La solicitud de comparecencia de Sánchez se produce en el momento de mayor presión política y judicial sobre su Ejecutivo durante la actual legislatura, según informó el Gobierno este jueves 28 de mayo de 2026. El presidente aprovechará la comparecencia obligatoria tras el próximo Consejo Europeo, previsto para el 18 y 19 de junio, para abordar también los escándalos que cercan a su partido, según El País.

En la solicitud registrada en el Congreso, el Gobierno plantea una comparecencia "para informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo", según el documento oficial citado por El País.

La decisión de Sánchez busca aplacar las exigencias de sus socios de investidura, que venían reclamando explicaciones públicas. Cuatro grupos parlamentarios aliados del Gobierno —Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Compromís— habían registrado este mismo jueves una solicitud conjunta de comparecencia del presidente "sobre las nuevas informaciones relativas a las investigaciones judiciales que afectan al partido del Gobierno", según informó El País.

El movimiento de los socios de izquierda evidencia la creciente incomodidad de los aliados parlamentarios ante el aluvión de actuaciones judiciales que golpean al PSOE, según la misma fuente. Los grupos más a la izquierda han pasado de lanzar acusaciones de lawfare por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a confesar que las sospechas de corrupción no son infundadas, según El País.

La comparecencia de Sánchez está prevista para después de la declaración del expresidente Zapatero ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, programada para los días 17 y 18 de junio, según El Debate. Zapatero está imputado por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en relación con el rescate con 53 millones de euros de fondos públicos de la aerolínea Plus Ultra en 2020, según El País.

La fecha más probable para la comparecencia de Sánchez sería el miércoles 24 de junio, en el último pleno de la Cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones, según El Debate.

El registro de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid se produjo el miércoles 27 de mayo por orden del juez Pedraz, quien busca documentos para una causa que mantiene secreta sobre una supuesta trama dirigida por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez para torpedear las investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido y al Gobierno, según El País.

Según el auto de Pedraz, el exsecretario de Organización ordenó que Díez fuese remunerada con 4.000 euros al mes "con cargo a los fondos del partido" mediante un sistema de facturación "falaz" en el que habría participado la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, según El País. Fuentes de Ferraz niegan que se pagara con facturas falsas a Díez y sostienen que, de confirmarse el modus operandi, era "indetectable" para la auditoría externa realizada el año pasado de las cuentas del PSOE, según la misma fuente.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, negó este jueves en un mensaje en redes sociales que la formación "ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto" del juez Pedraz, según El País. Torró afirmó que el partido es el primer interesado en esclarecer todas las preguntas que suscita el caso pero que no lo hará hasta que se levante el secreto de sumario, según la misma fuente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció este jueves en los pasillos del Congreso como portavoz oficioso del Ejecutivo para denunciar que existe una conspiración para derribar al Gobierno "con métodos no democráticos", según El País. "Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos, y eso es inmoral. No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos no democráticos", declaró Puente, según la misma fuente.

Puente también cuestionó el contenido del auto del juez Pedraz, señalando que al menos dos personas supuestamente chantajeadas según ese auto ya han salido a decir que no fue así, según El País. Se refiere a Leticia de la Hoz, abogada que llevó la defensa de Koldo García en el caso mascarillas, quien negó en un comunicado haber ofrecido ninguna cantidad de dinero a la empresaria Carmen Pano, según la misma fuente. El otro ejemplo es el del entonces fiscal anticorrupción José Grinda, cuyo entorno aseguró a la Cadena SER que jamás recibió un soborno ni siquiera un intento de ofrecimiento de pagos, según El País.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, insinuó este jueves que observa intencionalidad política en la acumulación de causas judiciales contra los socialistas, según El País. "No nos doblegarán. Ser socialista no es ser ingenuo. Sé distinguir lo que es una coincidencia de lo que no lo es, lo que es una casualidad de lo que no lo es", declaró Illa tras recalcar que "respeta a la justicia", según la misma fuente.

La ministra de Sanidad y codirigente de Más Madrid, Mónica García, acusó al Partido Popular (PP) de querer tumbar al Gobierno de forma "antidemocrática" desde "el minuto uno", según El País. "Hay una operación por parte del Partido Popular para tumbar a este Gobierno desde el minuto uno. Es una operación mediática, una operación judicial", declaró García, según la misma fuente.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cargó contra el Gobierno en un acto en Leganés, afirmando que "nadie puede asegurar que existan en el Gobierno espacios libres de corrupción", según El País. "La redada de ayer fue la redada al sanchismo de su conjunto, no a una parte, sino a la totalidad", añadió Feijóo, según la misma fuente.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) insiste en su demanda de anticipo electoral. El líder del partido, Aitor Esteban, reiteró este jueves que "la legislatura ha llegado a su fin" y pidió elecciones este año, según El País. El diputado de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, aseguró que el PSOE tiene "pánico" a unas elecciones generales, según El País.

Sánchez descartó desde Roma el miércoles la convocatoria de elecciones anticipadas, asegurando que no habrá comicios hasta el año que viene, cuando corresponden, según El País.

Esta estrategia de Sánchez recuerda a la del año pasado, cuando estalló el caso Cerdán también en mayo-junio de 2025. Entonces, Sánchez compareció a mediados de julio y anunció un paquete anticorrupción que sigue bloqueado en el Congreso, según El País. Esa comparecencia sirvió para tomar aire político y llegar al verano, según la misma fuente.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que "hay que dejar trabajar a la Justicia con respeto y colaboración" y recordó que hay en la mesa un plan de lucha contra la corrupción, según El País.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó que el Gobierno trabaja en "parámetros de legalidad", respaldando "en todo momento" el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según El País. Marlaska aseguró que el Gobierno "nunca" utiliza las fuerzas de seguridad del Estado, estableciendo una "diferencia absolutamente sustancial" con "los gobiernos del Partido Popular", según la misma fuente.

La acumulación de investigaciones judiciales incluye también el caso del hermano de Sánchez, investigado por presuntas irregularidades laborales, y el de su esposa, según El País. El partido Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha expresado públicamente su malestar con el PSOE, con varios ministros y portavoces elevando la voz para reclamar "explicaciones", según El País.

La situación política en España se encuentra en uno de sus momentos más críticos, con el Gobierno enfrentando múltiples frentes judiciales mientras intenta mantener su mayoría parlamentaria en un contexto de creciente presión de sus socios y de la oposición.