Un caso judicial en Sevilla ha puesto al descubierto las prácticas irregulares que Acciona Infraestructuras utilizaba para conseguir contratos públicos, justo cuando la empresa vuelve a estar en el foco mediático tras el registro de dos de sus sedes el pasado viernes en relación con el caso Cerdán.

Según revela una sentencia judicial, Acciona operaba con un buzón de Gmail, fuera del sistema de correo corporativo, donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de su publicación oficial. Esta práctica otorgaba a la empresa una ventaja competitiva significativa a la hora de presentar sus ofertas.

La empresa ha admitido la existencia de este buzón, aunque asegura que fue cerrado tras una denuncia interna y que fue "el propio director quien mandó cerrarlo", según declaró un portavoz de la compañía a El País.

El caso salió a la luz cuando un cargo medio de la empresa denunció estas irregularidades a través del canal de Compliance (cumplimiento) de la compañía a finales de 2021. El responsable de este departamento era Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil que trabajaba en Acciona desde 2013.

A pesar del derecho a la confidencialidad que la ley reconoce a los denunciantes, Collado rastreó los correos corporativos hasta descubrir la identidad del informante. Quince días después de que el trabajador aceptara reunirse con Collado como instructor de la investigación interna, fue despedido.

La sentencia, que declaró nulo el despido y obligó a la readmisión del trabajador en mayo de 2024, revela que el buzón de Gmail no era la única vía por la que Acciona conseguía información privilegiada sobre los contratos. En un correo incorporado a la causa, Francisco Javier López Buciega, director de la empresa, indicaba a un subordinado que había que "eliminar cualquier alusión a comisión, cambiando por la obligación de contratar los servicios recogidos en su oferta".

Además, un audio complementaba ese correo revelando que Acciona había contratado "a la consultora que elaboró los pliegos para el ayuntamiento, para lograr adjudicaciones, como se hizo con el ayuntamiento de Alicante", según detalla la sentencia.

El juez destacó en su fallo que "es especialmente relevante que los hechos que fueron denunciados por [el trabajador] tenían todos una base objetiva". Los pantallazos de WhatsApp y correos electrónicos aportados no fueron impugnados en cuanto a su autenticidad, ni por la empresa ni por el directivo Buciega.

Al juicio por el despido estaba citado como testigo Justo Vicente Pelegrini, entonces CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África, pero no acudió. Pelegrini es el mismo directivo que aparece mencionado en una conversación grabada entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, en la que este último afirmaba que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, había ido al Ministerio "a colocar a dos hombres de Justo, de Acciona".

Cuatro días después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que incluía los audios de estas conversaciones, Acciona despidió a Pelegrini. Sin embargo, más de cuatro meses después, Pelegrini no ha sido llamado a declarar ni como testigo por el Tribunal Supremo, que investiga la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública tejida por Cerdán, Ábalos y Koldo.

A diferencia de Pelegrini, los responsables de las irregularidades destapadas en el caso de Sevilla siguen en la compañía. Ni Buciega, que continúa en su puesto, ni Collado, que hoy mantiene "responsabilidades de seguridad" en Acciona, han querido atender a los medios.

El portavoz de la compañía sostiene que Acciona considera que, por tratarse de un asunto laboral, las irregularidades constatadas en el proceso no han sido investigadas, porque internamente se considera que no existieron. "El trabajador fue readmitido en [2024] en cumplimiento de la sentencia", señaló. Aunque Acciona recurrió inicialmente el fallo, su portavoz anunció recientemente que iba a desistir, afirmando que "la sentencia ya es firme".

Este caso cobra especial relevancia en un momento en que los tribunales están cuestionando prácticas similares en otras áreas de la contratación pública. Según una investigación reciente, numerosos ayuntamientos y diputaciones provinciales llevan años delegando en empresas privadas buena parte de la inspección de impuestos y tasas locales, dejando al funcionario como mero firmante del expediente.

Algunos juzgados ya han empezado a tumbar este modelo por vulnerar garantías esenciales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una sentencia de abril del pasado año, llegó a hablar de la "voladura de los derechos y garantías de los contribuyentes" y de la "entera privatización del servicio".