Milei ha caracterizado al Estado como "una organización criminal", "peor que la mafia", y lo define como "un prestador de seguros de últimas instancias". El presidente ha ejemplificado esta visión señalando que ante la vejez el Estado ofrece una jubilación y ante la enfermedad un hospital público. En sus discursos y entrevistas de las últimas semanas, ha reiterado que si existe un mercado privado de seguros suficientemente desarrollado, la intervención estatal se vuelve innecesaria.

El Gobierno ha anunciado que enviará al Congreso una serie de proyectos interrelacionados que incluyen importar el mecanismo del shutdown o cierre del Estado que rige en Estados Unidos cuando se agota la autorización de presupuestos, garantizar la independencia del Banco Central respecto del poder político, y ampliar y desregular el mercado de seguros. Sin embargo, sobre los detalles específicos del proyecto, el Gobierno no ha proporcionado información detallada.

Los indicios sobre las pretensiones de Milei provienen de sus declaraciones públicas y de un libro que el presidente considera "maravilloso" y que ha distribuido entre sus ministros en una reciente reunión de gabinete: "La teoría del caos", del economista estadounidense Robert Murphy, un seguidor de la escuela austriaca de economía. Publicado originalmente en 2002, el libro imagina las bondades de "una sociedad sin Estado" guiada por el "anarquismo de mercado".

Murphy argumenta en su obra que "la eliminación del Estado no lleva a un caos sin ley", sino que "aparecerían instituciones voluntarias para resolver eficaz y pacíficamente las disputas que se producen en la vida diaria", y que "el mercado sería más eficiente" y "también más equitativo" que el aparato estatal. La clave de su teoría consiste en que "todas las acciones en una sociedad puramente libre estarían sujetas a contratos", por lo que "no habría un cuerpo legal legislado, ni tribunales o policías públicos".

En este modelo teórico, las empresas aseguradoras cumplirían un rol fundamental. Una compañía de seguros actuaría como garante de los contratos de un cliente, cobrando una prima acorde al riesgo de que el asegurado incumpla sus compromisos y garantizando a terceros que serían indemnizados en caso de incumplimiento. Al individuo sin seguro "se le verá con sospecha", "la gente tendrá reticencias a trabajar con él", y sus opciones "incluyendo su libertad de movimientos" resultarían "seriamente restringidas".

El planteo de Murphy, elogiado por Milei, es llevado hasta sus últimas consecuencias en el libro. La sustitución de instituciones públicas por privadas alcanza también a los tribunales judiciales, que serían reemplazados por agencias de arbitraje; las cárceles, que serían "empresas especializadas" de alta seguridad que "competirían entre sí por atraer criminales"; y las fuerzas policiales y militares, que serían sustituidas por detectives privados y agencias de guerra. El autor dedica un apartado a la cuestión de los niños, sugiriendo que "las 'prohibiciones' básicas de abuso y abandono de los hijos por los padres podrían estipularse en el contrato de matrimonio" y que habría un "mercado de bebés" a pleno funcionamiento, en el que los privilegios de paternidad se venderían al mejor postor.

Milei ha aclarado que su propuesta supone "una transición ordenada hacia el nuevo sistema", según dijo en el Latam Economic Forum a fines de mayo, añadiendo que "es algo que empieza ahora, se empieza a trabajar, pero demanda tiempo. No es instantáneo".

Detrás del imaginario anarcocapitalista que comparten Murphy y Milei opera el supuesto de que la sociedad es una suma de individuos sin condicionamientos históricos ni socioeconómicos, y que las relaciones fundantes entre ellos son mercantiles.

La falta de precisiones sobre cómo esa "revolución de los seguros" podría concretarse en Argentina ha despertado inquietud en las empresas del sector. Según una fuente que trabaja con dos cámaras de compañías aseguradoras y que prefiere no ver publicado su nombre, "nadie tiene información fehaciente sobre lo que está preparando el Gobierno, es una enorme incógnita". La fuente advierte que "no es tan fácil desregular el mercado de seguros. No cualquiera puede salir a ofrecer pólizas, es necesario tener respaldo y solvencia. Y tiene que haber alguien que controle que los compromisos se cumplan".

Tampoco parece convencer a los empresarios el libro de Robert Murphy. Según la misma fuente, "la gente que leyó el libro que Milei repartió entre sus ministros dice que es absolutamente teórico e inaplicable, es la obra de alguien que nunca manejó una compañía de seguros".

El politólogo Oscar Oszlak, profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa de una decena de universidades, propone una comparación con la experiencia mundial en la materia para analizar la todavía abstracta propuesta de Milei. "En ninguna parte se reemplazó masivamente los servicios estatales por seguros privados", dice Oszlak. Aunque existen muchos casos de seguros de salud o de retiro, "el balance muestra que, si bien en algunas áreas específicas el sector privado puede aportar innovación o mayor rapidez que los Estados, en general lo que han tendido a producir es exclusión social".

Oszlak explica que "en busca del lucro, las empresas privadas producen una clara segmentación de los mercados, para quedarse con la gente pudiente, joven o saludable, ampliando la brecha social". Los casos con "algún grado de éxito", detalla, "son los que, en primer lugar, utilizan modelos mixtos, o sea, público-privados, y que, por otro lado, están fuertemente regulados. Cuando se intentaron experiencias de privatización total de servicios esenciales, los fracasos han sido muy grandes".

Oszlak considera que la posibilidad de privatizar los tribunales judiciales es "totalmente absurda". Respecto a las prisiones privadas, señala: "Si la cárcel es una empresa privada, tiene un incentivo a tener ocupación plena. Incluso, si es posible, sobrepoblación. Entonces, no le van a interesar las políticas de rehabilitación de los detenidos, por ejemplo, o de libertad condicional. Obviamente, ahí se contradicen los objetivos públicos y los objetivos de ganancia privada".

El Estado argentino, reflexiona Oszlak apoyado en una larga y reconocida trayectoria estudiando la administración pública, es "deforme, le sobra y le falta de todo: recursos humanos, infraestructura, bienes y servicios. Necesita mucha planificación y un profundo estudio del valor público de lo que hace". Sin embargo, advierte que eso requiere un abordaje complejo. "El microscopio o la lupa parecen instrumentos mucho más adecuados que una motosierra. La motosierra produce desastres", concluye Oszlak.