Policía española desmantela red de explotación laboral en 15 centros de llamadas de Madrid

La Policía Nacional española desmanteló una red de explotación laboral que operaba en 15 centros de llamadas en la Comunidad de Madrid, donde siete responsables sometían a decenas de trabajadores extranjeros a condiciones abusivas y humillaciones sistemáticas, según comunicó la institución este viernes 9 de abril de 2026.

Los detenidos, cuatro hombres y tres mujeres, están acusados de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, según la Policía Nacional. La investigación, desarrollada en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, se inició cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la existencia de estos centros que imponían condiciones laborales restrictivas de derechos.

El sistema de castigos y humillaciones

Los responsables de los centros establecían un sistema de castigos humillantes para fomentar la competitividad entre los empleados, según la Policía Nacional. El método consistía en elaborar un ranking diario basado en las contrataciones conseguidas por cada trabajador tras realizar llamadas a particulares siguiendo un guion agresivo cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios.

El trabajador que quedaba en la última posición del ranking recibía un tartazo a la cara delante de sus compañeros, según informó la Policía Nacional. Esta práctica servía como advertencia para el resto de empleados: si no vendían, serían también humillados públicamente.

Las víctimas y las condiciones de explotación

Durante el operativo desarrollado en los 15 centros, la inspección encontró a un total de 48 trabajadores sometidos a condiciones abusivas, según la Policía Nacional. De ellos, 31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Los responsables de los centros contrataban específicamente a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y, aprovechándose de su situación vulnerable, les sometían a situaciones de abuso continuado, según fuentes de la investigación citadas por El País. Los empresarios eran perfectos conocedores de la situación irregular en la que se encontraban los trabajadores, razón por la que se valían de su posición para ofrecerles unas condiciones laborales que no les permitían exigir ningún derecho.

Las jornadas de trabajo excedían con mucha frecuencia los límites legales, según la Policía Nacional. Los empleados carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas y seguros médicos ante la posibilidad de sufrir cualquier accidente laboral. A cambio de su trabajo, desarrollado siempre en un humillante régimen de terror según fuentes de la investigación, recibían un pago exiguo y ningún derecho laboral.

La estrategia para evadir a las autoridades

Los empresarios trataron de impedir cualquier tipo de injerencia policial cambiando constantemente la ubicación de los locales, según la Policía Nacional. Sin embargo, las investigaciones permitieron ubicarlos tanto en la ciudad de Madrid como en la localidad de Fuenlabrada, en la misma comunidad autónoma.

Los siete detenidos han pasado ya a disposición judicial, según informó la Policía Nacional en su comunicado del viernes. La institución publicó en su cuenta oficial de Twitter detalles de la operación, señalando que los responsables "utilizaban técnicas para confundir a potenciales clientes" y "vejaban a los trabajadores con un ranking de ventas y les hacían lanzar tartas a la cara del que menos productos vendía".

Este caso pone de manifiesto cómo redes organizadas explotan la vulnerabilidad de trabajadores extranjeros en situación irregular, aprovechando su imposibilidad de reclamar derechos laborales básicos por temor a ser deportados. La colaboración entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo resultó fundamental para desmantelar esta operación que combinaba explotación laboral con prácticas de estafa telefónica a consumidores.