El PP, con 40 escaños en Les Corts, y Vox, con 13 diputados, han registrado este viernes por la tarde las enmiendas a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, según reporta El País. Aunque el PP es el grupo mayoritario, necesita 10 escaños adicionales para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que depende del apoyo de Vox para aprobar estas medidas.

Las enmiendas, firmadas por los portavoces Nando Pastor (PP) y José María Llanos (Vox), establecen que "el Consell aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para desarrollar las condiciones de acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas e inspiradas en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana".

El desarrollo reglamentario contemplará, según el acuerdo, un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio"; la vinculación del acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema, y la exclusión de las personas en situación administrativa irregular a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural.

En cuanto a los requisitos de residencia, se considerará cumplido cuando conste el empadronamiento en cualquier municipio valenciano durante "tres años de manera continuada inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud" o "diez años dentro de los 30 inmediatamente anteriores a la solicitud, de manera continuada o interrumpido", según Europa Press.

Los dos grupos también incluyen en la Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos el principio de "prioridad nacional" como principio general y transversal, procurando "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable", con el objetivo de "asegurar la relación efectiva y afectiva del solicitante al territorio". El acceso a la renta valenciana de inclusión también se inspirará en este principio.

En materia educativa, las enmiendas fijan que los comedores escolares deberán "garantizar la igualdad" en los alimentos que sirvan a los alumnos, "salvo que por razones médicas deban ofrecerse alternativas".

Respecto a los funcionarios públicos, PP y Vox establecen la obligación de "mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que lo oculten sustancialmente", con excepciones únicamente por prescripción médico-sanitaria o por normativa de riesgos laborales. El incumplimiento de esta obligación se considera falta grave. Esta medida persigue prohibir el niqab y el burka empleados por parte de la población musulmana.

Asimismo, incluyen "como razón objetiva de denegación de acceso y permanencia" en establecimientos públicos a las personas que porten "prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro, impidiendo su identificación visual o reconocimiento facial".

La oposición ha reaccionado con dureza. Joan Baldoví, síndic de Compromís, denuncia que "una vez más vemos cómo el PP se arrodilla ante Vox y pactan medidas que van contra los consensos más básicos de la sociedad". "Los valencianos no somos un pueblo racista ni xenófobo. Somos un pueblo digno e integrador. Y sabemos que nuestro problema no está en nuestros vecinos que han nacido fuera, sino en los políticos de PP y Vox que enchufan a sus amigos y reparten las viviendas públicas entre sus militantes", manifestó en declaraciones remitidas a los medios. Baldoví anuncia que Compromís impulsará un recurso de inconstitucionalidad a la ley de acompañamiento "y a todos los recortes de derechos pactados por PP y Vox".

José Muñoz, síndic del PSPV, califica las enmiendas como "un nuevo paso en la deriva racista y xenófoba contra las personas migrantes en la Comunitat Valenciana". Según Muñoz, PP y Vox pretenden "extender la mal llamada 'prioridad nacional', el apartheid institucionalizado, al resto del ordenamiento jurídico de la Comunitat Valenciana y, en concreto, a las leyes de carácter social, convirtiendo el origen de una persona en un criterio para decidir quién tiene más derechos y quién tiene menos". "Esto se llama discriminación y crueldad institucionalizada", subraya en un comunicado.

Muñoz también critica que "la aberración llega al extremo de que, a través de las enmiendas, se encarga al Consell que haga un desarrollo reglamentario del principio de prioridad nacional, es decir, que elabore el Reglamento del Racismo institucionalizado en la Generalitat. Es repugnante", y advierte que "la debilidad de Pérez Llorca y sus continuas cesiones ante la ultraderecha están convirtiendo la Comunitat Valenciana en un laboratorio de la inhumanidad".

Estas medidas representan la profundización de la aplicación del principio de "prioridad nacional" en el marco normativo valenciano, tras su aprobación inicial en la ley de Presupuestos de la Generalitat el pasado miércoles, siendo la primera vez que este principio se introduce en un texto legal en España. Las enmiendas serán votadas en comisión el próximo lunes y en pleno el viernes, según el calendario legislativo de Les Corts.