un juez o magistrado deje el cargo por muerte, renuncia o destitución, ya no será reemplazado automáticamente por el segundo lugar de la elección, sino que la vacante permanecerá abierta hasta el siguiente proceso electoral.

El aplazamiento hasta 2028 tiene también un componente operativo crucial. El INE ha advertido que celebrar la elección judicial en paralelo con las elecciones intermedias de 2027 provocaría una saturación logística y presupuestal sin precedentes, según El Imparcial. Ese año coincidirían la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías y miles de cargos locales con la votación judicial, obligando a instalar doble número de casillas y multiplicar los costos de organización.

Según un diagnóstico técnico entregado recientemente a la Cámara de Diputados, el organismo considera que realizar todos los procesos en 2027 podría provocar un "colapso" operativo y financiero, según El Imparcial. El INE calcula que la elección judicial podría costar hasta 8.000 millones de pesos si se realiza en 2027, según El País. El instituto también advierte que el exceso de cargos y boletas podría generar confusión entre los votantes y reducir la participación ciudadana.

La presidenta Sheinbaum ha evitado presentar la iniciativa como una corrección de plano, sin embargo, el paquete de cambios confirma el viraje del oficialismo hacia una postura más pragmática tras las tensiones generadas por la primera elección judicial, según El País. "Todavía lo estamos revisando", declaró Sheinbaum al hablar sobre la posibilidad de trasladar la elección judicial al año 2028, según El Imparcial. La mandataria también explicó que uno de los factores que se están evaluando es el costo económico y la capacidad operativa para organizar todos los procesos electorales simultáneamente.

La Secretaría de Gobernación ya sostuvo reuniones con el INE para revisar posibles escenarios y estudiar la viabilidad constitucional del cambio, según El Imparcial. El cambio solo podría concretarse mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y respaldada por la mayoría de los congresos estatales. Además, el plazo legal para hacer modificaciones al calendario electoral es limitado, por lo que legisladores tendrían que discutir la propuesta en las próximas semanas.

La reforma judicial ha sido uno de los temas políticos más discutidos en México desde 2024. Mientras el gobierno federal y Morena defienden la elección popular de jueces y magistrados como una medida para democratizar el Poder Judicial, críticos y especialistas han advertido riesgos relacionados con politización, improvisación y falta de experiencia técnica en algunos perfiles electos, según El Imparcial.

El posible aplazamiento a 2028 también ha abierto nuevas discusiones sobre el costo de las elecciones, la organización electoral, la participación ciudadana, la independencia judicial y la capacidad operativa del INE. Por ahora, el Congreso, el INE y autoridades federales continúan evaluando el escenario mientras se acerca el inicio formal del proceso electoral de 2027.