El caso enfrentó a la pequeña comunidad contra un departamento clave para los planes de deportaciones masivas del gobierno Trump, exponiendo las tensiones que surgen entre municipios locales y la autoridad federal en Washington.

Los abogados del distrito de Presidio contendieron en la corte que los planes del gobierno podrían comprometer el sistema de diques que protege al pueblo de inundaciones repentinas, un problema formidable en Texas. Según documentos judiciales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza planea "reemplazar la pendiente de tierra del dique existente por un muro de concreto, con paneles de bolardos de acero de 30 pies instalados encima", según reportó AP. El distrito afirmó que ha solicitado más detalles a la agencia, pero le han indicado que no pueden compartirse por "seguridad nacional".

Laura Bakst, abogada de Democracy Forward que representa al distrito de Presidio, señaló que "lamentablemente, aquí existe una larga historia de construcciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que causan o incrementan los riesgos de inundación".

Los abogados de Presidio argumentaron que el Departamento de Seguridad Nacional está incumpliendo la Ley de Ríos y Puertos, una normativa federal que requiere consultar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de construir sobre o cerca de diques. Aunque el departamento ha eximido esta ley, los abogados sostienen que la redacción específica de la norma obliga al departamento a buscar permiso del Cuerpo de Ingenieros antes de iniciar el proyecto.

Louis Katz, también abogado de Democracy Forward, advirtió que la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional está eximiendo leyes estatales y federales mientras avanza con el muro constituye un "ejercicio extraordinario de autoridad".

El gobierno federal argumentó durante la audiencia que es demasiado pronto para sostener que el muro propuesto podría perjudicar a Presidio porque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aún no ha decidido un plan definitivo para la construcción. El gobierno también aseveró que tiene autoridad para eximir una amplia franja de regulaciones para construir el muro mientras busca reducir a cero el número de personas que cruzan la frontera cada día.

Tanto la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem como el actual secretario, Markwayne Mullin, han eximido numerosos requisitos que protegen el medio ambiente o sitios arqueológicos que el gobierno federal normalmente debe cumplir al construir proyectos de infraestructura. Bajo legislación aprobada por el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional tiene autoridad para eximir ciertos requisitos específicamente para acelerar la construcción de muros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, críticos sostienen que el departamento está yendo mucho más allá de lo que pretendía el Congreso al emitir exenciones amplias a lo largo de toda la extensión de la frontera de 2.000 millas (3.200 kilómetros).

Respecto al cronograma de construcción, un abogado del Departamento de Justicia ofreció pistas sobre los plazos del gobierno. Alexander Yun indicó al juez que era poco probable que la construcción comenzara a inicios de agosto, pero que podría comenzar a finales de agosto, en septiembre u octubre. Markwayne Mullin declaró durante un testimonio ante el Congreso en junio que la capa preliminar del muro estará terminada "para estas fechas del próximo año". El jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, ha dicho que la agencia está levantando 6 millas (10 kilómetros) de muro por semana.

Las cuadrillas de construcción han preposicionado suministros, incluidos los paneles de bolardos de acero del muro, pero en la zona aún no ha comenzado ninguna obra del muro.

El juez Reggie Walton mostró escepticismo hacia ambas partes durante la audiencia. Cuando el abogado del Departamento de Justicia argumentó que las bajas cifras de cruces fronterizos observadas durante el último año son una "anomalía" y que el objetivo es "cero cruces ilegales", Walton se burló de esa idea y comentó que es "simplemente una realidad" que la gente siempre intentará cruzar la frontera.

Walton también expresó dificultad para determinar cuánta autoridad tenía para limitar al departamento, considerando que el Congreso le había otorgado la capacidad de eximir ciertos requisitos. El juez indicó que emitiría un fallo la próxima semana.

El caso de Presidio ocurre mientras el Departamento de Seguridad Nacional impulsa su plan de 46.000 millones de dólares para completar el muro fronterizo. El departamento se está topando con oposición de propietarios de tierras, grupos ambientalistas, tribus indígenas y otros, quienes sostienen que la rápida construcción del gobierno pone en peligro sitios históricos y religiosos y una forma de vida a lo largo de la frontera.

Cabe destacar que el gobierno de Trump está impulsando el muro cuando los cruces fronterizos están en los niveles más bajos en décadas. La región de Big Bend, donde se ubica Presidio, no ha experimentado el alto número de cruces fronterizos observado en años recientes en otras zonas más al sur a lo largo del río Bravo o en Arizona o California, debido al terreno remoto y difícil en ambos lados de la frontera.